martes, 31 de marzo de 2009

MERCADOS, SOCIEDAD CIVIL Y ESTADOS

sábado 27 de diciembre de 2008Opinión → Mercados, sociedad civil y estados

Miguel Concha

Hace años que el economista Franz Hinkelammert publicó en Costa Rica un brillante ensayo titulado Nuestro proyecto de nueva sociedad, con el significativo subtítulo “El papel del Estado y la función reguladora del mercado”, en el que después de desenmascarar, entre otras cosas, el presunto debilitamiento del Estado en favor del mercado, como su real refuncionalización en beneficio de la acumulación del capital monopólico y trasnacional en el sistema, propone un nuevo orden de la sociedad, integrado por la articulación de tres instancias fundamentales para garantizar la equidad y la estabilidad social: el mercado, la sociedad civil y el Estado.

Un Estado que, por el contrario, regula el mercado para que cumpla ventajosamente con su finalidad y responsabilidad de satisfacer las necesidades de todos, y una sociedad que reivindica frente al Estado sus derechos, en particular los que él llama derechos de la vida. Su crítica, llevada a cabo con perspectiva histórica, y teniendo en cuenta el análisis de los postulados y principios del capitalismo clásico y moderno, puso desde entonces en guardia sobre los perniciosos efectos del neoliberalismo y abrió la puerta a la investigación de nuevas alternativas posibles.

Con el propósito de implementar soluciones más eficaces al problema urgente del desarrollo, con sus planteamientos parece coincidir ahora el papa Benedicto XVI en su mensaje con ocasión del próximo primero del año, que también lleva como significativo subtítulo “Combatir la pobreza, construir la paz”. Al considerar, en efecto, al final de su texto la obligación ética de situar hoy a los pobres en el centro de la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo, en el contexto de la desproporción cultural, política, moral y espiritual existente entre los problemas de la pobreza y las medidas que se adoptan para afrontarlos, el Papa afirma que ello comporta “que se les dé un espacio adecuado para una ‘correcta lógica económica’ de los agentes del mercado internacional, una ‘correcta lógica política’ de los responsables institucionales y una ‘correcta lógica participativa’, capaz de valorar a la sociedad civil local e internacional”.

Que esto es así, aunque sea desde otros enfoques, parecen aclararlo las siguientes frases del Papa, en las que afirma: “La historia del desarrollo económico del siglo XX enseña cómo buenas políticas de desarrollo se han confiado a la responsabilidad de los hombres y a la creación de sinergias positivas entre mercados, sociedad civil y Estados. En particular –considera–, la sociedad civil asume un papel crucial en el proceso de desarrollo, ya que éste es esencialmente un fenómeno cultural, y la cultura nace y se desarrolla en el ámbito de la sociedad civil”.

Por aquellos años comenzaron también a aparecer muchos análisis que denunciaban en todos los tonos como distorsiones del sistema la sustitución del capitalismo productivo por la voracidad insaciable del capitalismo especulativo. Con ellos parece también coincidir ahora Benedicto XVI cuando en su mensaje se refiere a la crisis financiera que en la actualidad se padece, propiciada por la mundialización tecnológica y las políticas de liberalización de los flujos de dinero entre los diversos países. “La función objetivamente más importante de las finanzas –sentencia–, sostener a largo plazo la posibilidad de inversiones y, por tanto, el desarrollo, se manifiesta hoy muy frágil: se resiente de los efectos negativos de un sistema de intercambios financieros –en el plano nacional y global– basado en una lógica a muy corto plazo, que busca el incremento del valor de las actividades financieras y se concentra en la gestión técnica de las diversas formas de riesgo.
“La reciente crisis –precisa– demuestra también que la actividad financiera está guiada a veces por criterios meramente autorreferenciales, sin consideración del bien común a largo plazo. La reducción de los objetivos de los operadores financieros globales a un brevísimo plazo de tiempo –concluye– reduce la capacidad de las finanzas para desempeñar su función de puente entre el presente y el futuro, con vistas a sostener la creación de nuevas oportunidades de producción y de trabajo a largo plazo.”

En su mensaje, el Papa se refiere igualmente a la actual crisis alimentaria, y tiene razón cuando afirma que se caracteriza no tanto por la insuficiencia de alimentos, sino por las dificultades de acceder a ellos, por fenómenos especulativos y, por tanto, por la falta de un entramado de instituciones políticas y económicas capaces de afrontar las necesidades y las emergencias. También apunta a la ambivalencia presente en el actual comercio internacional, sobre todo en perjuicio de países de renta baja, cuyo crecimiento se ha visto resentido en las recientes décadas por la rápida disminución de los precios de las materias primas.

Según Benedicto XVI, la pobreza es causa y efecto de la violencia, y bajo cualquier forma es inadmisible si no es aceptada de manera voluntaria. Para combatirla, es preciso considerar atentamente lo que él llama el fenómeno complejo de la globalización, para lo cual es indispensable tener en cuenta metodológicamente el fruto de las investigaciones realizadas sobre tantos de sus aspectos por los economistas y sociólogos. Lo que no se puede es considerar a los pobres como un fardo, o como molestos e inoportunos, ávidos de consumir lo que no han producido.

VISITA A LOS PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO

Atención: Jefatura de información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

Lunes 16 de Marzo de 2009

Invitación
Visita de Samuel Ruiz, Raúl Vera, Miguel Concha yJosé Antonio Almazán a los presos políticos de Atenco en el Altiplano

En el marco de la Campaña Nacional e Internacional LIBERTAD y Justicia para ATENCO, Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristobal de las Casas, Chiapas, Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, el padre Miguel Concha Malo presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y José Antonio Almazán, diputado de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, acudirán al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México para visitar a los presos políticos de San Salvador Atenco IGNACIO DEL VALLE MEDINA, FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ Y HÉCTOR GALINDO GOCHICOA.
A su salida, los destacados defensores de derechos humanos y el legislador manifestarán su respaldo en la lucha por la liberación de los presos políticos, consignarán las condiciones carcelarias en las que se encuentran desde su injusto encarcelamiento en 2006, y se hará un emplazamiento a la Secretaría de Gobernación.

Lunes 16 de marzo de 2009
Se prevé la llegada de la comitiva de los obispos, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, integrantes del Comité LIBERTAD y Justicia para ATENCO y de personas que apoyan y suscriben la campaña a las 12:00 horas al Altiplano.

Mayores informes:Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)Teléfonos: 55 33 64 75 / 76 extensión 102
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh)Teléfonos: 55 46 65 59, 55 46 82 17, 55 35 68 92.

Convoca
Comité LIBERTAD y Justicia para ATENCO

Personas participantes:
Samuel Ruiz García Obispo emérito de la Diócesis San Cristóbal de las Casas, Ofelia Medina actriz, Manu Chao músico, Julieta Egurrola actriz, Carlos Montemayor escritor, Ana Francis Mor, actriz, Raúl Vera Obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, Francisco Toledo pintor, Diego Luna actor, Roco vocalista de la banda de rock Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, Adolfo Gilly académico, Luis Villoro filósofo, Bruno Bichir actor, Paco Ignacio Taibo II escritor, periodista, Daniel Giménez Cacho actor, Miguel Angel Granados Chapa periodista, Demián Bichir actor, Fray Miguel Concha Malo fraile dominico, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Luis Hernández Navarro periodista, Rubén Albarrán vocalista de la banda de rock Café Tacuba, Jorge Zarate actor, Los de Abajo banda de ska y rock.

Organismos participantes:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro JuárezCentro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)Comité CerezoComité Monseñor RomeroColectivo de abogados Zapatistas (CAZ)Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)La Voladora RadioMujeres Sin MiedoServicios Legales y Estudios JurídicosServicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

lunes, 30 de marzo de 2009

SANTA MUERTE INICIARÁ GUERRA CONTRA IGLESIA CATÓLICA

El arzobispo primado de la Iglesia de la Santa Muerte señala que el Domingo de Ramos se realizarán una serie de manifestaciones públicas para frenar las agresiones contra su culto

EFE El Universal Ciudad de México Lunes 30 de marzo de 2009 13:49



Después de Semana Santa, la congregación realizará una marcha que espera que sea multitudinaria y que culminará en un puente fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas (Foto: Archivo )


La Iglesia de la Santa Muerte, un culto religioso que dice tener 5 millones de fieles y sufrir una persecución en México, lanzará el próximo domingo una "guerra santa" contra las autoridades gubernamentales y la iglesia católica.
El arzobispo primado de esa colectividad, David Romo, afirmó hoy que la "guerra", que iniciará el próximo Domingo de Ramos, consistirá en una serie de manifestaciones públicas y marchas con imágenes de la "Santísima", la mujer de tez blanca, rasgos finos y larga cabellera que adoran los seguidores de la Santa Muerte.
El objetivo es que "el gobierno y las autoridades locales bajen el volumen y dejen de agredir y satanizar nuestra devoción", dijo Romo.El viernes pasado la Santa Muerte, a la que se ha vinculado con delincuentes y narcotraficantes, denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el derribo de 30 "altares" en la norteña ciudad de Nuevo Laredo.
Días antes también fueron destruidas en Tijuana cinco "capillas" dedicadas a Jesús Malverde, considerado el patrón de los narcotraficantes, y a la Santa Muerte.
La idea de Romo, cuya congregación lleva oficialmente el nombre de Iglesia Católica Tradicional Mex-USA, es celebrar el domingo un mitin con sus seguidores en el Zócalocapitalino, donde leerá un documento con sus exigencias.
Después de Semana Santa, la congregación realizará una marcha que espera que sea multitudinaria y que culminará en un puente fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El objetivo de la protesta es que "en Estados Unidos vuelvan los ojos a México y vean la violación de los derechos humanos que se esta cometiendo contra nosotros".
El culto a la Santa Muerte no está reconocido por el Vaticano ni por la Secretaría de Gobernación, organismo que le retiró el registro de asociación religiosa en 2005."
Somos gente tan común como cualquier otra, siempre nos han acusado de que hay narcotraficantes entre nosotros, pero todo son leyendas y comentarios dolosos que suelta la Iglesia católica romana para alejar a nuestros fieles", indicó Romo.
A juicio del líder religioso, la autora intelectual de los ataques contra los altares de la Santa Muerte es la Iglesia católica romana, cuya "devoción verdadera en el país ronda apenas el 40% y no el 80% de la población, como dicen"."
La consigna es todos contra la Santa Muerte porque sigue aumentando la devoción", apuntó.
Romo considera que la mayor parte de los delincuentes y narcotraficantes en México profesan la religión católica, por lo que siguiendo la misma lógica de los atacantes de los altares de la Santa Muerte "se deberían derrumbar las imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe".
A su vez, advirtió que si el gobierno mexicano no responde a las exigencias de la Iglesia de la Santa Muerte van "a radicalizar más y más las acciones" e incluso "analizar un levantamiento".
"Es el principio de la guerra", concluyó.

vsg
Seguidores de la Santa Muerte protestan por ataques de la "jerarquía católica"

El arzobispo y líder de ese culto, David Romo, anunció el inicio de una "guerra santa" que incluye demandas contra la Iglesia "por daño moral" y denuncias ante ante la CIDH.

Gabriel León Zaragoza Publicado: 05/04/2009 17:26, La Jornada

México, DF. En protesta por la destrucción de altares en el norte del país y por las medidas que aplican autoridades en contra de su culto, unos 200 simpatizantes y representantes de la Santa Muerte se inconformaron de forma pacífica en el Zócalo capitalino por esas acciones que -aseguraron- en su contra promueve la jerarquía católica.
Luego de una marcha, el arzobispo y líder de ese culto David Romo anunció el inicio de una “guerra santa”, que incluye “demandas millonarias” contra la Iglesia católica “por daño moral”, participar en política, denuncias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y movilizaciones en otras partes del país como Monterrey.
Asimismo, señaló que demandan del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del presidente Felipe Calderón una solución para impedir que vuelvan a ser blanco de ataques. "No somos criminales", recalcó.
Los fervientes partieron al mediodía de este domingo del santuario ubicado en la Colonia Morelos, algunos de ellos portando figuras de la Santa Muerte.

PRECISIONES DE BLANES Y CONCHA

www.jornada.unam.mx/2009/02/18/index.php?sectio...

La Jornada: El Correo Ilustrado
30 de marzo de 2009

Precisiones de la STPS

A partir de mazo de 2007, de acuerdo con las instrucciones del presidente Felipe Calderón, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) desplegó a diversos funcionarios públicos federales para la debida atención, representación y orientación legal a las familias de los trabajadores fallecidos en el accidente de trabajo en la mina carbonífera Pasta de Conchos.
Como resultado de la intervención de la STPS en el caso, se logró que las viudas hayan obtenido beneficios superiores a los que inclusive por ley correspondería, ya que en promedio se han entregado a cada beneficiario un millón 100 mil pesos, motivo por el cual en diversas ocasiones ellas mismas han manifestado su total agradecimiento y apoyo a la labor de esta secretaría, la última de las cuales fue a inicios de este mes.
Lamentamos mucho que el sacerdote Miguel Concha, bajo una franca intención proselitista y propagandista, sin fundamento y sustento, pretenda desconocer los esfuerzos y la constante labor institucional de la dependencia. Sus declaraciones resultan fuera de realidad y tendentes a violar el estado de derecho. Menos aún podemos estar de acuerdo en una propuesta violatoria a nuestras atribuciones en el sentido de erogar recursos no autorizados en el presupuesto, para canalizarlos a objetivos diferentes a los que estamos facultados.
Sería mucho más positivo que Miguel Concha se hiciera presente en la comunidad donde habitan los familiares de los trabajadores fallecidos, para recabar, de primera mano, el sentir generalizado de los mismos, en lugar de apalancarse en la opinión de unos cuantos inconformes que le dan la oportunidad de ejercer su protagónica gestión.

Joaquín Blanes Casas, procurador de la Defensa del Trabajo

Respuesta del articulista
En su carta el licenciado Joaquín Blanes Casas, procurador de la Defensa del Trabajo, no desmiente mi afirmación, hecha con documentos a la vista en mi colaboración del pasado sábado, “Triunfo moral sin justicia”, de que las pensiones de las viudas de Pasta de Conchos están calculadas sobre un promedio de 113 pesos, y no de 300, como hace un año se anunció, siguiendo, se dijo, instrucciones de la Presidencia. Esto porque la STPS perdió en todas las instancias judiciales los recursos que interpuso para nulificar los amparos que en contra de ese laudo se le concedieron a la empresa Industrial Minera México. Dejo a la organización Familia Pasta de Conchos volver a precisar las fechas entre ambas contradicciones, y verificar el dicho de que en promedio ya se han entregado a cada beneficiario un millón 100 mil pesos como resultado de la intervención de la STPS. Por lo demás, pienso que existen en el país vías legales para que el Estado compense a cabalidad la diferencia a las viudas, cumpliendo así con sus obligaciones en materia de reparación del daño, como un principio elemental de derechos humanos.
Quienes conocen mi trayectoria podrán juzgar sobre las consideraciones que se hacen sobre mi conducta y las intenciones que se me atribuyen. Por mi parte las rechazo con la conciencia tranquila, porque en mi texto no ofendí personalmente a nadie ni aseguré nada que estuviera en contra de la verdad. Simplemente hice uso de mi derecho a la libertad de expresión. Confío en que tales apreciaciones no vayan a ser usadas por cualquiera como pretexto para atentar contra mi seguridad y mi integridad física.

Fray Miguel Concha Malo, OP, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP AC

LO ÚNICO QUE QUEREMOS SON LOS RESTOS DE NUESTROS MINEROS

miércoles 20 de febrero de 2008Política → “Lo único que queremos son los restos de nuestros mineros”

Las viudas de los fallecidos piden audiencia a Calderón

Patricia Muñoz, José Antonio Román y Leopoldo Ramos (Reporteros y corresponsal)

“Lo único que queremos son los cuerpos de nuestros mineros muertos. ¿Es tan difícil que entiendan eso la Secretaría del Trabajo y Grupo México?”, preguntó ayer una de las viudas de los mineros caídos en Pasta de Conchos, quienes a dos años de la tragedia recordaron a sus difuntos con una misa en la que el obispo Raúl Vera dijo que para los deudos sólo ha habido “maltrato e injusticia”. El grupo marchó al Zócalo, donde los manifestantes exigieron “audiencia urgente” con el presidente Felipe Calderón.
Ahí, en la plaza central, los especialistas en minas José Luis Fernández Zayas y Raúl Olmos Meléndez, se comprometieron ante los deudos: “Si el presidente Calderón lo autoriza, nosotros rescatamos los cuerpos”. Sólo pidieron que se les faciliten las condiciones para ello y dijeron que están apoyados por más de 300 firmas de profesionales en ciencias de la tierra y estudiantes.
Por su parte, en el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana también se realizó una ceremonia para recordar a los 65 fallecidos, en la cual Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del gremio, sostuvo en un mensaje que “el rescate de los cuerpos es posible si la empresa perfora un tiro inclinado”.
Denunció, además, que la represión contra el sindicato no cesa, ya que incluso en la madrugada del 19 de febrero Grupo México “metió a más de 700 esquiroles a Cananea para intimidar a los huelguistas”.
La misa que se celebró en la ciudad de México estuvo oficiada por el obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, quien denunció que el trato que reciben los deudos es un “terrible signo de injusticia”.
Sostuvo que la persistente negativa de rescatar los restos de los 65 mineros muertos se debe a que ello pondría en evidencia las mentiras de la empresa sobre las condiciones de seguridad en que laboraban los trabajadores, tras lo cual manifestó que la patronal es responsable directa de las muertes.
En la ceremonia religiosa, que tuvo lugar frente a las instalaciones del consorcio minero, en la colonia Polanco, el prelado estuvo acompañado por el obispo emérito Samuel Ruiz y el sacerdote dominico y defensor de los derechos humanos Miguel Concha.
Ante un centenar de personas, entre familiares de los mineros muertos y representantes de organizaciones solidarias, el obispo Vera subrayó que en el caso de Pasta de Conchos priva la injusticia y es también un “hecho emblemático” de “cómo se manejan las cosas en México”.
También se dio a conocer una carta enviada por el cardenal Renato Martini, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, en la que expresa su solidaridad con los deudos de los mineros.
Señala que la tragedia debe servir “para hacernos pensar sobre las condiciones que enfrentan los trabajadores. El obrero no debe ser rebajado a un instrumento de producción, pues es un ser humano”, y se solidarizó con la “tristeza y el dolor” de los deudos, al no poder todavía dar “cristiana sepultura” a sus familiares.
A su vez, el obispo Samuel Ruiz planteó que el ser humano “vive en un sistema de aplastamiento y de despojo en el que sólo parecen importar la ganancia y el dinero, no el hombre en sí mismo”.
El padre Miguel Concha, por su parte, tuvo a su cargo el discurso central en el Zócalo, donde leyó una carta firmada por 300 organizaciones sociales y civiles que demandaron al presidente Felipe Calderón que, de manera urgente, conceda una audiencia a las viudas para que las oiga y ordene que continúen los trabajos de rescate.
Dijo que los familiares de los mineros muertos no están solos y que hay indignación por la mediocre respuesta que les han dado las autoridades.
El mitin lo cerró el cantautor Gabino Palomares con una copla que reza: “Sólo le pido a Dios que la muerte no me sea indiferente….”.
En Saltillo, Coahuila, trabajadores mineros y familiares de las víctimas realizaron una caravana vehicular por diferentes municipios, la cual concluyó en las inmediaciones de Pasta de Conchos. A la media noche participaron en una misa que se realizó a las afueras de la cantera, oficiada por el sacerdote Juan Andrés Dávila.
En el acto que se llevó a cabo en el sindicato minero se guardó un minuto de silencio y hubo otro de aplausos en honor de los muertos.
Gómez Urrutia recordó la “mezquindad” del dueño de Grupo México, Germán Larrea, y dijo que “quizás no sabe que cuando se muera sólo se va a poder llevar cuando mucho un traje puesto”, mientras “aquí quiere dar indemnizaciones de miseria” a los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos.
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TRIUNFO MORAL SIN JUSTICIA

sábado 14 de febrero de 2009Política → Triunfo moral sin justicia

Miguel Concha

Luego de haber trabajado durante mil 95 días, no para obtener un triunfo moral, que sin duda lo tiene, sino para que se haga justicia a los más de 615 familiares directos de los mineros sacrificados el 19 de febrero de 2006 y a sus defensores, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) llega el jueves al tercer aniversario de la explosión en la mina ocho, unidad Pasta de Conchos.

Lamentablemente ello no sucedió. Ni el sufrimiento de las familias, ni su esfuerzo, ni la historia de muerte en la región carbonífera de nuestro país, ni la razón técnica y jurídica fueron suficientes para que el Estado asumiera su obligación de tutelar y defender los derechos humanos de las víctimas, llegando al absurdo de no considerar a las viudas, a los padres y madres, a los hijos e hijas, ni a los sobrevivientes ni a los muertos como víctimas. Nadie tiene derecho a reclamar justicia porque “no tienen interés jurídico”. Vamos, ni siquiera legalmente “interés legítimo”. No son víctimas. Y el no reconocimiento de este hecho fundamental ha dejado a las familias en un estado de total indefensión ante la brutalidad de la empresa Industrial Minera México, y frente a las autoridades federales y estatales que han creado un cerco de impunidad en favor de ella.

El 18 de febrero del año pasado el secretario del Trabajo, Javier Lozano, anunció con bombo y platillo que, siguiendo instrucciones de la Presidencia, las pensiones que recibirían las familias sería con base en un salario de 300 pesos diarios. Como lo hizo saber la OFPC, esto no era así, porque la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) había sido ya notificada que la empresa se había amparado frente a esos laudos. Es más, en la comparecencia ante la Cámara de Diputados, y “bajo protesta de decir verdad”, el mismo secretario reconocía que la minera se había amparado, pero que la STPS había promovido todos los recursos legales para evitar ese “absurdo”. Una vez más no fue cierto, pues la compañía ya había ganado los amparos y las pensiones serán calculadas sobre un promedio de 113 pesos.

Tres años de “extraordinario litigio”, para que al final una mujer con un hijo viva con 62.88 pesos diarios y otra, con tres hijos, con 86.77. Y ello porque posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó también como inconsistente un recurso presentado por la STPS para que dicho amparo fuera derogado. Por lo que, como dice la OFPC, es necesario ahora que el mismo Estado que rescata bancos, carreteras y tiendas sea el que disponga de los fondos para compensar la diferencia que él, no las familias, perdieron ante la empresa. Pero que lo haga sobre los salarios reales, ya que los 300 pesos de los que se ufanó el titular del Trabajo ni siquiera están en el nivel de cotización que recibió el Seguro Social durante un año, estando ya los trabajadores muertos. Es decir, los muertos pueden cotizar durante más de un año con el triple de su salario en el Seguro Social, como se hizo con los mineros de Pasta de Conchos, pero el mismo instituto se niega a reconocer ese salario como base para las pensiones, ¡“porque ya estaban muertos”! Pueden cotizar muertos, pero sus familias no pueden reclamar justicia.

El 19 de diciembre pasado la CNDH emitió la recomendación 64/2008 contra la Procuraduría General de la República (PGR), pues la dependencia no investigó y nunca mostró voluntad de hacerlo, faltando al debido proceso y haciendo imposible deslindar responsables y aplicar sanciones. Como era de esperarse, con excusas inaceptables la PGR la rechazó. Sin embargo, llama la atención que la recomendación no se haya referido a las agresiones e intimidaciones que vienen padeciendo la licenciada Cristina Auerbach y el licenciado Manuel Fuentes, defensores de las familias, ni al rescate de los 63 cadáveres que siguen insepultos, pues la única razón por la que éstas han mantenido una lucha tan desventajosa es porque se niegan a aceptar que el destino final de los restos de sus familiares sea precisamente la mina de Pasta de Conchos.

La intervención del diputado José Antonio Almazán en la mencionada comparecencia obligó al secretario del Trabajo a abrir el diálogo roto desde octubre de 2007 con la OFPC. En la primera reunión se acordaron dos mesas de trabajo: una jurídica y otra técnica. Para darle una salida legal al derecho que las familias tienen de que se reinicie el rescate, a la primera fueron convocados los abogados de la OFPC, la STPS, la Secretaría de Economía y los de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, esta mesa se ahogó ante la afirmación legalista de las autoridades de que “ninguna, ni juntas, tienen facultades para ordenar el rescate”.

No obstante, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el análisis jurídico de las opciones legales con que cuenta el Estado para cumplir con sus obligaciones respecto del rescate de los cuerpos de los mineros debe hacerse desde el principio in dubio pro homine, en vez del mero formalismo jurídico propio del derecho administrativo. Y en todo caso es pertinente recordar que la falta de legislación o reglamentación interna no es argumento aceptable para incumplir con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Todo esto hace pensar que tanto la empresa como el gobierno han estado impidiendo el ingreso a la mina para rescatar los cadáveres porque quieren evitar que se obtengan pruebas contundentes de las causas reales del siniestro, a pesar de que es un derecho de los seres humanos enterrar a sus muertos según sus creencias.

IGLESIA CATÓLICA Y DERECHOS HUMANOS

sábado 20 de diciembre de 2008Opinión → Iglesia católica y derechos humanos

Miguel Concha, La Jornada
Con ocasión del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social dio a conocer el pasado miércoles un mensaje, con el propósito de realizar un examen sobre los principales desafíos que sobre la situación de los derechos humanos se tienen hoy en México, y para reconocer las múltiples tareas pendientes en adelante.
De manera oportuna, alude igualmente al décimo aniversario de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. El documento, dirigido también a todas las personas de buena voluntad, se enmarca en la terminación de un año civil, que ha dejado en el país como principales saldos negativos la carestía de los alimentos, la crisis económica y financiera, la crisis de seguridad pública y la violencia incontrolada, así como en el comienzo de un nuevo año, cuando la Iglesia católica augura bendiciones de paz para toda la humanidad. De manera particular el mensaje se ubica en la celebración de la Navidad, en la que los cristianos encuentran el principal motivo para comprometerse en la defensa de la dignidad humana, así como en la celebración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, a quien también se reconoce como defensora y promotora de la dignidad de todas y todos los mexicanos, sobre todo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y las comunidades indígenas. Por eso se titula significativamente El anhelo de la paz, la vida digna y los derechos humanos. Se trata de un mensaje cristiano –pero claro, imparcial, objetivo y valiente, destinado a animar el compromiso de la Iglesia con las garantías individuales, a fortalecer a las organizaciones civiles que ya existen en el país y a promover otras– que seguramente será bien recibido por la comunidad de derechos humanos, y de cuya riqueza es muy difícil hablar en pocas líneas.
Una lectura fiel de la vida y enseñanzas de Jesucristo en el Nuevo Testamento, los discursos de Juan Pablo II y Benedicto XVI a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y 2008, respectivamente, así como varias de sus encíclicas sobre la cuestión social y algunos de sus mensajes al comienzo de los años pasados para la Jornada Mundial de la Paz (1998, 2003 y 2007), son algunas de sus principales fuentes. A ellas habría que añadir de manera señalada el Discurso al Congreso Mundial sobre la Pastoral de los Derechos Humanos de Juan Pablo II, el 4 de julio de 1998; las enseñanzas oficiales del magisterio católico en materia social, recogidas el año 2004 en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, y el Documento Conclusivo de la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada el año pasado en Aparecida, Brasil.
En su mensaje los nueve obispos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social ratifican que la defensa de la dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables es parte sustancial de la misión de la Iglesia, y que ante situaciones de injusticia como las que viven millones de hombres y mujeres de nuestra patria, todos los obispos, como defensores y padres de los pobres, han de ser mensajeros de esperanza y preocuparse por la justicia y los derechos humanos.
Reconociendo congruentemente que el compromiso por promover la dignidad y los derechos de las personas implica también para la Iglesia la exigencia de respetar en su vida interna las exigencias de la justicia, el mensaje afirma que los obispos quieren asumir la defensa de los débiles y hacerse voz “de quienes, teniéndola, no pueden hacerla oír, porque han sido colocados por su pobreza al margen de la historia”.
Para ello ofrecen fortalecer en sus comunidades una pastoral social que, “con la asistencia y la promoción humana, se haga presente en las nuevas realidades de exclusión y marginación que viven los grupos más vulnerables, donde la vida está amenazada. La pastoral social –afirman–, acción evangelizadora de la Iglesia, tiene como eje transversal la promoción de los derechos humanos”. De particular importancia por ello es su reiterado reconocimiento y aprecio al esfuerzo que la sociedad civil ha venido realizando en la defensa y la promoción de éstos, así como su estímulo para que no desfallezca en el “empeño para que el Estado mexicano cumpla a escala nacional con las obligaciones contraídas con la comunidad internacional en esta materia”, reprobando al mismo tiempo “los ataques y las agresiones contra promotores y defensores de derechos humanos”.
Con justicia afirman que en México los organismos de la sociedad civil, entre los que se reconoce a algunos que han tenido su origen en grupos eclesiales que se inspiran en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, han tenido una tarea relevante en la promoción y protección de los derechos humanos, y salen al paso contra las injustas agresiones, acusaciones e incomprensiones que algunas veces han tenido que sufrir, entre otras cosas por la confusión que en muchas personas existe entre lo que es defender la dignidad humana de cualquiera e impedir que se haga justicia por la comisión de algún delito.
De manera fundamentada, el documento se pronuncia de forma contundente sobre la ineficacia del agravamiento de penas para combatir el crimen, y de manera elocuente más bien habla de la necesidad de combatir la impunidad, la corrupción y la inseguridad social que padece la mayor parte de la población y las claras deficiencias de todo el sistema de seguridad pública y justicia para enfrentarlo.

viernes, 6 de marzo de 2009

Esclavas de la desigualdad

Esclavas de la desigualdad
La reforma legal es sólo uno de los aspectos necesarios para dar a las trabajadoras del hogar —casi 97% mujeres— condiciones mínimas de seguridad y dignidad

Ricardo Bucio Mújica *
El Universal
México, DF Viernes 06 de marzo de 2009

En 1999, la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exhortó a su homóloga en la Cámara de Diputados para que buscara el mejoramiento de las condiciones de vida y laborales de las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado a través de una reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues dicha ley es omisa e incompleta en ese sentido, pese al sentido originario del artículo 123 constitucional.

Dicho exhorto expresaba la exigencia de legislar a favor del salario digno y justo, de la jornada laboral de ocho horas, de la seguridad social, de la jubilación, de las vacaciones, de los días de descanso obligatorio, del pago de aguinaldo, del respeto a los días feriados por la ley, del contrato escrito de trabajo, del pago de indemnización y contra la discriminación hacia las y los trabajadores del hogar. De legislar por lo mismo que, desde hace muchos años, ya son derechos reconocidos para las demás profesiones u oficios.

Imagina que la discriminación te es natural: la sufres en la calle, en los comercios y quizá en tu empleo y en tu familia. Imagina que te discriminan por tu nivel social, por tu apariencia, por ser mujer y por tu oficio, que califican con nombres despectivos, estereotipados por los medios de comunicación. Sufres una discriminación de baja intensidad pero de alto impacto, pues se te dificulta enormemente ejercer tus derechos como las demás personas. Eres invisible, se te invisibiliza. Se te excluye del desarrollo.

Tres años más tarde, fue presentada en el recinto de San Lázaro una iniciativa para reformar los artículos 340, 341 y 343 de la Ley Federal del Trabajo, además de adicionar el artículo 341 bis. En 2003 se presentó otra iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a fin de introducir de forma transversal la perspectiva de género en la legislación laboral.

En 2008 se presentó de nuevo otra iniciativa por parte de la diputada Rosario Ortiz Magallón. La actual Legislatura —próxima a terminar— es la cuarta que revisa el tema y elabora dichas iniciativas, y la reforma sigue sin salir. Además, el Senado de la República no ha ratificado el Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denominado “Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras”. La situación de las trabajadoras del hogar, su presente, su futuro, no es tema de interés para sus representantes populares.

Imagina que compartes tu oficio con más de un millón 800 mil personas en México, y que no tienen ni un solo sindicato. Que a pesar de la situación laboral de tantas personas, ustedes no son motivo ni siquiera de promesas electorales, ni “nota” para los medios de comunicación.

Imagina que socialmente es invisible la explotación, que la sostiene la ausencia de leyes y de políticas y una cultura de la época colonial que se sigue viviendo dentro de cada hogar. Que las personas que tienen poder —político, económico, cultural, religioso— son todas empleadoras y comparten mayoritariamente la misma lógica. Imagina que sin tu trabajo no podrían hacer lo que hacen ni tendrían lo que tienen… y que, sin embargo, tú vives y vivirás en el sector de los sin poder.

La reforma legal es sólo uno de los aspectos necesarios para dar a las trabajadoras del hogar —casi 97% mujeres— condiciones mínimas de seguridad y dignidad. Nadie quiere para sí mismo un empleo en el que la posibilidad de bienestar esté basada sólo en la buena voluntad y en las posibilidades de quien emplea, sino en mecanismos legales que establezcan reglas claras del juego y no dejen en indefensión a ninguna de las partes. Reglas legales que, como en todos los demás empleos, definan prestaciones mínimas y permitan acceder a los “básicos” de la seguridad social.

Hoy día, 66 años después de la creación del IMSS —que, a decir de su primer director general, nació para eliminar el “injusto privilegio de bienestar brindando igualdad de oportunidades de defensa biológica y económica a las mayorías necesitadas”—, no existe una categoría que permita que cualquier persona que emplea a una trabajadora del hogar la inscriba en igualdad de condiciones que los demás beneficiarios de ese instituto. Hoy es posible una inscripción “voluntaria”, en un régimen especial más caro para quien emplea e incompleto para la trabajadora del hogar, quien no tendrá derecho a jubilación, a pensión, a Infonavit, SAR, etcétera.

Imagina que en tu empleo no existe escalafón ni forma de ascender, que no acumulas derechos laborales y no tienes siquiera las ventajas de un contrato colectivo. Que en tu oficio el respeto, y a veces el cariño, son vistos por quien te emplea como las mejores prestaciones, en sustitución de las legales. Que tienes 95% de probabilidades de no tener contrato y 81% de no tener prestaciones ni seguridad social, y si la tienes es incompleta. Que en promedio trabajas casi 50 horas por semana y descansas un día. Que en tu oficio 86.7% de quienes lo ejercen en México recibe menos de dos salarios mínimos —o no recibe pago—. Incluso imagina que eres del 13.3% que gana tres salarios mínimos o más, y calcula si te es suficiente.

Es necesario reivindicar la dignidad del trabajo doméstico, sea o no remunerado. Por un lado, las tareas que se realizan dentro del hogar son indispensables para el funcionamiento social: es imposible vivir sin quién prepare alimentos, lave la ropa, atienda a los enfermos en casa, compre los alimentos y enseres, tire la basura, limpie los espacios, cuide a los niños, etcétera. En el hogar y en las actividades necesarias para mantenerlo se reúnen las necesidades más básicas y el patrimonio más valioso y más cercano a las personas y las familias: las y los hijos, los bienes, los documentos, la intimidad, el afecto. Por otro lado, en el trabajo doméstico se resume y expresa de muchas formas la inequidad de género.

Datos del Instituto Nacional de las Mujeres refieren que en un hogar promedio en el que viven cinco personas, al año una mujer sirve 4 mil 475 comidas, limpia 16 mil 425 platos, lava y plancha 10 mil prendas de ropa, desecha 730 bolsas de basura, trapea 21 mil 900 metros cuadrados. De las horas a la semana dedicadas a los quehaceres domésticos y al cuidado de los niños, 87.8% lo realizan las mujeres y sólo 12.2% los hombres, aunque evidentemente no corresponde a los porcentajes de hombres y mujeres que tienen empleo fuera de casa.

Imagina que trabajas casi siempre sola, que 67% de las mujeres en tu oficio no tiene pareja, pues las características mismas del trabajo dificultan relaciones sociales en igualdad de condiciones con casi todas las personas. Que en muchos casos no puedes ver a tu familia al fin de la jornada. Que aunque en tu oficio son casi todas mujeres, los hombres que lo ejercen ganan en promedio casi 25% más. Y al mismo tiempo imagina que la mayoría de quienes te emplean —y muchas de quienes deben legislar y hacer las políticas públicas— son también mujeres que reproducen estereotipos de explotación machistas que se hacen parte de la familia que te emplea. Que tienes una concatenación de desventajas por ser mujer, sola, mayoritariamente de origen indígena en una cultura ajena, con niveles educativos muy por debajo del promedio de por sí bajo, con niveles de analfabetismo de 15%. Imagina que tus condiciones hacen casi imposible que llegues a la universidad y que tengas posibilidades de un trabajo sustantivamente mejor, con menos inequidad de género. Estadísticamente casi imposible.

Es indispensable visibilizar la importancia del trabajo doméstico, su valor social, y lo que puede aportar a la democracia. ¿A la democracia? En el hogar se crean y recrean como valores y como principios de relación social el respeto, la tolerancia, la equidad, la igualdad, la justicia, los derechos humanos, y ello ocurre no a través de actividades formales de educación o comunicación como en la escuela o en la calle, sino a través de las diarias actividades que se realizan dentro de casa, de las actitudes, de las formas de ver a los demás, de la manera en que se comparte y respeta el trabajo doméstico.

Hay una relación directamente proporcional en sociedades en que el trabajo doméstico es valorado socialmente y reconocido legalmente en sus condiciones laborales —en países nórdicos, en Norteamérica o en Europa— y la solidez de sus regímenes democráticos. Por el contrario, en países donde la inequidad de género y las violaciones a derechos humanos tienen expresiones de gravedad extrema, el nivel de totalitarismo es creciente y se fortalece. La democracia de este país y sus grandes problemas y debilidades son un reflejo de lo que pasa dentro de sus hogares. También la democracia se construye ahí, como pasa con la violencia y la discriminación acentuada en niños y niñas, jóvenes y personas adultas mayores. Siempre acentuada en las mujeres.

Imagina que nunca serás sujeto de un crédito hipotecario o automotriz. Imagina que trabajas 30 años o muchos más —pues en tu oficio el promedio de edad está entre los 12 y los 29 años— y nunca podrás tener liquidación ni jubilación ni ahorro para el retiro. Imagina que todo eso es visto y asumido socialmente como normal en un régimen democrático en pleno siglo XXI.

La agenda pendiente es muy amplia: el primer paso es voluntad y acción política para hacer los cambios legislativos de manera que el espíritu de la Constitución del 17 exprese la legislación vigente. Se requiere un amplio debate centrado en la igualdad de condiciones para que todas las personas puedan ejercer los mismos derechos y, a su vez, las trabajadoras los exijan. Colocar el tema en los hogares, que los empleadores y empleadoras asuman la importancia que tiene el trabajo doméstico y el valor real que éste tiene y buscar conjuntamente formulas de ganar-ganar.

Desde los gobiernos, visibilizar y promover la valorización del trabajo doméstico y diseñar políticas sociales y acciones afirmativas para este sector laboral históricamente vulnerabilizado.

Los medios de comunicación deben coadyuvar a mostrar una realidad que exige transformarse, y centrar la atención en lo desigual de las desigualdades que viven las trabajadoras del hogar.


* Secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal