miércoles, 9 de diciembre de 2020

MÉXICO 2030: la venta de un país por Felipe Calderón

 

la venta de un país por Felipe Calderón



Catorce documentos –que forman parte del expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión– revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación.

Energía, agua, zonas de reserva de la biósfera, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada; además, se legalizará el lobbyng para que las empresas nacionales y extranjeras hagan prevalecer sus intereses en el Congreso de la Unión. El proyecto de nación de Calderón Hinojosa (en el que destacan la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la desaparición de la Secretaría de Energía y la creación de una secretaría o instituto de infraestructura) fue ideado antes del 1 de diciembre de 2006 por altos ejecutivos de trasnacionales, empresarios, políticos del PRI y del PAN y académicos afines. Con este trabajo, Contralínea inicia la publicación de una serie de reportajes que abordan de manera detallada los principales objetivos del plan transexenal: abolir la propiedad pública y legalizar el despojo

/ Primera parte

Otros textos de la serie:

  1. Proyecto México 2030: la venta de un país
  2. Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo
  3. Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales
  4. Plan México 2030: desmantelar la seguridad social
  5. Proyecto 2030: venta total de las reservas de la biósfera
  6. Plan 2030: “mexicoamericanos” gobernarán la nación
  7. Plan 2030: ocupación integral de México

Antes de asumir la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa pactó la apertura total del país a los intereses empresariales, nacionales y extranjeros. Su plan privatizador fue nombrado México 2030, Proyecto de Gran Visión.

Catorce documentos de trabajo que forman parte de ese plan –hechos públicos por la Presidencia– revelan las estrategias para abolir la propiedad pública, identificada en el Proyecto como “monopolios públicos”. También, para legalizar el despojo de tierras, costas y recursos naturales en contra de campesinos, ejidatarios, pescadores e indígenas.

Los documentos suman 831 páginas y contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por el presidente electo, entre julio y noviembre de 2006, y auspiciados por el Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo Federal.

El Proyecto de Gran Visión se divide en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el primero estaría exento de privatizaciones.

[bctt tweet=”País en venta, #ProyectoMéxico2030″ username=”contralinea”]

Bienes de la nación en riesgo

De acuerdo con el plan transexenal impulsado por Calderón Hinojosa, la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biósfera y las playas encabezan la lista de áreas que, “prioritariamente”, obtendrán “inversión privada”.

Ésos no son los únicos beneficios para el sector empresarial, nacional y trasnacional, en este sexenio: proyectos de prestación de servicios a largo plazo, conocidos como PPS, en materia de salud, infraestructura carretera y educación les garantizan desde fines de 2006 contratos multianuales. Como lo ha documentado Contralínea (número 122, “Ssa: contratos millonarios a empresarios panistas”), la vigencia de ésos alcanza hasta 2025 y 2030.

Además, la iniciativa privada y el gobierno de Calderón Hinojosa pactaron que el 70 por ciento de la investigación en ciencia y tecnología se produzca por el sector privado; a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales, se desprende de los 14 informes inicialmente clasificados por la Presidencia como confidenciales.

El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, Carlos Antonio Aguirre Rojas, explica que la política de Calderón es fundamentalmente una continuidad del neoliberalismo que México ha estado padeciendo desde 1982, cuando gobernaba Miguel de la Madrid.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM advierte que el problema con los gobiernos panistas, tanto de Vicente Fox como del actual, es la política económica antinacionalista que aplican: “entreguista totalmente”.

Para Aguirre Rojas, “la política de privatizar lo poco que le queda al Estado es una especie de agudización extrema de esas políticas neoliberales. Ellos no se dan cuenta, pero se están arriesgando a que en muy poco (tiempo) se dé en México una situación como la que vivió Argentina en 2001; y lo digo porque una de las fuentes fundamentales de la reproducción económica del Estado es el petróleo”.

Agrega que el presupuesto de México se mantiene en un 50 por ciento de los ingresos petroleros. Sin esos recursos, “el Estado mexicano va a quebrar como quebró el Estado argentino en 2001. Y vamos a vivir una situación de hiperinflación incontrolable, de devaluación brutal: no de 20 o 30 por ciento, como ya la vivimos ahora, sino de 200 o 300 por ciento. La economía mexicana se va a desestructurar como se desestructuró la economía argentina. Estoy preocupado porque vamos caminando hacia eso con esta política privatizadora de Felipe Calderón”.

Energía y agua, objetivos reiterados

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Los 14 documentos consultados por Contralínea indican que las “reformas estructurales” impulsadas por el gobierno calderonista desde fines de 2006 facilitarán las “inversiones público privadas” en todos los sectores, pero, con mayor énfasis, en el energético (hidrocarburos, electricidad) y en el hidráulico.

Descubren que, para ello, entre otras acciones será necesario eliminar la Secretaría de Energía, “integrar” Luz y Fuerza del Centro a la Comisión Federal de Electricidad –fusión impuesta el 11 de octubre de 2009 por medio del decreto presidencial que extinguió a la primera compañía–, permitir que Petróleos Mexicanos cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”, y crear la secretaría o el instituto de infraestructura.

Aguirre Rojas explica que los proyectos de privatización han sido parcialmente exitosos, porque entregan los bienes de la nación “de una manera secreta, encubierta”. Pone como ejemplo la venta de la fibra óptica, “para lo cual fue necesario dar este golpe artero al Sindicato Mexicano de Electricistas”.

En el ámbito del agua, los documentos del plan de “Gran Visión” indican que se debe “invertir inicialmente en proyectos ejecutivos del sector hidráulico, después en saneamiento de cuencas”. En este último rubro, la “meta” es que “el 75 por ciento de las cuencas hidráulicas del país estén limpias; ser líderes en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos” asociados.

En el eje de economía, el proyecto reitera que el sector privado debe participar en la infraestructura hidráulica para “reducir” las brechas de acceso al servicio de agua potable.

Los informes también detallan una mayor incidencia de la iniciativa privada incluso en las áreas de reserva de la biósfera, por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.

El economista e historiador Aguirre Rojas advierte que, bajo el falso manto del ecoturismo y de la recuperación de los recursos naturales, el gobierno está despojando a las comunidades indígenas de los recursos que les pertenecen y que han cuidado durante siglos.

Por ello, recuerda, fueron violados los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, “porque la concepción de los compañeros indígenas neozapatistas era: ‘Si somos autónomos, tenemos capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos’; pero ahí el Estado iba a perder justamente la capacidad de privatizar todos los bosques del sureste de Chiapas, todos los recursos de uranio, minerales, la inmensa cantidad de agua que hay ahí y que genera la tercera parte de la energía eléctrica de este país”.

Los propios documentos de la Presidencia de la República revelan un interés especial en el “desarrollo del sur-sureste para reducir la desigualdad con el centro-norte”. Los planes de intervención no sólo se limitan a Chiapas, donde se ubica el Ejército Zapatista de Liberación Nacional; también abarcan Oaxaca (Ejército Popular Revolucionario) y Guerrero (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).

Y aunque el Proyecto México 2030 asegura que se respetarán a los legítimos propietarios de las tierras y los recursos naturales, también revela que se creará una normatividad que permita el despojo: “Una ley que impida que los expropiados o antiguos propietarios de la tierra puedan oponerse o bloquear el proyecto. Esta ley debe normar que estas personas podrán exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.

Quizá te interese ver la serie completa de reportajes de la Agenda Nacional de Riesgos

Previsible, más pobreza

De 1982 a la fecha se han privatizado, extinto, desincorporado y enajenado 585 entidades, 431 empresas públicas y 18 instituciones bancarias, indican datos otorgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Contralínea, mediante la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Al referirse a la experiencia de las privatizaciones en México, Ana Luisa Nerio Monroy, maestra en relaciones internacionales por la UNAM y coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, dice que el sistema capitalista viola todos los derechos sociales.

“La política neoliberal –señala– tiene muchos años de haber probado que no beneficia a la población general; hay escasos beneficiarios: pequeñas elites que se enriquecen. Por eso genera descontento social.”

Para la activista, en México no hay una visión de Estado. “Calderón no es un estadista político; si lo fuera, estaría viendo por las generaciones futuras, por lo que va a ocurrir en años subsiguientes a su gobierno. Las estrategias que aplica son inadecuadas: está priorizando la seguridad represiva y las privatizaciones, no el tema de los derechos humanos, de los derechos sociales ni de la vida digna de los mexicanos. Y es claro que con esas estrategias sólo está generando descontento social”.

El doctor Aguirre Rojas coincide: “Los que pagan la factura, como siempre, son los obreros, los campesinos, los indígenas, la gente que es expropiada de su tierra, a la que le roban el agua, a la que no le respetan sus recursos, a la que le destruyen el bosque, a la que le inundan un pueblo entero para crear una presa que ingenieros decidieron hacer sin tomar en cuenta a las propias comunidades ni las condiciones del terreno. Eso que hemos estado viviendo en México en el último tiempo”.

Añade que la crisis económica que está padeciendo el país es producto de las políticas privatizadoras, “de la idea de decir: hay que privatizar hasta el agua, hay que expropiarles las tierras a los campesinos y a los indígenas y volverlas propiedad privada, hay que expropiar todos los recursos y venderlos; lo cual explica, entre muchas otras cosas, la ofensiva terrible que ha estado desarrollando el gobierno contra las comunidades neozapatistas en Chiapas. Éste es un proceso que se está dando en todo el país”.

Puntualiza que México está aplicando “las peores políticas y está tomando las salidas más absurdas y más anacrónicas” respecto de la crisis cíclica que inició a mediados de 2008: “Una crisis de ciclos económicos Kondratieff”. Agrega que, “cuando se comparan las cifras de cómo se reaccionó o cómo impactó esta crisis económica mundial de fines de 2008 hasta hoy en toda América Latina, el país que más sufrió y que menos pudo enfrentarla fue México”.

El doctor en economía subraya que el mundo en su conjunto ya está volviendo a lo que sería la fase A de Kondratieff, con la aplicación de políticas neokeynesianas. Por ello, tras criticar el atraso de México, que sigue aplicando políticas neoliberales, recomienda tomar el ejemplo de Francia y de Estados Unidos, países donde el Estado vuelve a intervenir y a regular el mercado.

La maestra Nerio Monroy recuerda que “el mal manejo de la economía” ha derivado en el aumento en el precio de la canasta básica. Además, “en el caso de los derechos civiles, estamos observando que no se están generando empleos suficientes para tener una vida digna”. Con ello, se restringe el acceso a otros derechos sociales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el bienestar social.

La activista de los derechos humanos considera que la política neoliberal de Calderón y de los gobiernos que lo precedieron han incubado una serie de problemas sociales que van a estallar en algún momento. “Ahora lo estamos viendo con el problema del crimen organizado, que ya está afectando a personas inocentes”.

Agrega que “mientras no haya una construcción distinta de la política neoliberal en México, una verdadera transparencia en el uso de los recursos, mientras las elites políticas no dejen de imponer sus intereses y no pongan como prioridad a las personas que representan, se seguirán afectando los derechos sociales de la mayoría”.

Imposiciones autoritarias

La segunda ola de privatizaciones se gestó mientras un amplio sector de la sociedad exigía el recuento de los votos y llamaba “espurio” al presidente electo Calderón Hinojosa, por el presunto fraude en el que habría incurrido en los entonces recién concluidos comicios.

Para el historiador y economista Aguirre Rojas, ante la falta de legitimidad del actual gobierno federal, las privatizaciones sólo son y serán posibles por la vía de la imposición y la represión.

“Como lo dijo Gramsci y muchos teóricos políticos: para gobernar, los Estados se apoyan en dos cosas, por un lado en los elementos de la fuerza, la policías y el Ejército; por otro, en los elementos del consenso, es decir, en la credibilidad que pueden crear en la población de que lo que están haciendo es necesario, legítimo, válido, y por tanto les da un cierto apoyo social. El gobierno de Felipe Calderón, que llegó con ese monumental fraude, tenía cero consenso. Las bases de apoyo social de Felipe Calderón (actualmente) son superfrágiles”.

Agrega que el presidente de México ha venido gobernando exclusivamente a través de la fuerza. “Por eso el país está militarizado, por eso hoy tenemos ese triste liderazgo de Ciudad Juárez, que es la ciudad más violenta no de México ni de América Latina, sino del mundo entero: es más violenta que Bagdad, que la capital de Líbano, que las ciudades palestinas de la Franja de Gaza, que están en guerra permanente”.

El autor de América Latina en la encrucijada: los movimientos sociales y la muerte de la política moderna se pregunta “cómo puede ser que hayamos llegado a grados de violencia peores que los de Medellín en el peor momento de las décadas de 1970 y 1980, de su historia violenta. Eso –explica– se debe a que Felipe Calderón está gobernando sobre todo con el elemento de la fuerza y por eso ha sacado al Ejército en todas las ciudades del país y utiliza a la Policía Federal y a las policías estatales y municipales; por eso está criminalizando toda la protesta social, lo cual también anuncia un colapso del propio Estado en términos de su función política”.

Indica que no es una casualidad que se haya puesto de moda el discurso de que México es un Estado fallido, en crisis, inexistente, que no gobierna. Es un Estado que efectivamente está en una situación de colapso, que está apoyado sólo en elemento de la fuerza, con un consenso hiperfrágil y muy pequeño.

El historiador identifica que es esa fuerza la que se está usando para imponer las medidas neoliberales. “Por eso se le da ese ataque artero al Sindicato Mexicano de Electricistas y después la privatización (de la fibra óptica). Por eso, de repente, se inunda Juárez de soldados. Él está interviniendo del lado de unos; no es que esté realmente combatiendo al narcotráfico: está combatiendo a ciertos grupos del narcotráfico para beneficiar a otros.

“Él está usando al Ejército y a la policía en Ciudad Juárez para beneficiar a un grupo y atacar a otros; para golpear al SME y privatizar; para asustar a la gente y hacer pasar sus reformas petrolera, laboral, fiscal”.

—¿Sería previsible más represión?

—Desafortunadamente sí. En la medida en que él no tiene consenso social, no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. Entonces sólo le quedan estas medidas por la fuerza.

El historiador y economista observa, sin embargo, que “esto va a hacer que la protesta crezca, que la gente empiece a movilizarse, que los movimientos se organicen más de manera vertical y horizontal y que, espero, a partir de esto seamos capaces de ponerle un alto a Felipe Calderón”.

[bctt tweet=”Energía, agua, salud, ciencia y tecnología quedarán en manos de la iniciativa privada”]

Los convidados del poder

Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia, se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos afines.

Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo (beneficiado con contratos tipo PPS en el ámbito de la salud, Contralínea 122).

Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA.

Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingenierái; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros. (NF)

“El México que queremos”, según Calderón

El 21 de mayo de 2007, Felipe Calderón dio a conocer la versión pública de México 2030, Proyecto de Gran Visión. Éstos son fragmentos del discurso del presidente, destacados por la Presidencia de la República en el boletín entregado a los medios de comunicación:

• “Hicimos esta convocatoria con la firme convicción de que una perspectiva de largo plazo es la única que puede abrir el espacio para la confluencia de distintos puntos de vista, porque abre así el camino para los acuerdos que México necesita”.

• “Gracias a la colaboración de todos, hoy podemos compartir con la sociedad una imagen de México con vistas al futuro, sin ignorar nuestra historia, sin pretender reinventar a la nación. Hacia el año 2030, cuando los niños que nazcan este año cumplan 23, cuando los niños que están aquí cumplan 20 o 21 años, México tendrá que ser distinto y mejor, tendrá que haber avanzado significativamente en todos los sectores, tendrá que ser mejor y no en base a la casualidad (sic), sino en base a la determinación, a la puesta en claro de lo que queremos y a la discusión ordenada de cómo debemos hacerlo”.

• “La Visión México 2030 es una puesta en común por un desarrollo humano sustentable, una descripción del México deseable y del México posible por encima de diferencias de partido, de región o de religión”.

• “En el mundo del siglo XXI no hay cabida para la improvisación o el azar, la velocidad de los cambios nos obliga a anticipar el futuro no sólo para prevenir adversidades, riesgos y obstáculos, sino también para aprovechar las oportunidades que se nos presentan”.

• “México requiere reformas que nos permitan acelerar el paso y alcanzar nuestras metas, reformas que permitan lograr mayores tasas de crecimiento, mejores condiciones de vida, mayores niveles de calidad educativa”.

• “Mi gobierno ha tomado la decisión de que tanto el Plan Nacional de Desarrollo que habremos de presentar este mes de mayo como los programas sectoriales que de él se deriven tomen como punto de partida la visión México 2030, así habremos de hacer del periodo 2006-2012 el primer gran paso hacia esa patria fortalecida, generosa, justa y solidaria que todos anhelamos”. (NF)

Fuente: Contralínea 170 / 21 de febrero de 2010

 


martes, 8 de septiembre de 2020

“El presidente tira la primera piedra y luego sus seguidores tiran una más grande, diciendo una mentira o una difamación mayor” (P. Andreu Oliva SJ - entrevista 2020) SJ - entrevista setp.2020.


“El presidente tira la primera piedra y luego sus seguidores tiran una más grande, diciendo una mentira o una difamación mayor”


Padre Andreu Oliva, SJ., rector de la UCA

Redacción FOCOS septiembre 7, 2020

(Transcripción editada de la entrevista realizada por Karen Fernández transmitida el domingo 6 de septiembre de 2020)

Padre Andreu Oliva, SJ., rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

En el editorial de la UCA sobre el primer año del presidente Nayib Bukele usted dice que “habían muchas expectativas, pero que ahora están frustradas”. ¿Qué expectativas tenía usted como rector de la UCA sobre el presidente Bukele?

Las expectativas que teníamos, creo que coinciden mucho con las que tenía la población. Expectativas de un gobierno que sería capaz, honesto; que se preocuparía sobre todo de atender las necesidades de la gente, que estaría al servicio de la población, que buscaría resolver los principales problemas que tiene nuestro país. Esas eran las expectativas que lamentablemente no se concretaron a lo largo del primer año.

Usted dice que las expectativas que tenía eran las de un gobierno capaz, honesto, al servicio de la gente. ¿Por qué la UCA ha pasado de esas ideas a expresar preocupación con respecto al presidente Bukele?

Ante un nuevo gobierno siempre es bueno darle el beneficio de la duda y, como he dicho, compartir las mismas expectativas que tenía la población salvadoreña, que con su voto eligió a Bukele como presidente de la República.

A lo largo de la gestión del primer año de este gobierno se han ido dando unos elementos que han hecho que sintamos preocupación y que viéramos que estas expectativas no se hacen realidad. Desde la misma toma de posesión el presidente mostró mucha indiferencia hacia los demás poderes del Estado; no hizo una transición ordenada, como se debió hacer, con el anterior gobierno. Nunca nombró la comisión que debía recibir la situación del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. También la manera que inició gobernando, dando órdenes por Twitter; la militarización de la lucha contra el crimen, el decirle a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada que pueden utilizar toda la fuerza letal contra la delincuencia. Vimos cómo se trata también a las personas privadas de libertad de manera denigrante y cómo el respeto a los derechos humanos no estaba en la agenda presidencial.

También hemos visto una confrontación creciente con los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, o con otro órgano del Estado, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Sala de lo Constitucional. Y también en la manera en que ha pretendido enfrentar la pandemia en lugar del éxito prometido, pues hemos visto que ha sido un gran fracaso.

«Para el presidente Nayib Bukele es muy difícil aceptar una crítica, sobre todo una crítica que viene de una institución que tiene largos años de trayectoria y una alta credibilidad ante la población salvadoreña.»
Padre Andreu Oliva, SJ., Rector de la UCA.

Cuando la UCA presenta postura sobre esta lista de temas que usted ha mencionado notamos que el presidente Bukele y sus funcionarios tienden a desacreditar esas posturas o incluso las posturas de otros actores sociales diciendo que son “financiadas por otros partidos políticos”. ¿Qué opina usted de esta característica del discurso presidencial?

Yo creo que lo que explica es que para el presidente es muy difícil aceptar críticas, tanto de la Universidad como de otros sectores. Yo puedo hablar por la UCA, que }ha tenido una visión crítica desde que existe. Siempre se ha tenido esa visión crítica de la realidad para tratar de contribuir a que la sociedad salvadoreña sea cada vez mejor y que los gobiernos cumplan mejor sus funciones. Entonces vemos que para el presidente Nayib Bukele es muy difícil aceptar una crítica, sobre todo una crítica que viene de una institución que tiene largos años de trayectoria y una alta credibilidad ante la población salvadoreña. Entonces él no rebate nuestras posiciones, no se da un debate en el que se diga por qué estamos equivocados o cuál es la realidad, sino que lo que hace es desprestigiar a la Universidad y querer mostrar solo afirmaciones que dicen que la Universidad ha traicionado a sus orígenes, que ha traicionado a los mártires y que se ha aliado con otros actores de la sociedad que son como enemigos de la población.

¿Qué posturas en particular de la UCA han provocado este discurso tan agresivo del presidente contra la Universidad?

Han sido distintas posturas. Yo diría que la molestia del presidente Bukele comenzó cuando hicimos críticas al Plan Control Territorial, a la manera en que se estaba orientando la lucha contra la criminalidad de nuestro país, que se trataba de una lucha militarizada donde la Fuerza Armada tomó un papel muy importante que además no le corresponde por Constitución y también porque en esta manera de enfrentar al crimen se violaron los derechos humanos, se dieron tratos denigrantes a las personas privadas de libertad. Todos vimos fotografías donde las personas privadas de libertad estaban en una posición denigrante, casi desnudas. También se extremaron las medidas en las cárceles, como castigos, aislamiento y situaciones que van contra de lo que la Constitución establece que debe tener un centro penal, que es un espacio para ayudar a las personas que han cometido delitos a rehabilitarse y a reconstruirse como personas y poder reintegrarse a la sociedad. Pero lo que hemos visto precisamente es que eso no se respeta.

Frente a estas críticas, como estaba mencionando antes, el presidente Bukele insiste que la UCA recibe financiamiento de partidos políticos. ¿Es eso cierto?

La UCA no ha recibido nunca financiamiento de partidos políticos. Desde hace muchos años tampoco recibe financiamiento del gobierno. Sí realizamos consultorías o convenios con el Ministerio de Educación para ayudar precisamente a mejorar nuestro sistema educativo y eso lo hacemos en conjunto con Educación. Pero la UCA siempre ha sido muy cuidadosa en mantener su independencia y no condicionar nunca su actuar y su modo de pensar a ningún tipo de presión externa.

Esta no es la primera vez que un gobierno de El Salvador u otros sectores de poder acusan a la UCA de opinar para favorecer a “intereses oscuros”. ¿Hay algo de diferente esta vez en el discurso del presidente Bukele contra la UCA en comparación con otros discursos de persecución que la Universidad ha recibido en décadas anteriores?

Yo diría que sí hay una diferencia. Otros gobiernos, en otras ocasiones, sí se han referido a ella diciendo que es la universidad comunista o la universidad de los curas rojos. Incluso han mostrado desacuerdos con las posiciones de la Universidad, pero no es un juicio como el que ahora se está recibiendo. Porque el hecho que el primer dignatario de la nación, el presidente de la República diga que la UCA ha hecho una alianza con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que está al servicio de ella o que la encuesta de la UCA es la encuesta de la ANEP, en referencia a la encuesta que hicimos sobre el primer año de gestión de Nayib Bukele; que lo diga el presidente le da un peso muy importante a esa afirmación.

Por otro lado muchas de esas críticas se hacen a través de Twitter y es como que el presidente lanza la primera difamación y la primera crítica hacia esta universidad, y a otras personas e instituciones, y le está dando permiso a todos aquellos que le siguen y a los troles a continuar con esta agresión hacia una institución. Y uno mira, a medida que pasan las agresiones a través de Twitter, que el tono va subiendo, como si el presidente tirara la primera piedra pero luego cada quien va tirando una más grande, diciendo una mentira más gruesa y una difamación mayor. Eso finalmente se convierte en algo ofensivo, pero también puede leerse como una amenaza para la institución, para que deje de hacer el trabajo que le corresponde hacer.

¿Hay alguna relación de la UCA con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)?

No hay ninguna relación. Tuvimos comunicación cuando la UCA y la ANEP, junto con la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) fuimos miembros del comité director del fondo de 2 mil millones de dólares para las necesidades que tenía el país por el COVID-19. En ese comité sí tuvimos comunicación, pero después de eso no hemos tenido otra comunicación.

«Lo que parece que está en juego es que se quiere un pensamiento único, que todos pensemos igual que el presidente y lo que no piensen igual que él son callados o excluidos y de esa manera se pone la primera piedra para un Estado totalitario o como lo conocemos más, una dictadura.”
Padre Andreu Oliva, SJ., rector de la UCA.

¿Qué está en riesgo con este discurso público en el que el Ejecutivo, con altos índices de popularidad, persigue y desacredita a actores como la UCA, pero también a otros representantes de la academia?

Yo veo un peligro enorme. Es un peligro muy grande porque no solo se violenta el derecho a la libertad de expresión, sino también a la libertad de pensamiento. Porque cuando se hacen este tipo de críticas y de desprestigio de una institución sin lugar a dudas puede limitarse la libertad de pensamiento porque la gente se siente amenazada. Y en el caso de la academia la libertad de pensamiento se vuelve fundamental, porque es a través de un pensamiento libre por el cual se hace avanzar la ciencia, que se puede dar a conocer la realidad, innovar y hacer avanzar a la sociedad. Lo que parece que está en juego es que se quiere un pensamiento único, que todos pensemos igual que el presidente y lo que no piensen igual que él son callados o excluidos y de esa manera se pone la primera piedra para un Estado totalitario o como lo conocemos más, una dictadura. Y ya sabemos lo que pasa en las dictaduras con la academia, es reprimida y no puede ejercer su función de pensamiento, de generar nuevos conocimientos y de ayudar a que las sociedades avancen a mayores niveles de desarrollo.

A pesar del discurso confrontativo del Ejecutivo con la UCA, ¿ustedes siguen estando en disposición de conversar con el gobierno?

Estaríamos encantados realmente de poder conversar. Como dije antes, nuestra crítica busca ser constructiva, quiere ayudar al país, quiere el bien de la mayoría de la población y quisiera también contribuir a que haya un buen gobierno. A El Salvador le conviene tener el mejor de los gobiernos posibles y eso será bueno para la sociedad. Es de esa perspectiva que la UCA realiza sus investigaciones, análisis y reflexiones: para ayudar al desarrollo de la sociedad, para generar los cambios como mayor justicia social que esta necesita.

Nosotros no tenemos ni hemos tenido nada personal en contra de este gobierno u otros. Siempre hemos señalado aquello que no nos parece bueno para el país, aquello que se esté haciendo mal. Hemos sido la piedra en el zapato de todos los gobiernos que ha tenido El Salvador antes de los Acuerdos de Paz y después de ellos. Pero siempre hemos buscado un diálogo, nunca nos hemos cerrado. Lo propio de la academia es el diálogo y al igual que llamamos al diálogo entre las fuerzas políticos, también sería bueno que el gobierno dialogara con aquellas instituciones que considera que le son adversas, para que les pudiéramos exponer nuestros puntos de vista, pero también para que ellos los expongan y eso es algo que ha faltado en el gobierno actual.

En el contexto de la emergencia por el COVID-19, la UCA y otras organizaciones sociales fueron elegidos para formar parte de un comité que buscaba fiscalizar los fondos usados durante la pandemia, pero luego ustedes se salieron. ¿Después de eso han continuado los acercamientos entre la Universidad y el gobierno?

No, no ha habido acercamientos. Pertenecer a este comité fue el mayor acercamiento que tuvimos las instancias de la sociedad civil con el Ejecutivo y en las reuniones había un diálogo. Lo que pasaba era que posteriormente el gobierno tomaba decisiones sin tomar en cuenta nada de lo que se había dialogado. Incluso se llegaron a acuerdos, como la reforma al decreto 608, en los que el gobierno dijo que la presentarían a la Asamblea Legislativa. Pero cuando la reforma llegó a la Asamblea vimos que no tenía nada de lo que se había hablado en el comité. La reforma ya distribuía los 2,000 millones de dólares; ya asignaba los recursos en cosas que no había discutido el comité; y también designaba qué podían hacer las municipalidades con los 600 millones que les tocaban, que era algo que no se había acordado. Entonces hubo un diálogo que no se respetó porque las decisiones se tomaban sin tenernos en cuenta. Posteriormente a eso no hubo más acercamientos.

La postura de la UCA y su postura como rector son de preocupación por el rumbo del gobierno del presidente de Bukele, ¿usted diría que eso representa la postura de otros trabajadores, docentes y estudiantes de la Universidad?

Diría que representa la postura de la junta de directores de la Universidad y representa la postura del equipo rectoral de la Universidad y de muchos profesores y trabajadores de la Universidad, pero no diría que de todos. Recuerde que en la UCA hay diversidad de pensamiento, de posiciones políticas y estoy seguro que el presidente Bukele tiene dentro de la Universidad personas que le siguen y que consideran que él está ejerciendo un liderazgo y un buen gobierno en el país, como ocurre en la sociedad salvadoreña en general.

Muchos analista de la sociedad salvadoreña en general y organizaciones internacionales coinciden en que a El Salvador le vienen años de crisis económica, social y política. En ese escenario, ¿cuál es la postura ideológica que la UCA ocupa?

La UCA no tiene propiamente una postura ideológica. Lo que tiene son una serie de principios y valores que sustentan e inspiran nuestro actuar. La UCA se ha definido siempre como una universidad de inspiración cristiana, no una universidad confesional, aunque fue llamada mucho tiempo como la universidad católica, pero no lo es de acuerdo a las normas de la iglesia para llamarse de esa manera. Es una universidad que está inspirada sobre todo en el mensaje y en el actuar de Jesús de Nazaret tal como lo conocemos a través de los evangelios. Jesús habla del proyecto del “Reino de Dios” como cien veces en los evangelios y ese ideal, que es el proyecto de Dios para la humanidad, es el ideal que la universidad quiere para El Salvador.

Ese ideal de inspiración cristiana, como usted lo ha llamado, ¿cómo lo transforman en políticas públicas que tiene que echar a andar un estado laico?

Este ideal tiene una serie de valores, como la solidaridad, la fraternidad, el respeto absoluto a la dignidad de la persona humana y que todas las personas tienen igual dignidad, una que es inalienable. Tiene también como valor la preocupación por el débil, por el pobre, por el que está herido en la cuneta del camino, al que se nos llama a cuidar y atender. Es bien claro que las políticas públicas que se derivan de este tipo de valores son políticas que van a buscar precisamente el bienestar de las personas y de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, que van a buscar que esa dignidad humana que tenemos todos y todas se cuide y que todos tengan las mismas oportunidad y también los mismos derechos. La sociedad y la política lo que deben hacer es construir eso, justicia social, que es algo que está en la doctrina social de la iglesia que también es de inspiración cristiana, y la búsqueda del bien común, no solo mi propio bien, sino el bien de todos.

¿Cómo cuida la UCA que esa inspiración cristiana-católica no interfiera en las propuestas para un estado laico?

Porque la UCA no es confesional. Sí está dirigida por la Compañía de Jesús pero en ningún momento exigimos ni a los estudiantes ni a los trabajadores, mucho menos a los catedráticos, una confesionalidad, sino que coincidan en estos principios que he mencionado anteriormente, que pueden ser universales. Que nos encontremos en los principios éticos universales, sin que eso nos lleve a un ejercicio religioso. Nuestra trabajo universitario es el de la academia, enseñar, pensar con libertad de cátedra y sin ningún tipo de búsqueda de la confesionalidad.

La UCA se ha pronunciado mucho en este y otros gobiernos sobre el tema de la seguridad pública. En junio, en un editorial de la Universidad, usted decía que la disminución de los homicidios no es un logro del Plan Control Territorial porque, por ejemplo, en abril tuvimos una muestra del control que las pandillas seguían teniendo en las comunidades. Esta semana, El Faro presentó indicios de un nuevo pacto entre el gobierno y las pandillas. ¿Eso podría explicar mejor la reducción de los homicidios?

Pues es un poco lo que nosotros creemos. Vemos que el Plan Control Territorial no se ha desplegado a nivel nacional, no se ha aplicado en todos los municipios del país. Por otro lado no lo conocemos a fondo, pero vemos que no es un plan continuado, que tenga una lógica y una dinámica que se va desarrollando, sino que vimos que de repente la PNC y la Fuerza Armada se presentan en determinados territorios, pero después se retiran y sabemos que en las comunidades las pandillas siguen estando y que lo único que parece que han aceptado es bajar el nivel de violencia y el no cometer homicidios, pero ellos siguen teniendo control.

Esto lo vimos incluso durante la pandemia, cuando eran las mismas pandillas las que obligaban a las personas a mantener la cuarentena domiciliar o incluso que pandillas que distribuyeron alimentos a la población y hay videos de eso, donde los pandilleros le dicen a la comunidad que esas entregas iban de parte de ellos porque se preocupaban por su salud. Es decir, eran las pandillas haciendo un trabajo territorial a la vista de todos. Lo que El Faro ha presentado esta semana nos parece que puede reflejar lo que realmente ha ocurrido y que esa sea la causa real de la disminución de homicidios en el país.

Padre Andreu, usted ha vivido en Centroamérica durante casi 30 años y de esos lleva 20 en El Salvador. ¿Usted diría que pese a problemas como la corrupción, la crisis fiscal, la violencia y la desigualdad, el país sigue avanzando hacia una sociedad más justa y digna para las mayorías?

Yo diría que sí ha habido avances. Desde 1984 cuando yo llegué a Centroamérica hasta ahora ha habido avances, por ejemplo en la concepción del respeto a los derechos humanos. Es algo muy importante que hace un cambio tremendo en una sociedad. También hay avances en la institucionalidad, aunque con sus retrocesos, pero se ha ido fortaleciendo. Veo que estos avances, luego de los Acuerdos de Paz, de la pacificación de la región, han tenido poco a poco retrocesos, como en Nicaragua, donde hay un gobierno que está violando los derechos humanos. También hay retrocesos en Honduras done el gobierno es cada vez más totalitario y que incluso parece tener vínculos con tráfico de drogas. Y acá en El Salvador lamentablemente está lo que ya hemos hablado, que se está poniendo en cuestión el respeto a los derechos humanos, las libertades democráticas, el respeto a los otros poderes. Todo eso nos genera preocupación no solamente en la academia, sino a toda la sociedad y la comunidad internacional.

Aquí puede ver la entrevista completa con  el padre Andreu Oliva, SJ., rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y otras materiales de Focos en nuestro canal .