sábado, 18 de febrero de 2023

El desgaste de la Justicia imperialista.


Date: sáb, 18 feb 2023 

El desgaste de la Justicia imperialista.

Thierry Meyssan.


Red Voltaire. Tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, la dominación de Occidente sobre el ‎resto del mundo se ejerce –al igual que el dominio de Estados Unidos sobre sus ‎aliados, mediante la instrumentalización del Derecho. Los tribunales internacionales ya ‎no buscan hacer respetar la justicia sino confirmar el orden impuesto al mundo y ‎castigar a quienes lo cuestionan. El Derecho estadounidense y el Derecho europeo son ‎utilizados imponer al resto del mundo las políticas de Estados Unidos y de la Unión ‎Europea. Pero ese sistema ya no da más de sí.


Desde que se disolvió la Unión Soviética, Occidente ha venido utilizando los tribunales ‎internacionales y la justicia estadounidense para imponer su ley. Las potencias occidentales ‎imponen condenas a quienes las desafían pero nunca juzgan a sus propios criminales. Esa forma de ‎‎"justicia" se ha convertido en el ejemplo absoluto de su política de doble rasero.


Pero el ‎debilitamiento de la dominación occidental desde la victoria de Rusia en Siria, y sobre todo ‎ahora, con el conflicto en Ucrania, comienza a tener serias repercusiones sobre ese sistema. ‎


EL FIN DE LA DOMINACIÓN DE OCCIDENTE COMENZÓ EN 2016


El 5 de mayo de 2016, el presidente Vladimir Putin proclamaba la victoria de la civilización sobre la ‎barbarie, o sea la victoria de Siria y Rusia sobre los yihadistas armados y respaldados por ‎Occidente. Se organizó entonces un concierto en la ciudad siria de Palmira, en las ruinas de ‎la antigua ciudad donde la reina Zenobia había logrado que todas las religiones convivieran en paz ‎y armonía. Simbólicamente, aquel concierto de la orquesta del teatro Mariinski, de ‎San Petersburgo, se llamó "Plegaria por la Paz" y el presidente Putin se dirigió a los presentes ‎por videoconferencia. ‎


Los pueblos occidentales no entendieron aquello porque no tenían conciencia de que ‎los yihadistas eran sólo títeres de los servicios secretos de Occidente. Sobre todo después de los ‎atentados del 11 de septiembre de 2021, los pueblos occidentales veían a los yihadistas como ‎enemigos y no entendían porqué los crímenes del yihadismo terrorista en Occidente no tenían la ‎misma envergadura que los que cometían en el resto del mundo. Por ejemplo, los atentados del ‎‎11 de septiembre –atribuidos, contra toda lógica, a los yihadistas– dejaron un saldo de ‎‎2 977 muertos, pero el Emirato Islámico (Daesh), también llamado "Estado Islámico" o ISIS, ya ‎había asesinado a cientos de miles de árabes y africanos.‎


EL FIN DE LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA JUSTICIA INTERNACIONAL


El clima alrededor del proceso iniciado en La Haya, en 2011, contra un dirigente africano ‎derrocado por Occidente cambió radicalmente después del concierto de Palmira. Recordemos ‎brevemente los hechos.


En el año 2000, Laurent Gbagbo era electo presidente en Costa de Marfil. Gbagbo, que era ‎entonces el candidato de Estados Unidos, instauró inicialmente un régimen autoritario que ‎favorecá a ciertas etnias en detrimento de otras. Pero, Gbagbo decidió después ponerse ‎al servicio de su país. A partir de ese momento, Estados Unidos y Francia instigan una rebelión ‎contra Gbagbo sobre la base de errores que le habían llevado a cometer. Finalmente, después de ‎una intervención de la ONU, el ejército francés derroca al presidente Gbagbo, en 2011, y pone ‎en el poder a Alassane Ouattara, un amigo personal del entonces presidente francés Nicolas ‎Sarkozy. El derrocado presidente Gbagbo es arrestado y puesto a disposición de la Corte Penal ‎Internacional (CPI) para ser juzgado por "genocidio". Pero ese órgano, nunca logró demostrar los ‎‎"crímenes" atribuidos a Gbagbo y acabó absolviéndolo, en 2019, veredicto ratificado en 2020. ‎Desde entonces, la presencia francesa en África ha venido apagándose inexorablemente. ‎


Contrariamente a lo que querían sus fundadores, la Corte Penal Internacional se había convertido ‎en un instrumento de dominación que sólo condenaba a los nacionalistas africanos. Ese órgano ‎no ha investigado nunca los crímenes de los presidentes de Estados Unidos, de los primeros ‎ministros británicos ni de los presidentes de Francia. Su parcialidad al servicio del imperialismo ‎se hizo todavía más evidente cuando su fiscal, el argentino Luis Moreno Ocampo, mintió ‎descaradamente al declarar que tenía detenido al hijo de Muammar el Kadhafi, Saif al-Islam ‎Kadhafi. El único objetivo de aquella falacia era lograr que los libios renunciaran a la resistencia ‎contra la guerra ilegal de la OTAN. ‎


EL INICIO DE UNA JUSTICIA INTERNACIONAL EQUITATIVA, JUSTA E IGUAL PARA TODOS


Muy recientemente, el 30 de diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU adoptó una ‎resolución en la que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal interno de las ‎Naciones Unidas, que se pronuncie sobre la legalidad de la ocupación israelí en Palestina. En ese ‎voto se vio un cambio espectacular de posición de la mayoría de los Estados ante una ocupación ‎que se mantiene desde hace… 75 años. Y el único veredicto lógico de la CIJ es que ese órgano, ‎que se consagra a impartir justicia entre los Estados, acabe condenando la ocupación israelí, ‎lo cual obligará los 195 Estados miembros de la ONU a revisar sus políticas sobre la cuestión ‎palestina. ‎

Los Estados occidentales ahora pretenden crear un nuevo tribunal… porque los tribunales que ya ‎existen ya no se pliegan a sus intereses. Los promotores de esa nueva estructura pretenden ‎‎«condenar a Vladimir Putin por los crímenes rusos en Ucrania».


Pero en realidad se trata de ‎hacer olvidar la responsabilidad de la canciller alemana Angela Merkel y del presidente francés ‎François Hollande, quienes firmaron los Acuerdos de Minsk como garantes de su aplicación pero ‎sIn tener la menor intención de actuar para ponerlos en práctica… lo cual se tradujo en la ‎muerte de 20 000 ucranianos. También se trata de negar el hecho que fue en virtud de la ‎‎«responsabilidad de proteger» que el presidente ruso Vladimir Putin intervino militarmente ‎en Ucrania para aplicar aquellos Acuerdos, que cuentan además con el aval de la resolución 2202 ‎del Consejo de Seguridad de la ONU. ‎


En toda operación militar siempre hay víctimas, gente que ha menudo muere injustamente. Eso es ‎característico de todas las guerras y es lo que diferencia a las guerras de las operaciones ‎policiales. El problema no es juzgar a quienes hacen la guerra sino evitar que sea necesario ‎recurrir a ella. El objetivo de la justicia internacional no es castigar a quienes se ven obligados a ‎tomar las armas y a matar para defender su patria sino castigar a quienes provocan conflictos de ‎forma artificial y a quienes matan sin razón. ‎


LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA JUSTICIA OCCIDENTAL ALCANZA SU LÍMITE


Estados Unidos y la Unión Europea han inventado una extraterritorialidad de sus leyes. En total ‎contradicción con la Carta de la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea violan la soberanía de ‎los demás Estados al tratar de obligarlos a aplicar el derecho estadounidense y el derecho ‎europeo. ‎


Desde 1942, Estados Unidos ha venido adoptando un número impresionante de leyes ‎extraterritoriales, como la Trading with the Enemy Act (1942), la Foreign Corrupt Practices ‎Act (1977), la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (la llamada ley Helms-Burton, ‎adoptada en 1996), la Iran and Libya Sanctions Act (la llamada ley Amato-Kennedy, de 1996), la ‎‎USA PATRIOT Act (2001), la Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act ‎‎(llamada ley Sarbanes-Oxley o SarbOx, de 2002), la Foreign Account Tax Compliance Act ‎‎(también llamada FACTA, en 2010) y la CLOUD Act (2018).‎


En todo ese dispositivo se conjugan permanente las acciones de la "justicia" estadounidense y las ‎de los servicios secretos de Estados Unidos. Al extremo que el contraespionaje francés (DGSI) ‎señala:‎


«La extraterritorialidad se traduce en una gran variedad de leyes y mecanismos jurídicos que ‎confieren a las autoridades estadounidenses la capacidad de someter empresas extranjeras a ‎sus estándares así como de captar sus habilidades, de entorpecer los esfuerzos de desarrollo de ‎los competidores de las empresas estadounidense, de controlar o vigilar empresas extranjeras que ‎molestan o que son objeto de interés para, de esa manera, generar importantes ingresos ‎financieros» [1].


Ese dispositivo fuerza las empresas extranjeras que trabajan en Estados Unidos, o que utilizan ‎dólares estadounidenses, a plegarse a las políticas de Washington. Además, ese sistema "legaliza" ‎la guerra económica, aplicando el engañoso calificativo de «sanciones» a disposiciones que ‎violan la Carta de la ONU ya que no cuentan con el aval del Consejo de Seguridad. ‎Ese dispositivo es capaz, por ejemplo, de aislar totalmente a un Estado y de imponer el hambre a ‎su población, como sucedió en Irak –bajo la administración Clinton– y como hoy sucede con Siria ‎‎–bajo la administración Biden. ‎


En este momento, siguiendo el "ejemplo" de Estados Unidos, la Unión Europea está dotándose ‎de sus propias leyes extraterritoriales. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, ‎también llamado el Tribunal de Luxemburgo) llegó emitir un veredicto de culpabilidad contra la ‎casa matriz de un buscador español de internet, con sede fuera de Europa, porque su filial ‎‎"violaba" las leyes europeas. ‎

Pero ese modelo occidental también está cayéndose a pedazos. La guerra económica que ‎Occidente ha desatado contra Irán, durante la agresión occidental contra Siria por medio del ‎terrorismo yihadista, guerra económica que ahora también apunta contra Rusia desde que Moscú ‎inició sus acciones para imponer la aplicación de la resolución 2202 en Ucrania, se ha extendido ‎tanto que Occidente ya es incapaz de sostenerla. ‎


Los buques cisterna de muchos países ya no vacilan en cargar petróleo iraní o ruso en alta mar. ‎El mundo entero lo sabe, pero Occidente finge no saberlo. El Pentágono incluso ha llegado a ‎hundir algunos de esos buques en aguas del Mediterráneo, frente al litoral sirio, pero ‎no se atreve a hacerlo frente a las costas de la Unión Europea, después de haber saboteado los ‎gasoductos rusos Nord Stream y Nord Stream 2. ¿Por qué? Porque quienes "violan" allí las ‎mal llamadas "sanciones" ya no son los "enemigos" de Washington sino sus propios "aliados". ‎


Por desgracia, esas guerras económicas sólo se hacen impopulares en Occidente cuando son los ‎mismos occidentales quienes comienzan a pagar por ellas un precio insostenible. ‎


[1] «Espionnage: les modes opératoires des États-Unis» [en español "Espionaje: los modus operandi de ‎Estados Unidos"], Le Figaro, 13 de noviembre de 2018.

 

 

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Concentración empresarial en la “Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.


Date: sáb, 18 feb 2023 

Concentración empresarial en la "Ciudad Autónoma de Buenos Aires".


De las principales empresas argentinas, una mayoría abrumadora se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concentrando el 97,2 % del capital cotizado en la bolsa de comercio.


Según los datos recabados de la Bolsa de Comercio de Argentina –que recoge la capitalización bursátil de las principales empresas del país–, 20 de las 23 empresas tienen sede en Buenos Aires. En lo que respecta a los 3 restantes, tan solo una empresa se sitúa en Tierra del Fuego (MIRGOR) y dos en Córdoba (Agrometal y la multinacional Holcim).

Esta concentración empresarial contrasta fuertemente con la que podemos observar en otros países de referencia:

Estados Unidos: entre los 30 principales valores del Dow Jones (índice de capitalización bursátil norteamericano), la mayor concentración empresarial se da en California (6) y en Nueva York (6), apenas un 20 % del total cada una. Hasta 13 estados norteamericanos tienen empresas en el Dow Jones.


Alemania: entre las 30 empresas del DAX-30 alemán la mayor concentración empresarial se da en el estado de Renania, con 10 empresas (si bien estas 10 empresas se localizan hasta en 6 municipios distintos del estado: Colonia, Bochum, Essen, Leverkusen, Bonn y Dusseldorf). La mayor concentración empresarial en un solo municipio se da en torno a Munich, en Baviera (7 empresas). Por otro lado, hasta 7 estados alemanes tienen empresas en el DAX-30.


México: el S&P/BMV Índice de Precios y Cotizaciones es el principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, su muestra concentra las 35 principales empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 22 de las 36 principales empresas tienen su sede en Ciudad de México, 8 en el estado de Nuevo León y otras 6 empresas se distribuyen en distintos estados mexicanos.


España: en el caso de España, 24 de las 35 empresas que cotizan en el índice bursátil IBEX-35 se concentran en la capital del país. Seis comunidades autónomas tienen representantes en este índice.


Brasil: el índice Ibovespa es el indicador más importante del mercado de acciones de Brasil. Una foto fija de hace tan sólo tres años a las 30 principales empresas de este índice nos revelaba que 12 de ellas se sitúan en Sao Paulo, 6 en Río de Janeiro y 12 más en otros 8 estados brasileros distintos.


Si atendemos a los 6 países observados, Argentina es con mucho el país con mayor concentración empresarial. España y México, los dos países que la siguen, tienen un índice de concentración 20 puntos menos.


Argentina comparte con España y México el hecho de que la concentración empresarial se da en la capital del país, un municipio que concentra recursos adicionales, tales como la administración pública y la sede de los poderes políticos y jurídicos del Estado. Por el contrario, en el caso alemán tan solo Deutsche Telekom se sitúa en Bonn, la antigua capital y ninguna en Berlín. En el caso norteamericano ninguna de las grandes empresas tiene su sede central en la capital política del país. En Brasil tan sólo el Banco do Brasil se sitúa en Brasilia.




Finalmente, acudiendo a las especificidades argentinas podemos identificar otros indicadores que refuerzan esta señal de alerta sobre la hiperconcentración empresarial en Buenos Aires:

Las 20 empresas con sede en Buenos Aires concentran el 97,2 % del capital total cotizado en la bolsa de comercio de Buenos Aires. Las 3 empresas con sede en Córdoba y Tierra del Fuego tan sólo acumulan un 2,8 % de dicho capital.


Esta hiperconcentración económica contrasta con el peso demográfico de la capital –el Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA)–, que según un informe de 2020 de la Dirección Nacional de Población concentraba según el censo 2010 el 34 % de la población del país.[1]

Respecto al objeto social de las empresas contrasta la predominancia de las entidades financieras en el panorama empresarial argentino. Hasta 9 de 23 empresas de la Bolsa se dedican a servicios financieros/inmobiliarios, un 40 % del total. En Alemania solo 1 de 30 está en este sector (el Deutsche Bank) mientras que en EEUU son 5 de 30, apenas un 16 % del total.



Anexo – Entidades cotizantes en la Bolsa de Comercio de Argentina[2]

1.    AGROMETAL S.A. (FÁBRICA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS) | Capitalización de la empresa: $6.400.000.000,000 | Domicilio: Córdoba.

2.    ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. (EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE ALUMINIO PRIMARIO) | Capitalización de la empresa: $400.400.000.000,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

3.    BANCO BBVA ARGENTINA S.A (OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL) | Capitalización de la empresa: $197.782.813.501,200 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

4.    BANCO MACRO S.A. (OPERACIONES BANCARIAS) | Capitalización de la empresa: $301.675.245.894,400 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

5.    BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A (MERCADO DE VALORES) | Capitalización de la empresa: $131.912.500.000,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

6.    CENTRAL PUERTO S.A. (GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA) | Capitalización de la empresa: $227.936.050.640,800 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

7.    SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. (INVERSIÓN EN VALORES MOBILIARIOS) | Capitalización de la empresa: $47.371.103.817,450 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

8.    CRESUD S.A. (EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA E INMOBILIARIA) | Capitalización de la empresa: $97.026.255.895,100 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

9.    CABLEVISION HOLDING S.A. (DE INVERSIÓN Y FINANCIERA) | Capitalización de la empresa: $98.337.829.660,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

10.  EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) (SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA) | Capitalización de la empresa: $100.163.288.550,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

11.  GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (FINANCIERA Y DE INVERSIÓN) | Capitalización de la empresa: $296.458.057.544,400 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

12.  HOLCIM (Argentina) S.A. (FABRICACIÓN DE CEMENTO PORTLAND) | Capitalización de la empresa: $81.743.540.385,000 | Domicilio: Córdoba.

13.  LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (PRODUCCIÓN Y VENTA DE CEMENTO) | Capitalización de la empresa: $246.933.774.807,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires

14.  MIRGOR S.A.| (MANUFACTURA DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA RODADOS) | Capitalización de la empresa: $71.910.000.000,000 | Domicilio Tierra del Fuego.

15.  PAMPA ENERGIA S.A (EMPRENDIMIENTOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS) | Capitalización de la empresa: $441.036.717.843,750 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires

16.  GRUPO SUPERVIELLE S.A. | (FINANCIERA Y DE INVERSIÓN) | Capitalización de la empresa: $47.378.346.873,300 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

17.  TELECOM ARGENTINA S. A.| (TELECOMUNICACIONES) | Capitalización de la empresa: $565.989.209.290,800 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

18.  TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. | (TRANSPORTE Y LOGÌSTICA) | Capitalización de la empresa: $76.451.065.386,000 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

19.  TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.  (TRANSPORTE Y LOGÌSTICA) | Capitalización de la empresa: $442.414.698.338,550 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

20.  TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. (TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA) | Capitalización de la empresa: $22.551.630.214,500 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

21.  TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PLANTAS SIDERÚRGICAS) | Capitalización de la empresa: $807.430.556.611,250 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

22.  BANCO DE VALORES S.A.  (OPERACIONES BANCARIAS) | Capitalización de la empresa: $45.033.776.211,200 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

23.  YPF S.A. | ESTUDIO, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS | Capitalización de la empresa: $987.018.454.033,500 | Domicilio: Ciudad de Buenos Aires.

[1] Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/poblacion_urbana_dnp.pptx_.pdf

[2] Disponible en: https://open.bymadata.com.ar

 


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El maíz en disputa.


Date: sáb, 18 feb 2023 

El maíz en disputa.

Mariana Bermúdez.


México es centro de origen y diversificación constante del maíz. El grano es el cereal base de la alimentación de la población mexicana, por ser fuente principal de energía en las dietas regionales, siendo así los maíces nativos un bien común. Además, también tienen un valor histórico, cultural, social, espiritual, económico, lo cual hace a esta semilla objetivo de intentos de privatización por parte de empresas agroindustriales trasnacionales a partir de su modificación genética.


El maíz genéticamente modificado (GM) es diametralmente distinto de los maíces nativos, pues está hecho sobre todo para forraje y para la industria de alimentos ultraprocesados, por lo cual no comparte las bondades que los granos nativos conservan. Sin embargo, sobresalen las afectaciones en diversos ámbitos que conlleva su producción: en la salud de las personas, en el medio ambiente, en la biodiversidad. El maíz GM es parte de un paquete tecnológico que incluye agroquímicos tóxicos como el glifosato, herbicida que es probable cancerígeno, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC).


Ante ello, han sido las comunidades campesinas, los movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y colectivos, quienes durante más de 20 años han visibilizado los daños ocasionados por la liberación al ambiente del maíz GM y desarrollado propuestas de acciones contundentes para respetar los derechos de campesinas y campesinos, y los derechos humanos vinculados de la sociedad en general. Por ejemplo, en 2019 y 2020, un grupo plural y diverso de personas entregaron al representante del Ejecutivo federal una petición de decreto presidencial que estableciera condiciones suficientes para preservar la integridad de México como centro de origen del maíz, y la riqueza cultural e histórica en torno, a partir de legislaciones y políticas públicas.


No hubo respuesta inmediatamente por parte del Ejecutivo. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2020, el Estado mexicano publicó un decreto presidencial para sustituir gradualmente el uso de glifosato, para cambiarlo por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, además de revocar y abstenerse de dar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz GM. La fecha límite en la que se cumpliría este decreto: el 31 de enero de 2024. A partir de su publicación, empresas agroindustriales nacionales y trasnacionales han presionado al gobierno mexicano para revertir los efectos del decreto a partir de amparos y la desestimación de la evidencia científica existente en relación con los daños a la salud ocasionados por el maíz GM y el glifosato.


Presiones a las que se han sumado representantes del gobierno de Estados Unidos. Los intereses que se trastocan a partir de las restricciones de importación de maíz GM a México son meramente económicos y están vinculados con los tratados de libre comercio, en particular con el T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.


El lunes pasado se publicó un decreto presidencial que deroga el publicado en diciembre de 2020, y donde se busca resolver ambigüedades en torno al maíz GM. Este nuevo decreto continúa con la prohibición del uso del maíz genéticamente modificado en alimentos, como las tortillas, pero permite su utilización para el forraje y alimentos ultraprocesados. En un análisis comparativo (https://bit.ly/3k0sA7A) de ambos decretos, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha presentado diversos temas que es necesario revisar con detenimiento. Entre ellos, resalta la importancia del principio de precaución para prevenir los posibles daños derivados de la liberación del maíz GM; pone atención en cómo los tratados de libre comercio ponen en riesgo la soberanía de los Estados, y lo indispensable de garantizar la autosuficiencia a partir de políticas públicas.


Preocupa, principalmente, que la importación de maíz genéticamente modificado para uso en la industria y el forraje, en algún momento de la cadena de producción llegue a la alimentación humana, por lo cual la diferenciación propuesta en este nuevo decreto no es suficiente para evitar que exista una liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado.


Los tratados de libre comercio como el T-MEC no deberían estar por encima de los acuerdos internacionales de derechos humanos. Por tanto, el bienestar común es prioridad en México, buscándose así garantizar los derechos humanos de la población, entre ellos el de una alimentación adecuada, el de la salud y el de un medio ambiente sano. Trayendo al presente a don Miguel Concha Malo,

decía: "necesitamos un paradigma agrícola liberador y ecológico, como el que practican pueblos y comunidades indígenas y campesinas; porque si seguimos con el modelo industrial vigente, atentamos contra la reproducción de la vida misma y restamos nuestras capacidades para enfrentar la crisis civilizatoria actual en sus diversas facetas".  


 

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Fwd: La invasión de los terribles “globos asesinos”.


Date: sáb, 18 feb 2023 

La invasión de los terribles "globos asesinos".


Hugo Aboites. UAM-Xochimilco.


LOS OVNIS


La potencia militar más importante del planeta mostró hace algunos días su enorme vulnerabilidad. Toda una flotilla de tres globos que pronto, en el imaginario social, fue calificada de "potencialmente peligrosa, asesina, espía de China" e incluso, hasta se dudó si no estaría tripulada por seres de otra galaxia (preocupante: el general interrogado optó por no contestar). Sin embargo, la región norte del continente americano es posiblemente la más vigilada del planeta. Radares, satélites, dispositivos en tierra, estaciones militares, interceptores de comunicaciones, aviones que vigilan las 24 horas, todo porque se asume que ésta será la trayectoria de las decenas si no centenas de proyectiles intercontinentales que viajando a velocidades extraordinarias arrasarían con todo lo viviente en Norteamérica, México incluido.


A pesar de todo eso, ocurre que un enorme globo blanco, visible a simple vista desde tierra, se pasea parsimoniosamente en ese espacio sin que el Departamento de Defensa se dé cuenta. Cruza Alaska, sobrevuela el inmenso Canadá y al llegar al estado de Montana, finalmente, eso que había estado durante días a la vista de todos, es registrado por los militares. Se le declara como un peligro potencial, pero –para no hacerlo estallar sobre zonas habitadas– se decide dejar que tranquilo llegue al Atlántico.


Vigilado de cerca por un avión espía U-2 y seguido por miles que en tierra miran hacia arriba, el objeto es finalmente derribado por un Raptor F-22, costosísimo aparato de intecepción. Otro general interrogado sobre por qué un enorme ovni había podido viajar miles de kilómetros a la vista de todos, pero no del registro militar, éste respondió con un mal disimulado embarazo: nuestros sistemas están diseñados para detectar objetos que viajen a gran velocidad y a otra altura, no globos. A pesar de que éstos vengan esparciendo ántrax o algo similar. Es decir, la debilidad de un sistema está en el diseño, en sus reglas implícitas, como que el ataque debe ser con cohetes. Si la otra parte no lo acepta, entonces el sistema puede quedar inutilizado, pese a su costo y sofisticada tecnología. El Vietcong no se adhirió a las reglas ortodoxas de la guerra, y ganó. En Afganistán, lo mismo. Pirro, el general que invadió la península itálica y venció siempre, perdió la vida (y con ello la guerra) cuando una indignada mujer le lanzó un ladrillo a la cabeza. Y a Napoleón, en Rusia, no lo derrotó un ejército, sino el invierno. El general Pershing viajó hasta Europa para en batalla muy formal derrotar al Kaiser, pero no mucho antes había invadido el estado de Chihuahua y fracasó, el muy informal Francisco Villa nunca fue capturado o muerto.


LA REFORMA EDUCACTIVA


Por otra parte, la reforma educativa de 2013 estaba respaldada por el gobierno, PAN, PRI y PRD, la Policía Federal, el sistema judicial, la mayoría de medios de comunicación, enormes recursos económicos, la OCDE, el INEE, reglamentaciones, clases medias altas y, sin embargo, se hundió. Como ningún candidato, López Obrador supo entender y hablarle directo a la gente de sus necesidades. Por eso, en Guelatao, el 12 de mayo de 2018, rodeado de maestros, respondió haciendo 10 solemnes compromisos. No promesas, porque la mayoría de ellos aparecieron incluidos el 12 de diciembre del mismo año en la iniciativa de modificación del artículo 3 de la Constitución. Sin embargo, el gran pero no incluyó los compromisos que reconocían el rol creativo del magisterio como el 7 que decía: "Elaborar conjuntamente con los maestros, padres de familia, pedagogos especialistas, un Plan Educativo; [porque] nunca más una reforma educativa sin los maestros" y el 9: retomar las propuestas alternativas de educación, como el Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca. La iniciativa del nuevo artículo 3constitucional anunciaba, además, que habrían nuevas leyes secundarias, que se podía pensar, vendrían a cumplir con otro compromiso el 6: Iniciativas de reformas a las leyes que vulneran la dignidad y los derechos de los maestros. No fue así.


Es cierto que al aprobar el nuevo artículo 3, el Congreso respetó íntegra la iniciativa presidencial, pero el PAN y otros condicionaron su voto a que se incluyera una fracción equis (que pone en manos de las autoridades el derecho a la educación) y a que se les diera luego prioridad en la hechura de las leyes secundarias. ¡Error! Porque las leyes secundarias que así se construyeron resultaron con un diseño fincado en el control férreo sobre los maestros: rigidez y evaluación. Y en la educación superior, crearon una Ley (LGES) que legaliza cinco áreas más de poder de las dirigencias institucionales. Así los compromisos se diluyeron en un diseño de reglamentación con inspiración de derecha por autoritario y rígido y sin derechos para estudiantes y maestros. Sin capacidad de registrar lo diverso y lo crítico, un malestar endémico flotará sobre una SEP incapaz de registrar y dar eficiente y rápida respuesta. Más costosa por ineficiente.

 


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viernes, 10 de febrero de 2023

Las semillas y el dominio del mundo por el hambre. LA COMIDA, ARMA PODEROSA.


Date: mié, 8 feb 2023 

Las semillas y el dominio del mundo por el hambre. LA COMIDA, ARMA PODEROSA.


"Controla el petróleo y controlarás naciones; controla los alimentos y controlarás pueblos" (Henry Kissinger). 


En cada ciclo histórico la potencia dominante de turno siempre trata de establecer el control casi absoluto de una región de interés geoeconómico buscando diferentes instrumentos para dirigir todos los aspectos de la sobrevivencia humana.


Ecoportal. En esta era globalizada se trata ya no del dominio de una región seleccionada por la única superpotencia existente sino del planeta entero. El uso de la maquinaria bélica y de los recursos energéticos no ha sido suficiente para el control completo de la voluntad de los pueblos. Se necesita algo más y este "algo más" resulta ser la comida diaria en el planteamiento de uno de los más siniestros globalizadores, David Rockefeller.


Durante la guerra en Vietnam el otro político maquiavélico, Henry Kissinger incorporó la idea de Rockefeller en la agenda diplomática de Washington. La comida se convirtió en un arma frecuentemente más poderosa que las armas de destrucción masiva. También jugó un papel muy importante para llevar a cabo el golpe militar contra el gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile en 1973.


Al comienzo de los años 1980 los globalizadores iluminados llegaron a la conclusión que el control de la alimentación habría que comenzarlo desde las semillas, reduciendo las variedades regionales y nacionales tradicionales para crear simultáneamente una o varias variantes de semillas para cada cultivo universal pero controladas por un reducido número de las transnacionales.


Así, se inició la época de los Organismos Genéticamente Modificados (GMO) basada en la manipulación genética, y crearon finalmente lo que el estudioso y escritor norteamericano, F. William Engdahl llamó en su libro "Seeds of Destruction: Hidden Agenda of Genetic Manipulation", "semillas de la destrucción". México, Brasil, Colombia y Argentina fueron seleccionados como países con grandes recursos para iniciar los primeros pasos en la implementación de la agenda del "dominio usando alimentos". La llegada de Carlos Menem al poder en Argentina con su agenda neoliberal y su ambición de ser aceptado en el club de los ricos y poderosos del planeta llevó a David Rockefeller a la conclusión de iniciar los primeros experimentos con semillas genéticamente modificadas en Argentina.


Las corporaciones Monsanto, Cargill Inc., DuPont decidieron transformar la agricultura argentina haciendo énfasis en la soja, para esto inventaron el pretexto de que el sistema de monocultura agrícola y dijeron que aportaría grandes dividendos al país por la exportación de soja, lo que facilitaría el pago de la deuda externa de Argentina que estaba ya en el límite impagable. Así según William Engdahl, "desde 1991 antes que la Modificación Genética (GM) fuera aceptada en los Estados Unidos, Argentina se convirtió en un laboratorio secreto para el desarrollo de los cultivos genéticamente modificados y su población fue utilizada sin su conocimiento como "conejillos de Indias".


Para facilitar los experimentos con semillas GM de maíz, trigo, algodón, girasol y soja, el gobierno de Menem entregó 569 grandes extensiones de tierra cultivable a las transnacionales. La Comisión Nacional Asesora sobre Biotecnología Agropecuaria (Conabia) que fue formada para el control sobre los experimentos se reunía secretamente y sus conclusiones jamás fueron divulgadas. Y no podía ser de otra forma porque sus miembros eran empleados de Monsanto, DuPont, Syngenta, Dow AgroSciences y otros gigantes del GMO. Como los resultados eran muy prometedores, las grandes corporaciones internacionales, como Seaboard Co., Cargill y Quantum Fund de George Soros dieron inicio a la compra apresurada de grandes extensiones de tierra cultivable en Argentina y posteriormente en el Brasil, Paraguay, Colombia, México, Guatemala y Uruguay.


En una década la agricultura, Argentina fue transformada radicalmente. Si en 1970 la soja se sembraba en 9,500 hectáreas ahora su superficie de siembra supera 18 millones de hectáreas produciendo más de 35 millones de toneladas de soja al año. Actualmente Argentina es el primer productor en el mundo de aceite y harina de soja y el tercero de granos. A la vez el país dejó de ser tanto en el mercado externo como interno proveedor de alimentos de naturaleza diversificada. Prácticamente el 100 por ciento de la soja producida en el país (Argentina) es GM RR resistente al herbicida glifosato y ocupa el 50 por ciento de la tierra cultivable.


El impacto del uso de 200 millones de litros de glifosato anualmente, de las fumigaciones, el desmonte, el desplazamiento de campesinos, la falta de alimentos, las nuevas enfermedades, las inundaciones y las sequías son el precio que paga el pueblo por la "sojización" de la agricultura. En su libro "Las semillas de la Destrucción", William Engdahl lanza una advertencia al gobierno de Argentina: "a este paso la tierra cultivable en el país va a ser destruida en unos 50 años". ¿Pero a quién le interesa en este mundo globalizado e individualizado lo que pasará en el futuro?


Mientras tanto las ganancias de las transnacionales GMO están creciendo desmesuradamente junto con el control sobre la producción de semillas en el mundo. Ya poseen tecnología "Terminator" que permite modificación genética de las plantas para producir semillas estériles usando un inductor químico llamado "Traitor" para "activar" o "desactivar" algunos rasgos genéticos del cultivo y para controlar la esterilidad de las semillas. En Guatemala, Brasil, Argentina y México el maíz GN RR contaminó el maíz original orgánico y lo mismo está sucediendo con el algodón, la alfalfa, el trigo, girasol y otros cultivos. Se estima que actualmente los cultivos GM ocupan el 25% de la tierra productiva en el mundo.


El poder de la Monsanto y otras transnacionales de GMO llegó hasta Washington convenciendo al departamento de Estado de ser promotor de la agenda global de la industria de biotecnología. De acuerdo a la ONG "Food & Water Watch", el departamento de Estado ha hecho cabildeo en gobiernos extranjeros para adaptar políticas y leyes amigables hacia la biotecnología. Según cables de WikiLeaks, el gobierno norteamericano trató de influir sobre el tema de la biotecnología a 113 países del total de 193 miembros de las Naciones Unidas entre 2004 y 2009. Lo que trata de hacer Washington es incentivar el consumo de esos alimentos en todo el mundo con el argumento falso de combatir el hambre y crear condiciones para el desarrollo.


Otro de los países que se ha convertido en el paraíso para la industria transgénica es México. Allí la Monsanto, Syngenta, Dow AgroScience, Bayer y PHI México no solamente están implantando el uso de las semillas GM, sino las mismas transnacionales ya tomaron bajo su control la producción y comercialización de los alimentos, lo que significa la pérdida de la soberanía alimentaria en el país. Precisamente lo que en los años 1980 planificó el gobierno de Ronald Reagan elaborando el plan del dominio del mundo a través de los alimentos: "los países que son amigos recibirán los alimentos y se les denegará a los que se rebelan".



 

En el mismo Estados Unidos ya entró en vigencia una clausula legal que permite a Monsanto, Syngenta, DuPont –Pioneer, Dow, Bayer y Basf estar por arriba del sistema judicial, ignorando las órdenes de jueces de suspensión de siembra de cultivos transgénicos inclusive por evidencias científicas que señalan daños a la salud de la población. Actualmente Estados Unidos es el primer productor de la soja en el mundo con 63 millones de toneladas métricas al año y el 90 por ciento de este cultivo es producido con las semillas GM RR. La misma tendencia se observa con el maíz y alfalfa haciendo peligrar las plantas orgánicas y las granjas familiares con la siembra de Monsanto GE alfalfa. Sin embargo, según la conclusión del departamento de Agricultura, a los consumidores no les interesa si los alimentos orgánicos o la leche que consumen tengan o no tengan componentes genéticos.

Así de simple funciona el sistema moderno globalizado del dominio del mundo a través del uso de las "semillas de destrucción". Los "iluminados" tienen su agenda, científicos a su disposición y los medios de comunicación para convertir una mentira en la verdad con el propósito de confundir la opinión pública. Ni les interesa la reciente declaración del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Agricultura (FAO) que indicó que "la monopolización por unas cuantas empresas transnacionales de la tecnología de creación, de organismos genéticamente modificados (GMO) representa una grave amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos".


El fin justifica los medios. Monsanto, DuPont Pioneer, Dow, Syngenta, Bayer, Basf son simplemente un brazo del poder global para minar la soberanía de los 193 países del mundo aprovechando la ignorancia e individualismo de sus pueblos y la docilidad de sus gobiernos que creen que son del 1% y para el 1%.



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jueves, 9 de febrero de 2023

Fwd: Malnutridas, 41.5 millones de personas en México: ONU


Date: jue, 9 feb 2023 

Malnutridas, 41.5 millones de personas en México: ONU


En México, 41.5 millones de personas de todas las edades están subalimentadas o malnutridas, revela un estudio de la ONU. La desigualdad económica; la falta de aplicación –por décadas– de políticas de seguridad alimentaria, y el abandono a las familias campesinas durante el neoliberalismo tiene al 32.2 por ciento de la población con problemas para alimentarse sanamente. La pandemia causó más estragos entre este sector y retrasó los efectos de los nuevos programas sociales


En México, 33 millones 900 mil personas no pueden permitirse una dieta saludable. Se trata del 26.3 por ciento de la población, según un estudio multidisciplinario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otros 7 millones 600 mil personas están subalimentadas por otras razones. En total, en el país hay 41 millones 500 mil personas malnutridas, detalla el informe.


La pandemia de Covid-19 encontró a una población mexicana vulnerable por falta de alimentación adecuada y altos porcentajes de emaciación o adelgazamiento morboso.


Asimismo, en todo el mundo la pandemia profundizó las desigualdades y provocó una crisis económica que padecen más los estratos pobres. Todos los países presentan retrocesos o estancamientos en la lucha por garantizar mejor niveles de nutrición a sus poblaciones.

El informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles está fechado en diciembre pasado y fue elaborado por cinco organismos de la ONU: la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés); el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su acrónimo en inglés).


En el caso de México, detalla que de los 41.5 millones malnutridos, un total de 7 millones 600 mil (el 6.1 por ciento de la población) padecen subalimentación. Otros 4 millones 800 mil (3.7 por ciento) se encuentran en inseguridad alimentaria grave. Y 28 millones 900 mil (22.4 por ciento), en inseguridad alimentaria moderada.


De entre todo ellos, se cuentan 200 mil niños y niñas menores de 5 años con emaciación, es decir, adelgazamiento morboso. Se trata del 1.4 por ciento de los infantes de ese rango de edad.


También hay 1 millón 300 mil menores de 5 años (12.1 por ciento del total) con retraso en el crecimiento debido a factores de asociados con la nutrición.


El estudio multidisciplinario de la ONU también arroja que el costo diario de una dieta saludable en México asciende a 3.293 dólares por persona, unos 64 pesos mexicanos. El monto está fuera del alcance de 33 millones 900 mil personas, bajo el entendido que en una familia de cinco integrantes requiere diariamente de 16.465 dólares, unos 320 pesos al día.


En el documento, México es considerado un país de ingresos medianos altos; pero con profundas desigualdades. Por ello, recomienda al gobierno mexicano "otorgar prioridad a las inversiones públicas en la agricultura, teniendo también en cuenta la nutrición".


De manera específica sugiere al país "invertir en el sector de la caña de azúcar, pues proporciona los mayores beneficios en relación con el crecimiento de la producción, el bienestar y la reducción de la pobreza en comparación con otros sectores agrícolas".


Advierte que las cosechas en este sector no se deben destinar al incremento de la producción de bebidas azucaradas ni confitería. De hecho, recomienda gravar estos productos de escaso valor nutricional al consumo final. Lo que el estudio recomienda es "aprovechar el potencial del sector como principal materia prima para la obtención de biocombustible".


Además de apoyar la agricultura, el Estado debe, al mismo tiempo, otorgar prioridad al apoyo relacionado con los servicios generales a los que tiene derecho la población. Los presupuestos públicos se deben orientar a estos dos rubros "para garantizar que los objetivos de transformación agrícola […] estén adecuadamente armonizados con el objetivo de reducir el costo e incrementar la asequibilidad de las dietas saludables".


También hay 1 millón 300 mil menores de 5 años (12.1 por ciento del total) con retraso en el crecimiento debido a factores de asociados con la nutrición.


El estudio multidisciplinario de la ONU también arroja que el costo diario de una dieta saludable en México asciende a 3.293 dólares por persona, unos 64 pesos mexicanos. El monto está fuera del alcance de 33 millones 900 mil personas, bajo el entendido que en una familia de cinco integrantes requiere diariamente de 16.465 dólares, unos 320 pesos al día.


En el documento, México es considerado un país de ingresos medianos altos; pero con profundas desigualdades. Por ello, recomienda al gobierno mexicano "otorgar prioridad a las inversiones públicas en la agricultura, teniendo también en cuenta la nutrición".


De manera específica sugiere al país "invertir en el sector de la caña de azúcar, pues proporciona los mayores beneficios en relación con el crecimiento de la producción, el bienestar y la reducción de la pobreza en comparación con otros sectores agrícolas".


Advierte que las cosechas en este sector no se deben destinar al incremento de la producción de bebidas azucaradas ni confitería. De hecho, recomienda gravar estos productos de escaso valor nutricional al consumo final. Lo que el estudio recomienda es "aprovechar el potencial del sector como principal materia prima para la obtención de biocombustible".


Además de apoyar la agricultura, el Estado debe, al mismo tiempo, otorgar prioridad al apoyo relacionado con los servicios generales a los que tiene derecho la población. Los presupuestos públicos se deben orientar a estos dos rubros "para garantizar que los objetivos de transformación agrícola […] estén adecuadamente armonizados con el objetivo de reducir el costo e incrementar la asequibilidad de las dietas saludables".


Y recomienda que para minimizar los efectos negativos que estas medidas pudieran tener, los presupuestos destinados a la agricultura se deben adaptar "de manera muy cuidadosa para garantizar que puedan beneficiar a todos los actores de manera colectiva, en particular a las mujeres y los jóvenes".


También recomienda a México ampliar los programas de apoyo existentes, y "crear nuevas iniciativas de protección social para apoyar los medios de vida de los hogares en caso de crisis, en particular a causa de los cambios en las políticas".


Evalúa que el Programa de Apoyo al Campo (Procampo, que luego se convertiría en Proagro) no resultó adecuado para garantizar la seguridad alimentaria. Recuerda que esta iniciativa se puso en marcha tras la liberalización del comercio agropecuario luego de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994.


Detalla que el Procampo fue en realidad una supuesta transferencia de ingresos compensatoria dirigida a los productores frente a la disminución prevista de los precios internos de los cultivos básicos, por la llegada de los granos cultivados en Estados Unidos.


Sin embargo, tras 25 años de funcionamiento, el principal resultado del programa fue que "benefició en mayor medida a los productores más ricos y grandes que a los productores más pobres y pequeños, ya que las transferencias estaban vinculadas principalmente a la superficie de producción que poseían los beneficiarios".


De manera marginal tuvo efectos positivos con respecto a la reducción de la pobreza y las desigualdades.


Reconoce que el Procampo fue sustituido por una nueva iniciativa en 2019, con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los resultados podrán conocerse en un  próximo estudio.


Como se recordará, el actual gobierno sustituyó el Procampo por una serie de programas con dos objetivos generales. El primero es apoyar de manera integral a las familias rurales. Al mismo tiempo se busca que incrementar la producción agropecuaria para que México sea autosuficiente en materia alimentaria.


En sustitución del Procampo, hoy se aplican en las 32 entidades federativas seis programas: Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Precios de Garantía, Bienpesca, Abasto Rural y Abasto Social de Leche.


El estudio muestra que en materia de nutrición y seguridad alimentaria todos los países retrocedieron o se estancaron con la llegada de la pandemia de Copvid-19.


El informe destaca que la evaluación de los resultados obtenidos a nivel mundial "debería disipar cualquier duda que quede de que el mundo está retrocediendo en sus esfuerzos por acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas".

Advierte que sólo faltan 7 años para 2030, el año fijado para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La distancia para alcanzar la mayoría de las metas establecidas se ha ampliado aún más, sobre todo las del Objetivo 2, correspondiente al Hambre y Seguridad Alimentaria. Con respecto a este rubro, incluso cada vez se vuelven más difíciles de alcanzar.


"Se están realizando esfuerzos para avanzar hacia el logro del ODS 2, aunque están resultando ser insuficientes en un contexto más difícil e incierto", señala. Advierte que entre 702 y 828 millones de personas se enfrentan hambre en todo el mundo. Es decir, 180 millones más que cuando se puso en marcha la Agenda 2030 para alcanzar los ODS.


Detalla que la mayoría de las personas que se agregaron a esta estadística lo hicieron luego de la pandemia de Covid-19. Y entre quienes no pasan hambre pero sí resultan afectadas en materia de seguridad alimentaria se incrementaron en 350 millones desde 2019, para llegar a 2 mil 310 millones. Es decir, uno de cada tres seres humanos en el mundo padece alguna dificultad para alimentarse de manera sana.

Señala que "las dietas saludables, cruciales para mejorar la seguridad alimentaria y prevenir todas las formas de malnutrición, también están ahora aún más fuera del alcance de las personas de todas las regiones del mundo".


Agrega que en todo el planeta casi 3 mil 100 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable, "lo que representa un incremento de 112 millones de personas respecto de 2019".


En estudio se señala que la nutrición no sólo es un asunto de disponibilidad de alimentos de cualquier tipo, sino de aquellos que son saludables y de que las personas puedan elegir lo que es sano.


"Hacer que los alimentos nutritivos sean más ampliamente accesibles y asequibles es una condición necesaria, aunque insuficiente, para que los consumidores puedan elegir, preferir y consumir dietas saludables. Por ende, el vínculo con políticas complementarias que promuevan dietas saludables resulta crítico para el éxito."


Detalla que los sistemas agroalimentarios de los países deben enfocarse en la producción de alimentos sanos. Y las autoridades deben trabajar en la generación de nuevos entornos de consumo informado.


Se refiere a "la importancia de las políticas que promueven cambios en los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores en favor de hábitos alimentarios saludables. Estas pueden incluir la aplicación de límites obligatorios o metas voluntarias para mejorar la calidad nutricional de las bebidas y alimentos elaborados, cumpliendo así la legislación sobre comercialización de alimentos, y aplicando políticas de etiquetado nutricional y de adquisición saludable a fin de garantizar que los alimentos que se sirven o venden en las instituciones públicas contribuyan a dietas saludables".



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Fwd: Miguel Concha, O. P. sin maíz no hay país. (Julio 2017)


Date: jue, 9 feb 2023 

Miguel Concha, sin maíz no hay país.

(Julio 2017)


Debido a la entrada del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que implica la importación de maíz y frijol, desde el año 2007 se presentaba una amenaza en el país. En efecto, pueblos indígenas y campesinos, que cuentan con modelos de producción asociados al sistema milpa, veían amenazada la soberanía alimentaria y el derecho a producir y nutrirse de forma adecuada y conforme a sus necesidades y cosmovisiones. Pero la amenaza del TLCAN implicaba todavía más: la desarticulación del sistema milpa. Se pretendía eliminarlo y que se usaran y consumieran granos importados, haciendo del monocultivo la única forma de producción.


Por fortuna más de 300 organizaciones campesinas, sindicales, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres y de alimentación, entre otras, se unieron el 25 de junio de ese año para convocar la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (Cnsmnhp). Se propuso que a partir de ese momento sería más agresiva la defensa de la soberanía alimentaria, la reactivación del campo, su acercamiento con la ciudad, el reflexionar sobre la importancia del derecho a la alimentación en México, y el análisis crítico en torno al uso de los organismos genéticamente modificados. En especial el poner atención al intento del gobierno por permitir en forma masiva la introducción y siembra del maíz transgénico. Ya desde hace 10 años estos temas se presentaron con carácter de urgente, y por ello fue necesario entretejer estrategias diversas y multisectoriales que permitieran enfrentar la voracidad de las grandes corporaciones monopólicas semilleras y agroalimentarias.

Al revisar los 10 años de trabajos de la Cnsmnhp, llama la atención sin duda la creatividad de las organizaciones sociales para realizar denuncias y elaborar propuestas, así como para construir puentes entre los diversos lugares que abarca México. Pero sobre todo para desarrollar una identidad nacional en torno al maíz y la milpa. Y así, hoy contamos con festejos como el Día Nacional del Maíz, establecido cada año para los días 29 de septiembre, y somos conscientes de que la importancia del derecho a la alimentación sana y adecuada es tal, que ahora está incluso reconocido a nivel constitucional. Además, las organizaciones han aprendido que la herramienta de la exigibilidad de los derechos es también una forma de lucha. Han entendido que la lucha por nuestros derechos se lleva a cabo bajo el principio de la integralidad, según el cual éstos no se pueden jerarquizar, sino que, al ponerlos en acción, generan movilización, reconociendo que con ello no se agota el trabajo organizativo, sino que es tan sólo uno de los pilares que hoy sostienen las luchas sociales en el país.


Es importante entonces reconocer también los diversos instrumentos jurídicos que han sido usados por parte de las organizaciones que integran la Cnsmnhp, y que confluyen en una demanda colectiva contra la siembra comercial de maíz transgénico. Con ella se han obteniendo medidas cautelares, vigentes hasta la fecha, que prohíben al gobierno mexicano otorgar permisos de siembra comercial de maíz transgénico. Esta lucha ha sido inspiración para diversas causas que utilizan también el litigio estratégico en la defensa de sus derechos, y pretenden que en todo momento éste sea un instrumento que fortalezca los procesos organizativos y de resistencia de las comunidades y pueblos. Me detengo un poco más en este asunto.


Desde septiembre de 2013 los tribunales federales han dictado diversas órdenes para suspender la siembra comercial de maíz transgénico. Y en marzo de 2016 un tribunal de apelaciones sujetó también a vigilancia judicial dichas siembras con fines de investigación. Sin embargo, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha pospuesto indebidamente la tramitación de tales permisos. Desde entonces, y hasta la fecha, se cuentan 46 meses en los que no se ha autorizado en el país por mandato judicial siembra alguna de dicho maíz. Es entonces lamentable que las instituciones encargadas de velar por nuestro derecho a la diversidad biocultural y a la alimentación sean omisas ante tales resoluciones, pues estamos enterados que continúan dichas siembras en forma ilegal. Por ejemplo, y de manera descontrolada, en estados como Chihuahua; y que, aún sabiéndolo, instituciones como la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM)se autolimiten en el cumplimiento de resoluciones judiciales.


Para la Cnsmnhp urge cambiar el modelo neoliberal y el régimen autoritario de gobierno, por uno basado en la defensa del bien común y los derechos individuales y colectivos. Se requiere asimismo consolidar la soberanía alimentaria e hídrica del país, y garantizar nuestros derechos a seguir siendo pueblos indígenas y campesinos, y a conservar y usar nuestras propias semillas. Que todas las personas vean garantizado su derecho a una alimentación sana, adecuada y suficiente, y a contar con información veraz, clara y oportuna sobre lo que comemos. Se requiere igualmente retirar de manera inmediata y urgente la agricultura y la alimentación del TLCAN y de cualquier otro tratado de libre comercio, y prohibir definitivamente las siembras e importaciones de maíz, soya y otros alimentos transgénicos. Se deben también respetar los territorios campesinos y sus recursos, conservando la propiedad social de la tierra, y promover la siembra de cultivos agroecológicos sin uso de químicos, pesticidas y fertilizantes que dañan el ambiente y contribuyen al calentamiento global. Deben incentivarse igualmente cadenas cortas agroalimenticias, para que los alimentos de producción agroecológica sean vendidos a comunidades cercanas a precios justos y sin intermediarios.



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