[CEM] Participar para transformar | Elecciones 2018

Participar para transformar

BOLETÍNES Y COMUNICADOS CEM 2017

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Participar para transformar

2018/03/19 

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Participar para transformar

Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del proceso electoral 2018

Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia que peregrina en México:

1. Participar en la vida cívica y política de nuestras comunidades es una obligación ciudadana y cristiana que no podemos ni debemos obviar. Sólo participando podemos transformar positivamente nuestra nación, en fidelidad a sus orígenes y a su destino histórico.

Durante el presente año se realizarán elecciones en las que se renovarán más de 3 mil cargos públicos en 30 entidades federativas, incluyendo al Presidente de la República, a los Senadores, a los Diputados federales, a 9 gobernadores, a más de 1000 alcaldes y una parte importante de los diputados locales. Sin embargo, lo más relevante es que cerca de 90 millones de mexicanos, mayores de 18 años, podremos emitir nuestro voto de manera libre y secreta.

A continuación deseamos compartirles algunos elementos que ayuden al discernimiento personal y comunitario que cada fiel cristiano está llamado a hacer para cumplir con la obligación moral de elegir a sus gobernantes y legisladores.

2. En la actualidad, como en otros momentos debemos recordar que "en las situaciones concretas, y teniendo siempre en cuenta la solidaridad que nos es debida, es necesario reconocer una legítima variedad de opciones [políticas] posibles. Una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes." (Cfr. Paulo VI, Octogesima Adveniens, 50). Esto quiere decir que la fe cristiana trasciende las propuestas políticas concretas y deja en libertad a los fieles, para que elijan en conciencia de acuerdo a los principios y valores que han descubierto en la experiencia de la fe.

Jesucristo, núcleo central de nuestra fe, nos revela verdades fundamentales que también son accesibles a la razón humana y que ayudan a que la vida de todos sea más digna y libre: el respeto que merecen las personas desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural; la importancia del matrimonio heterosexual y monogámico; la vigencia de la más plena libertad para vivir de manera individual y asociada de acuerdo a nuestras opciones en conciencia en materia religiosa; la centralidad ética y social que poseen los más pobres y excluídos de nuestras sociedades, etcétera. 

3. En el escenario concreto que vivimos, cuando los valores fundamentales palidecen, es preciso hacer el esfuerzo de un discernimiento crítico que nos permita optar en conciencia por quienes puedan realizar en lo posible el auténtico bien común. Por lo que exhortamos, a todos los cristianos y personas de buena voluntad, a:

• Participar cívicamente: entre más ciudadanos participen organizadamente en las elecciones, más posibilidades habrá de que nuestra sociedad madure y sea corresponsable en la gestión del bien común. Todos debemos alentar la participación.
• Orar en familia y en comunidad: para que la próxima jornada electoral se realice, en paz y armonía, y sea al mismo tiempo, una gran ocasión para que desde la fe todos podamos mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el pueblo real, que hoy se encuentra, en diversas regiones y en difíciles circunstancias, sufriendo.
• Buscar el "bien posible": hay que evitar a toda costa elegir en base al "mal menor". En la enseñanza de la Iglesia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni como medio. El principio del "mal menor" sólo aplica cuando los males en juego son de orden físico, no moral. En contextos complejos e imperfectos lo que debe imperar es la búsqueda del "bien posible" que aunque sea modesto, todos estamos obligados a procurar. En un proceso electoral como el que tendremos, esto significa que la conciencia cristiana debe discernir cual de las opciones puede generar un poco más de bien, tomando en cuenta la complejidad de las circunstancias. Hacer el "bien posible" significa impulsar lo que aporte al bien común, a la paz, a la seguridad, a la justicia, al respeto a los derechos humanos, al desarrollo humano integral y a la solidaridad real con los más pobres y excluidos.
• Elegir a las personas: en todos los partidos podemos encontrar personas más o menos comprometidas con el bien común. Por ello, es necesario discernir por quién votar. Lo prudente  y responsable es buscar para cada puesto de elección popular a la persona más idónea y no dejarnos manipular para que votemos en bloque por un solo tipo de propuesta, de manera irreflexiva y mucho menos bajo alguna modalidad de "compra de voto". Entre más libertad exista al momento de elegir, más capacidad tendremos al momento de exigir.
• El México que queremos es posible: y requiere fundamentalmente de un gobierno que trabaje con honestidad y eficacia; pero también, de ciudadanos participativos que den seguimiento a los procesos de Justicia, Fraternidad y Paz. El voto de los mexicanos, debe producir Gobernantes y autoridades responsables; y generar una opinión cívica crítica. Pues en el ejercicio ordinario de los funcionarios, nuestro voto exige el sano control sobre nuestros políticos: en su remuneración y gratificaciones, en los gastos de partidos y publicidad, en los proyectos y obras públicas, en el control de la corrupción, la ilegalidad y la eliminación de arbitrariedades.

4. Sólo la presencia participativa, de manera constante y solidaria en la vida de nuestro país, destierra gradualmente la violencia, la corrupción, la impunidad y el compadrazgo. Es tiempo de que los católicos, acompañados de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, trabajemos comprometidamente por un México más próspero y pacífico, más solidario y participativo, más atento al rostro de los más pobres y menos cómplice de quienes los olvidan, los manipulan o los marginan.

5. Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive y Patrona de nuestra libertad, interceda por nosotros, para que trabajemos sin desfallecer por la unidad y soberanía de nuestro pueblo; por la promoción y defensa de nuestras comunidades y familias; y por reintegrar en su dignidad a todos aquellos, hermanos nuestros que hayan sufrido alguna vejación, discriminación o inequidad. Que Ella preserve la paz en nuestra Patria, nos dé buenos gobernantes y nos permita descubrir los caminos de justicia, reconciliación y esperanza por los que como sociedad debemos transitar desde el momento presente.

Por los obispos mexicanos.

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2018.

+ Card. José Francisco Robles Ortega

Arzobispo de Guadalajara 

Presidente de la CEM

+ Mons. Alfonso Miranda Guardiola

Obispo Auxiliar de Monterrey

Secretario General de la CEM

Se destapa corrupción de Meade en Sedesol: desaparece 12 mil mdp destinados a indígenas - Proceso

Se destapa corrupción de Meade en Sedesol: desaparece 12 mil mdp destinados a indígenas

En el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade se convirtió en titular de la Sedesol, esta dependencia consiguió más de 12 mil millones de pesos adicionales al presupuesto que tenía aprobado; oficialmente se dijo que los recursos serían utilizados para apoyar a niños y ancianos indígenas. Sin embargo, los años siguientes a 2015 –año electoral– el presupuesto para esa población regresó a las cantidades de antes. Es decir, el ahora candidato presidencial contabilizó a millones de niños y ancianos indígenas "fantasmas" que no volvieron a aparecer, igual que el dinero extra que recibió.

POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA , 21 ABRIL, 2018

PRESIDENTE 2018, REPORTAJE ESPECIAL

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade Kuribreña asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia consiguió incrementos presupuestales por 12 mil 645 millones de pesos que, sin pasar por el Congreso ni consultar a las dependencias previstas por la ley, tuvieron un destino incierto.

Un análisis presupuestal del gobierno permitió observar que dichos recursos servirían para beneficiar a 2 millones 466 mil adultos mayores y a otros 2 millones y medio de niños, ambos entre la población indígena y que, según estadísticas oficiales, no existen.

La anomalía en el manejo presupuestal fue informada a Miguel Ángel Osorio Chong, cuando era secretario de Gobernación; a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, así como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, sin embargo, no indagaron ni hicieron público lo ocurrido.

Mediante un programa llamado Pensión para Indígenas Adultos Mayores, de la Sedesol, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2015 había previsto fondos por el orden de 12 mil 958 millones de pesos. Pero a la llegada de Meade –hoy candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México– se aplicaron modificaciones en el tercer y cuarto trimestres que, de manera inexplicable, aumentó a 23 mil 376 millones de pesos.

Los datos fueron identificados en 2016 por Jaime Martínez Veloz, entonces titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, que denunció el comportamiento presupuestal anómalo del segundo semestre de 2015. 

Al notar la modificación presupuestal, Martínez Veloz vio que el mencionado programa estaba destinado a indígenas de 65 años o más, una población objetivo variable, dependiendo de la definición estadística y la metodología pero que, en el gobierno federal tiene como base los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Los datos del INEGI fueron interpretados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que contabilizó 892 mil 190 indígenas mayores de 65 años en todo el país.

El cálculo de Martínez Veloz fue elemental: un beneficiario del programa recibe una pensión mensual de 580 pesos, esto es 6 mil 960 pesos anuales. Por lo tanto, con el presupuesto de 12 mil 958 millones se podía atender a 1 millón 861 mil 800 personas, una cantidad que, conforme a la estadística oficial, era más del doble de la población objetivo.

Ya con el incremento presupuestal a 23 mil 376 millones de pesos se podría atender a 3 millones 358 mil 588 personas. Esto es, 3.8 veces la cantidad de adultos mayores indígenas que hay en México. Dicho de otra manera: partiendo del supuesto poco probable de que todos los adultos mayores indígenas hubieran recibido el beneficio, quedan 2 millones 466 mil 398 beneficiarios que no existen. 

Conforme al análisis realizado por la CDPIM, en 2016 y 2017 los recursos asignados al programa Pensión para Indígenas Adultos Mayores, volvió a los niveles que tenía originalmente en el PEF de 2015.

"La cuestión es: ¿qué hicieron con los millones de indígenas mayores de 65 años que incorporaron en 2015? ¿En 2016 ya no los apoyaron? ¿Los desaparecieron de los padrones? ¿O en realidad nunca existieron?", plantea Martínez Veloz en entrevista.

También los niños

Como ocurrió con los recursos para los adultos mayores pasó también con lo destinado a niños beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles Indígenas: hubo un incremento de mil por ciento, pero los recursos no reflejaron una ampliación de estancias ni de niños beneficiarios.

En el mismo segundo semestre de 2015 la partida para dicho programa se incrementó de 228 millones a 2 mil 515 millones de pesos.

Según datos oficiales, disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Sedesol, en 2014 había 9 mil 504 estancias infantiles indígenas en el país que atendían a 290 mil 175 niños.

Al concluir 2015, los datos oficiales establecen que había 9 mil 534 estancias infantiles –sólo 30 más– en las que se atendía a 303 mil 374 niños, esto es 13 mil 199 infantes más, una cifra que de por sí, parece desproporcionada en el análisis de la CDPIM.

Una vez más la operación es sencilla y el contraste insostenible, asumiendo que la información sobre cantidad de estancias y niños beneficiarios es verídica: el presupuesto para esas estancias creció mil por ciento, pero la cantidad de estancias aumentó  sólo .3% y el número de beneficiarios, 4.5%.

Para 2016 el presupuesto volvió a ser como se había programado en el PEF 2015, por lo que el entrevistado vuelve a plantear:

"¿Dieron de baja a niños no indígenas para incorporar indígenas? ¿A mitad de año? ¿Cómo supieron que eran indígenas los que incorporaron? ¿Y dónde están los expulsados del programa?"

En total, con esos dos programas, la cantidad irregular asciende a 12 mil 645 millones de pesos.

Los denunció

El pasado 10 de enero Martínez Veloz presentó su renuncia a la CDPIM, pero aclara: "Que no se cuestione por qué no denuncié antes". Luego ofrece los documentos con sello de recibido en 2016 y 2017.

En dos oficios dirigidos a Osorio Chong (SG/CDPIM/109/2017 y SG/CDPIM/110/2017, del 2 y el 5 de octubre de 2017, respectivamente, de los que Proceso tiene copia), Martínez Veloz entregó un análisis del presupuesto destinado a programas relacionados con la población indígena.

Los oficios fueron entregados también, en las mismas fechas, a los diputados Vitalico Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y a Charbel Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ambos priistas, así como al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal.

Con base en el artículo 26, fracción I, del PEF 2017, las disposiciones de operación de programas en materia indígena deben considerar la participación de la CDI, así como de la CDPIM, por lo que Martínez Veloz realizó la revisión, encontrando una reducción drástica a todos los programas del rubro, así como las irregularidades respecto a las que expuso:

"En diversos análisis de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, elaborados por esta Comisión, se ha documentado la falta de claridad acerca de los criterios y metodologías usadas por estos programas para identificar a la población indígena y ejercer los recursos etiquetados, lo que implica que mientras los recortes al presupuesto sí impactaron directamente a la población indígena, los incrementos compensatorios no representaron beneficios adicionales a este sector de la población."

Por "incrementos compensatorios" se refiere en el documento, a la forma en que se disparó el presupuesto de la Sedesol.

Todo se inició a mediados de 2016 –explica Martínez Veloz– cuando la integración del PEF 2017 observó que había "una tendencia a reducir sustancial y sistemáticamente los recursos destinados a la atención de esta población".

Los datos del gasto público así lo reflejaban. Por ejemplo, en 2015 se redujo 22.5% el presupuesto de la CDI; el Programa de Infraestructura Indígena bajó 31.2%. Y como los programas de atención a los pueblos y comunidades indígenas son transversales, es decir, implican a diferentes dependencias y entidades gubernamentales, identificó otros recortes drásticos.

Los programas operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se redujeron 26.6%; por la Secretaría de Agricultura, 27.8%; de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 37.2%. En suma, esos recortes representaron una reducción total al presupuesto destinado a programas de atención a la población indígena por 8 mil 781 millones de pesos, una cantidad 3 mil millones de pesos inferior a lo que se asignó la Sedesol de Meade.

"Nos dimos cuenta de que en el tercer trimestre de 2015, cuando entra José Antonio Meade a Sedesol, se disparó la inversión. Naturalmente no consultaron a la CDI ni a la CDPIM, fue un acuerdo de Sedesol con Hacienda, donde era titular Luis Videgaray", explica.

El tercer trimestre se operó un primer incremento al programa de Adultos Mayores Indígenas para situar en 16 mil millones el presupuesto anual; en el cuarto trimestre se registró otra ampliación que lo coloca en 19 mil millones y, "si hasta entonces se nos hacía muy raro, nuestra sorpresa fue cuando vimos en la cuenta pública que terminó en los 23 mil 350 millones… todo, en 2015, un año electoral".

Añade: "Hubo un disparo de las cifras en 2015 que es inexplicable y que nosotros hicimos del conocimiento de quienes podían hacer algo. Yo no soy investigador y teníamos que llevarlo a las instancias competentes, que son la Cámara de Diputados y la ASF".

–¿Y nadie respondió?

–Fuimos a la Auditoría Superior de la Federación a decirles que estábamos preocupados por esta situación. Después tuvieron otras prioridades… pero lo cierto es que no contestaron.

–¿En qué momento fueron?

–Primero cuando vimos el primer salto en 2016 y no tuvimos respuesta. Cuando vimos que el asunto no avanzaba y sobre todo cuando recortaron otros rubros que repercuten en los pueblos y comunidades indígenas y que coincidían con la llegada de Meade a la Secretaría de Hacienda, nos reunimos el 25 de octubre de 2017 con Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de la ASF.

En una revisión realizada por Proceso al sistema de consulta pública de la ASF, resultó que las auditorías practicadas a la Sedesol por el ejercicio fiscal 2015 no incluyeron los programas de adultos mayores ni de estancias infantiles indígenas.

Y debido a la secrecía que deben guardar los órganos internos de control, no fue posible saber si la Secretaría de la Función Pública o el órgano interno de control abrieron alguna investigación al respecto.

El recorte a la CDI fue también inusual y, para el entrevistado, injustificado, sin ningún criterio, desproporcionado. De 11 mil 900 millones que tenía se le dejó en 5 mil 900 millones de pesos.

"A los indígenas en términos presupuestales les fue mal con Meade. Tuvimos reuniones con el Congreso, con representantes de pueblos indígenas, y aunque hubo diputados que apoyaban que al menos se establecieran los mínimos para esta dependencia, a final de cuentas quedó tal como lo presentó Meade."

La preocupación, advierte, por los recortes presupuestales era por la creciente conflictividad en pueblos y comunidades indígenas, y mientras la CDPIM intentaba acercamientos, se topaban con el malestar de los pueblos. La CDI prácticamente estaba incapacitada para dar respuesta, dice, pues cuando llegaban, encontraban que se habían cancelado programas de agua potable, vivienda o infraestructura social. 

"En Gobernación enfrentábamos las broncas que se generaban por las condiciones que imponían las áreas económicas. En Hacienda, por ejemplo, sin decir agua va, cortaban presupuestos sin ninguna justificación. Luego los incrementaban, como este incremento que es inusual y que autorizaron de esa partida de adultos mayores sin ninguna aprobación del Congreso, ni opinión de nosotros ni de nadie."

–¿Identificó ampliación en padrones o algo que acreditara cómo se bajó esa cantidad?

–No, ¿de dónde lo pueden inventar si el INEGI dice que no existen? Al año siguiente las partidas asignadas regresaron a los términos iniciales de 2015 y 2014. El único año en que hubo un disparo en esa partida fue 2015, en el momento en que estaba Meade al frente de la Sedesol. 

Su conclusión: "Lo que puedo decir es que inventaron 1 millón y medio de indígenas mayores de 65 años que no existen en el país, que son fantasmas. No hay forma de justificarlo, te lo digo categóricamente. Lo que hizo (Meade) con la CDI fue quitarle recursos, y de eso que le quitó lo mandó a la Sedesol para atender un grupo fantasma, un grupo que no existe, de beneficiarios".  

Este reportaje se publicó el 22 de abril de 2018 en la edición 2164 de la revista Proceso.

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Asesinan a sacerdote dentro de parroquia en Tlajomulco de Zúñiga - Proceso

Asesinan a sacerdote dentro de parroquia en Tlajomulco de Zúñiga

21 de abril de 2018

PROCESO

21 de abril de 2018

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Arquidiócesis de Guadalajara externaron su repudio y consternación por el asesinato del sacerdote Juan Miguel Contreras García, vicario parroquial del templo de San Pío de Pietrelcina, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El sacerdote, de 33 años de edad y a dos años de haberse ordenado, fue ultimado con tres disparos mientras realizaba una confesión en su oficina, la noche de este viernes.

"De acuerdo con las primeras investigaciones (Contreras García) fue posiblemente atacado por dos hombres, quienes ingresaron a la sacristía de la parroquia y agredieron directamente al occiso para posteriormente huir en un vehículo compacto", informó la Fiscalía de Jalisco.

La CEM hizo un llamado para construir una cultura de paz y de reconciliación, y solicitó a las autoridades competentes investigar exhaustivamente hasta aclarar los hechos, para actuar conforme a la justicia, y no permitir que éste, ni los demás crímenes, queden impunes.

La Arquidiócesis de Guadalajara pidió urgente acción de las autoridades para castigar el crimen y hacer un llamado "a quienes cometen estas atrocidades" a que reflexionen sobre el daño a familias y sociedad que causan, "para que su mente y su corazón se muevan a la conversión de sus actos".

El finado presentaba tres impactos: uno en el tórax y otros dos en el pecho, pero logró sobrevivir hasta la llegada de los paramédicos, quienes procedieron al protocolo de maniobras de reanimación pero no lograron evitar que cayera en paro cardiaco y muriera.

Cuatro sacerdotes han sido ejecutados en lo que va del año, 23 en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

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Los puntos clave del proyecto 2018-2024 que propone Morena

Banda ancha, cárcel a corruptos y reconstrucción: lo que dice el proyecto 2018-2024 de Morena

En su proyecto, Morena propone prisión preventiva oficiosa a delitos relacionados a corrupción, y reducir el tamaño de la administración federal.

Cuartoscuro Archivo

Redacción Animal Político

noviembre 20 2017 17:55

Reformar el artículo 19 constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa a delitos relacionados a corrupción, reducir el tamaño de la administración federal, y ampliar la cobertura de banda ancha para las zonas marginadas de México a precios accesibles, son algunas de las propuestas del proyecto de nación 2018-2024, aprobado por el partido Morena este lunes.

Durante la presentación, Alfonso Romo Garza detalló que el proyecto estará disponible en la página proyecto18.mx, para que se sumen propuestas al mismo. "Es un preproyecto que necesita enriquecerse con sus aportaciones para redactar el documento final", dijo Romo en el Auditorio Nacional.

El proyecto tiene como base siete criterios: combate a la corrupción, respeto al Estado de Derecho, seguridad, cumplimiento de la ley, ejecución realista de los recursos económicos, la libertad como centro, y tener a la educación y la cultura como prioridad.

A continuación, algunas de las principales propuestas:
Política y gobierno

• Impulsar Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, dándole total autonomía y ciudadanización plena a los órganos de combate a la corrupción.
• Vigilar estrictamente a cualquier actor privado que realice tareas gubernamentales o reciba recursos públicos. Establecer tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión. Elaborar padrón público de contratistas sancionados o incumplidos.
• Fomentar colaboración internacional para el combate a paraísos fiscales. Endurecer controles del sistema bancario sobre lavado de dinero. Investigación minuciosa y cancelación de empresas fantasma.
• Eliminar el fuero al presidente.
• Hacer obligatorias las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todos los servidores públicos.
• Que cada peso público sea monitoreado en línea a través de procesos de compras en tiempo real.
• Prohibir las adjudicaciones directas.
• Evitar la participación de empresas 'fantasma'.
• Verificar los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
• Participación de vigilantes ciudadanos en los procesos de contratación.

Sociedad segura y Estado de Derecho

• Crear Policía Turística y analizar la creación de una Guardia Nacional.
• Relanzar el programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia.
• Cero tolerancia a la corrupción en los cuerpos de seguridad. Creación del Colegio Nacional de Seguridad Pública para formar mandos policiales de excelencia.
• Dar mayor autonomía y facultades de sanción a la Auditoría Superior de la Federación.
• Reformar el 19 constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa a delitos relacionados a corrupción. Dotar de mayor autonomía a los servicios periciales.

Gobierno abierto

• Reducir el tamaño de la administración federal sin sacrificar la calidad del gobierno.
• Reformar el 35 constitucional para ampliar el alcance de las consultas populares.

Política industrial

• Activar una Zona Económica Libre en toda la frontera norte del país para rescatar su potencial, generando empleos para migrantes y atrayendo al consumidor fronterizo de ambos países.

Energía

•  Invertir en PEMEX, construyendo dos refinerías en el sexenio e impulsando refinerías de biodiesel, acelerando al mismo tiempo la transición hacia energías renovables.
• Rehabilitar las centrales termoeléctricas y construir nuevas en sitios de plantas descontinuadas.

México conectado a internet 

• Ampliar la cobertura de banda ancha para las zonas marginadas de México a precios accesibles. Crear el Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha e incentivar a los operadores a ampliar la cobertura mediante un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.

Reconstrucción de zonas afectadas por el sismo 

• Invertir 45 mil millones de pesos de ayuda directa a población damnificada. Reconstruir viviendas dañadas, infraestructura carretera y de transporte, patrimonio histórico y cultural, infraestructura educativa y de salud. Realizar el proceso con la participación de las comunidades y con la guía de expertos.

Tren turístico transpeninsular

• Detonar el desarrollo de la región sur de la península de Yucatán construyendo un tren de mediana velocidad que conecte la zona turística de la Riviera Maya.

Política tributaria

• No aumentar impuestos ni crear nuevos. La prioridad de la política tributaria será la estabilidad macroeconómica, con finanzas públicas equilibradas. La mayor parte del ajuste fiscal vendrá de la reingeniería del gasto público.

Educación 

• Incluir a 150,000 jóvenes actualmente excluidos del Subsistema de Educación Media Superior para que completen su bachillerato.
• Reconocer autonomía a las universidades privadas que han alcanzado altos estándares de desempeño, permitiendo un nuevo esquema de colaboración que fomente la inversión e innovación en la educación superior.

Lee el documento completo:

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La iglesia católica en campaña: lanza manual rumbo a elecciones 2018 - Pulso Diario de San Luis

La iglesia católica en campaña: lanza manual rumbo a elecciones 2018

Mie 20 diciembre 2017

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Frente a las elecciones de 2018, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) impartirá talleres de construcción de ciudadanía en las 93 Diócesis del país, que tienen como objetivo fortalecer las capacidades ciudadanas para la defensa de sus derechos, que los ejerzan y rechacen "todo acto de ilegalidad, corrupción, impunidad, violencia e injusticia", asegura José Leopoldo González Obispo de Nogales.

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social-Cáritas Mexicana asegura —en el documento Transformemos nuestro entorno. Manual de construcción de ciudadanía— que a México le "urge una ciudadanía que fortalezca una democracia participativa y reconstruya el tejido social".

Con los talleres, que pretenden tener impacto en millones de católicos y de otras congregaciones religiosas, "la apuesta es decirle al cristiano: 'Hay que entrarle a la política, en el sentido amplio, no en el sentido partidista', sino a la política que es la búsqueda del bien común, y en ese sentido involucrarse en lo público y cada quien asumir desde donde esté el participar, quienes tengan la posibilidad de entrar a lo partidista que le entren, pero quienes no, que lo hagan desde la junta de vecinos, asamblea de padres de familia y otras formas de asociación locales", dijo Jimena Esquivel, secretaria ejecutiva de la Dimensión de Justicia, Paz, Reconciliación, Fe y Política de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social.

Explicó que la idea es a largo plazo, que los ciudadanos transformen su entorno social, pero una vez que inicie el proceso electoral rumbo a julio de 2018, la idea es que los obispos puedan hacer "un llamado a lo mejor, para que el voto sea razonado, reflexivo".

En el documento, el obispo de Nogales reconoce que "la construcción de esta ciudadanía activa y participativa requiere procesos de formación para que las personas desarrollen las competencias que les permitan conocer y defender sus derechos y obligaciones, ejercerlos y rechazar todo acto de ilegalidad, corrupción, impunidad, violencia e injusticia".

En la presentación afirma que los fieles y sacerdotes que tomen los talleres encontrarán "una herramienta oportuna para la animación de la pastoral social que busca, entre otras cosas, transformar su entorno y fortalecer la identidad de los cristianos como ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad más justa y un país más democrático".

La tarea que emprenden, agregó, está encomendada a "la intercesión de María Santísima de Guadalupe, que quiso venir a escuchar el clamor de sus hijos, especialmente, los más pequeños y necesitados de su maternal protección".

El manual retoma una carta del papa Francisco enviada al cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, fechada el 19 de marzo de 2016, en la que habla sobre el significado del trabajo de los pastores y laicos en la vida pública, el cual pretende alentar, acompañar y estimular todos los intentos, esfuerzos que se hacen por "mantener viva la esperanza y la fe en un mundo lleno de contradicciones. Significa, como pastores, comprometernos en medio de nuestro pueblo y con nuestro pueblo sostener la fe y su esperanza.

"Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia o en las cosas de la parroquia o de la Diócesis y poco hemos reflexionado en cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana; en su quehacer cotidiano, con las responsabilidades que tiene se compromete como cristiano en la vida pública. Sin darnos cuenta hemos generado una élite laical creyendo que son laicos comprometidos sólo aquellos que trabajan en cosas de los curas, y hemos olvidado, descuidado al creyente que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe", resalta la misiva del pontífice.

Los módulos. En entrevista con EL UNIVERSAL Jimena Esquivel dijo que los obispos y el Episcopado pretenden con estos talleres que los católicos se involucren en la política y en los asuntos públicos para tener un voto razonado.

Comentó que desde hace cuatro años la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, ha apostado por la formación de los fieles más participativos, capaces de incidir en la transformación de su entorno y en la búsqueda del bien común, por lo que los talleres de construcción de ciudadanía es un proyecto que han preparado desde hace varios meses.

En octubre comenzaron a impartirse los primeros talleres a manera de proyecto piloto, en las diócesis de Tulancingo, Tula y Huejutla, en Hidalgo; en los primeros días de noviembre se llevaron a la diócesis de Tijuana, Ensenada, La Paz y Mexicali.

Durante la 104 Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano se dieron a conocer los talleres y el manual para la construcción de la ciudadanía, que se empezó a difundir esta semana en las 93 diócesis.

Hasta ahora han recibido solicitudes de las diócesis de Zamora y Apatzingán, en Michoacán; de la Provincia Eclesiástica del Bajío, integrada por la Arquidiócesis de León y las diócesis de Celaya, Irapuato y Querétaro; las del estado de Oaxaca, así como de la Morelos. Se prevé que en las primeras semanas de enero los talleres se impartan en esas regiones.

El documento, elaborado en coordinación con el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), detalla que el taller de construcción ciudadana se compone de cinco partes: inducción, tres módulos temáticos y evaluación, que en total comprenden 12 horas de trabajo presencial; durante la inducción se presentarán los objetivos, así como su contenido, se establecerán los acuerdos para su desarrollo y se integrará al grupo.

"La metodología de capacitación recupera experiencias de los participantes; incluye la resolución de problemas a través de actividades individuales, grupales y en plenaria; propone referentes teóricos para el desarrollo de habilidades de autorregulación, colaboración, diálogo y participación", señala el manual.

El primer módulo se titula Práctica religiosa y participación ciudadana, en el cual se analizará la influencia de las comunidades religiosas en la promoción de una cultura de la legalidad con justicia y dignidad. En él se plantean reflexiones para que el participante analice su grado de corresponsabilidad en la construcción de una sociedad corrupta, ilegal e injusta, "de tal modo que sea capaz de asumir una actitud responsable en la construcción de una cultura de la legalidad".

Para el segundo módulo, que lleva por título Personas y compromiso social, que tiene como objetivo valorar los derechos humanos como fuente del compromiso social, se establece la dignidad humana como punto de partida y de llegada para el ejercicio de la ciudadanía; se explican los derechos humanos, una cultura de la legalidad con justicia y dignidad como base del Estado democrático de derecho.

En el tercer módulo, Transformación social cristiana, se busca generar estrategias para promover la transformación social a través del ejercicio de la ciudadanía, los participantes propondrán acciones que puedan incidir en la transformación positiva de su entorno.

Durante las 12 horas del taller los participantes realizarán 15 actividades en las que reflexionarán sobre la relación entre la religión y la participación ciudadana, la corrupción, así como la incidencia de la fe religiosa de los cristianos en su comportamiento.

También se analizarán las diferentes formas de gobierno, los elementos que conforman a un Estado de Derecho Democrático y su diferencia con el gobierno autoritario, con el objetivo de que los talleristas concluyan que "la participación ciudadana es un elemento fundamental para fortalecer el Estado democrático de derecho".

Generación de liderazgos

Jimena Esquivel comentó que la Iglesia católica siempre se ha preocupado por la construcción de la ciudadanía. "No nos queremos quedar en dar un taller para reflexionar sobre el voto analítico, sino generar liderazgos comunitarios que atiendan las necesidades y problemáticas de la comunidad; la apuesta es no hacer la bifurcación entre la fe y la política, no van separadas, sino que para ser un buen cristiano hay que ser un buen ciudadano, y ser un buen ciudadano significa involucrarte en lo público y participar".

Al término del taller se realizará una evaluación que permitirá identificar las competencias desarrolladas durante la capacitación en función de los conocimientos, actitudes y aptitudes aprendidos por los asistentes. En el documento se anexa una "boleta" de autoevaluación para los participantes, en la que calificarán en una escala del uno al tres los conocimientos adquiridos, donde uno es nada, dos es poco y tres es mucho.

El texto de 125 páginas incluye materiales de lectura para los talleristas, uno de ellos es la Declaración para la paz y justicia, de los Cristianos Evangélicos Unidos en un Clamor por México, de agosto de 2015 en el que se exigía a los candidatos a diputados federales la aplicación de la Ley General de Protección a Víctimas del Delito o agilizar la aprobación y aplicación de la Ley de Participación Ciudadana. A los miembros del crimen organizado los invitaban a "convertirse al amor y la justicia. Es posible regresar a la honestidad. Algún día enfrentarán la justicia de Dios, por eso antes de que sea tarde, abran sus corazones a Dios, quien les está esperando".

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La Jornada: Wixárikas dan 15 días al gobierno de Jalisco para cumplir acuerdos

Wixárikas dan 15 días al gobierno de Jalisco para cumplir acuerdos

Habitantes de la comunidad wixárika de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), municipio de Mezquitic, Jalisco, efectuaron el martes un recorrido para mostrar que reabrieron las escuelas, como acordaron con el gobierno del estado, con la condición de recibir obras y serviciosFoto cortesía de la comunidad de Tuapurie

Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 2 de noviembre de 2017, p. 26

Guadalajara, Jal.

Indígenas wixárikas de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic), advirtieron que si en 15 días el gobierno de Jalisco no cumple las promesas que hizo el mandatario priísta Aristóteles Sandoval Díaz a esta comunidad del norte del estado, cerrarán 26 escuelas, dos albergues y caminos de acceso, como hicieron en octubre.

Tras reanudar clases esta semana, luego de que el 27 de octubre el gobernador y parte de su gabinete acudieron a Tuapurie, donde recibieron en asamblea un pliego petitorio de 20 puntos que Sandoval Díaz firmó para atender carencias de infraestructura, salud y educación, marcharon para advertir que abrieron las escuelas bajo protesta.

En caso de no cumplirse los acuerdos urgentes, se cerrarán de nuevo, arengaron en las calles de Tuapurie. Los planteles estuvieron cerrados desde el pasado 29 de septiembre.
Explicaron que en la reunión del pasado 27 de octubre demandaron a Sandoval Díaz y a varios secretarios de su gabinete electricidad y agua potable en las escuelas, así como obras públicas, abasto de medicamentos y asignación de médicos calificados.

Dieron a conocer que ayer ambas partes se reunieron para dar seguimiento a dichos compromisos. Resaltaron que su movimiento es autónomo y ajeno a otros intereses que no sean mejorar las condiciones de vida de Tuapurie, donde se asientan unas 16 localidades wixaritari.

Este movimiento surge de la inquietud y las necesidades de los comuneros: educación, salud, infraestructura y desarrollo social. No es iniciativa de un un grupo específico, sino la alianza de diferentes actores de la comunidad, explicaron en un comunicado.
Desmintieron que sus protestas tengan que ver con un grupo anarquista. Como comunidad wixárika condenamos esta declaración vertida públicamente (en medios locales). Es por mucho desafortunada y ofende gravemente a nuestra organización comunitaria, que hemos mantenido desde tiempos inmemoriales, agregaron.

También responsabilizaron al gobierno de Jalisco de cualquier acto de presión, represalia, persecución, difamación y otros que atenten contra los integrantes de la comunidad.

El documento en el que se dio un plazo a las autoridades estatales para cumplir lo convenido fue firmado por autoridades agrarias de Tuapurie: el comisariado de bienes comunales, Rafael Robles Carrillo; el encargado del consejo de vigilancia, José García López; el secretario de bienes comunales, Claudio de la Rosa Valdez; el tesorero, Marcos Cosío de la Rosa, y el gobernador tradicional, Paulino Magdaleno, entre otros.

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