viernes, 6 de julio de 2018

Es hora: ¡a trabajar! - Olga Sánchez Cordero

Es hora: ¡a trabajar!


Olga Sánchez Cordero

04.07.2018


En septiembre de 2017 firmé el Acuerdo de unidad por la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México. Ese mismo mes entregué mi primera columna en este diario tras la honrosa invitación que me hiciera Carlos Marín.

En esa ocasión escribí sobre la necesidad de un cambio para nuestro país, pues nos era necesario un gobierno y una sociedad que buscara la igualdad y la tolerancia; un país con una mejor distribución del ingreso; un gobierno y una sociedad sensible y respetuosa a los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores; una sociedad que respete y admire la diversidad cultural y la enorme riqueza de los usos y costumbres indígenas —y un gobierno que lo respete y lo cuide—; necesitábamos una igualdad real entre el hombre y la mujer; requeríamos del reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; del empoderamiento de las mujeres a través del respeto al principio de igualdad y no discriminación.

En pocas palabras: necesitábamos —escribí en esa ocasión— del respeto irrestricto de los derechos humanos; el acatamiento al estado de derecho; contar con una sociedad civil fortalecida y cada vez más activa; necesitábamos transparencia y rendición de cuentas de los actos de todas las autoridades; necesitábamos paz social.

Recuerdo también que me pregunté: ¿qué provoca el cambio?, ¿qué lo impulsa?, ¿qué lo sostiene?

Tras la gran fiesta democrática que vivimos en nuestro país el 1 de julio y con más de la mitad de los ciudadanos —que ejercieron el voto— a favor de Andrés Manuel López Obrador, se abrió la gran oportunidad para alcanzar la gran transformación que nuestro país necesita.

Pero el cambio lo provocamos, lo impulsamos y lo sostenemos, todos los mexicanos, y digo todos, porque a aquellos que no favorecieron con su voto a Andrés Manuel los necesitamos para alcanzar el bienestar de la nación y de su gente.

No creo que haya un mexicano que quiera vivir rodeado de violencia, de pobreza; no creo que haya un mexicano que quiera seguir excluido, marginado, discriminado, abandonado.

El cambio debe empezar desde nuestra casa, con nuestra gente, teniendo un trato de respeto, un trato igualitario en nuestra familia, rompiendo roles de género, no permitiendo ningún tipo de violencia. En una palabra: el cambio empieza con la democratización de la familia.

Pero también debemos cambiar nuestro trato hacia los demás, cuando vamos en el transporte público, cuando manejamos nuestro auto, en la relación con nuestros compañeros de trabajo: debemos ser solidarios, respetuosos de las reglas, de la ley.

Todo mexicano debe luchar por erradicar de nuestro país a la corrupción y a la impunidad, que tanto, y por tanto tiempo, han venido lastimándonos; y puede erradicarla no ofreciendo dadivas a ningún servidor público para recibir beneficios.

Cualquier ciudadano contribuirá a acabar con la corrupción y la impunidad cuando se empodere. Los ciudadanos deben exigir —sin temor— a todos aquellos que están en las funciones públicas (desde el Presidente) a que cumplan con su trabajo. Ya lo dijo Andrés Manuel: "Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos", esa es la máxima que debe seguir todo aquel que se dedique y quiera dedicarse al servicio público. Todo servidor público debe tener siempre presente que su deber es servir con profesionalismo, con entusiasmo y con respeto a todos sus conciudadanos.

En el futuro gobierno será prioritario el combate a la corrupción y a la impunidad, porque bajo ninguna circunstancia serán toleradas: "Sea quien sea, será castigado —incluidos los compañeros de lucha, los funcionarios, los amigos y los familiares— cuando formen parte de actos de corrupción", así también lo manifestó Andrés Manuel.

Comparto y me sumo al mensaje de nuestro virtual presidente electo, porque todos los mexicanos "debemos poner por encima de intereses personales —por legítimos que sean— el interés general". Para cambiar tenemos que apegarnos a la legalidad, a fin de garantizar todas las libertades, individuales y sociales.

El reto es enorme, pero la motivación es aún mayor, porque es claro que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las políticas públicas tendrán siempre como eje fundamental a la persona, a su seguridad y a sus derechos.

Empecemos todos a trabajar, pues la labor será grande, difícil y agotadora; pero es labor de todos (incluyendo a los que no nos favorecieron con su voto), porque todos somos compañeros de viaje en este hermoso país.

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domingo, 17 de junio de 2018

Sentencian a 50 Años a 6 indígenas defensores del Agua en Tlanixco | Reporte Indigo

Sentencian a 50 Años a 6 indígenas defensores del Agua en Tlanixco


Nacional

Sentencian a 50 Años a 6 indígenas defensores del Agua en Tlanixco

Indigo Staff

Los sentenciados también son los recipiendarios del Premio Nacional de Derechos Humanos "Sergio Méndez Arceo", en su versión 2018 en la categoría grupal, con lo que se reconoce su labor como defensores de derechos humanos


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Seis indígenas de la localidad de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, fueron sentenciados a 50 años de prisión.

Su delito: reclamar la propiedad del agua para su comunidad, la que fue entregada por la Comisión Nacional del Agua (CNA) a un grupo de empresas dedicadas a la producción de flores.

"Los seis indígenas sentenciados se encuentran recluidos en prisión desde hace 15 años, bajo la acusación falsa de haber dado muerte a un empresario de origen español, cuyas causas de muerte no han sido investigadas plenamente", informó a Reporte Índigo Jose Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero".

Los sentenciados también son los recipiendarios del Premio Nacional de Derechos Humanos "Sergio Méndez Arceo", en su versión 2018 en la categoría grupal, con lo que se reconoce su labor como defensores de derechos humanos, mismos que apenas el día de ayer pudieron hacer, a través de su representación legal, la impugnación a la sentencia condenatoria.

La sentencia de 50 años de prisión, aunque fue dictada desde noviembre del año pasado, apenas se pudo impugnar porque hasta ahora es que el juzgado primero de primera instancia en materia penal pudo notificar a los familiares de la víctima sobre la sentencia dictada, impugnación que ya quedo asentada en la toca 113/2018.

"Este sentencia es una muestra más de la forma en que en México se criminaliza a los defensores de la tierra", explicó el abogado José Antonio Lara Luque, quien argumentó que tras 15 años de proceso "el juez determinó que los seis indígenas de San Pedro Tlanixco son responsables de un homicidio que no cometieron, fincando su decisión en testigos a modo que fueron aleccionados por la Procuraduría de Justicia del Estado de México".

Los acusados del homicidio del empresario español Alejandro Isaak Basso son Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez, quienes fueron considerados culpables por el delito de homicidio calificado por el juez Maximiliano Vásquez Castañeda en la sentencia dictada el pasado 27 de noviembre del 2017.

De acuerdo a lo señalado en el expediente penal 32/2013, los imputados fueron acusados de haber dado muerte a Alejandro Isaak Basso, luego que este, como parte de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero, ingresó al territorio de Tlanixco sin autorización del pueblo nahua, para acusar a esa población.

En un momento determinado del 1 de abril del 2003, en medio de una trifulca alguien empujó al empresario a un barranco, en donde perdió la vida, hechos de los que fueron responsabilizados los defensores del movimiento colectivo de defensa del agua, los que desde hacía años venían reclamando la propiedad del agua del río Texcaltengo, la fue concesionada para el riego de las agroindustria de flores.

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domingo, 29 de abril de 2018

[CEM] Participar para transformar | Elecciones 2018

Participar para transformar


BOLETÍNES Y COMUNICADOS CEM 2017


Participar para transformar
2018/03/19 

Participar para transformar
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del proceso electoral 2018

Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia que peregrina en México:

1. Participar en la vida cívica y política de nuestras comunidades es una obligación ciudadana y cristiana que no podemos ni debemos obviar. Sólo participando podemos transformar positivamente nuestra nación, en fidelidad a sus orígenes y a su destino histórico.
Durante el presente año se realizarán elecciones en las que se renovarán más de 3 mil cargos públicos en 30 entidades federativas, incluyendo al Presidente de la República, a los Senadores, a los Diputados federales, a 9 gobernadores, a más de 1000 alcaldes y una parte importante de los diputados locales. Sin embargo, lo más relevante es que cerca de 90 millones de mexicanos, mayores de 18 años, podremos emitir nuestro voto de manera libre y secreta.
A continuación deseamos compartirles algunos elementos que ayuden al discernimiento personal y comunitario que cada fiel cristiano está llamado a hacer para cumplir con la obligación moral de elegir a sus gobernantes y legisladores.

2. En la actualidad, como en otros momentos debemos recordar que "en las situaciones concretas, y teniendo siempre en cuenta la solidaridad que nos es debida, es necesario reconocer una legítima variedad de opciones [políticas] posibles. Una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes." (Cfr. Paulo VI, Octogesima Adveniens, 50). Esto quiere decir que la fe cristiana trasciende las propuestas políticas concretas y deja en libertad a los fieles, para que elijan en conciencia de acuerdo a los principios y valores que han descubierto en la experiencia de la fe.
Jesucristo, núcleo central de nuestra fe, nos revela verdades fundamentales que también son accesibles a la razón humana y que ayudan a que la vida de todos sea más digna y libre: el respeto que merecen las personas desde el momento de la fecundación y hasta la muerte natural; la importancia del matrimonio heterosexual y monogámico; la vigencia de la más plena libertad para vivir de manera individual y asociada de acuerdo a nuestras opciones en conciencia en materia religiosa; la centralidad ética y social que poseen los más pobres y excluídos de nuestras sociedades, etcétera. 

3. En el escenario concreto que vivimos, cuando los valores fundamentales palidecen, es preciso hacer el esfuerzo de un discernimiento crítico que nos permita optar en conciencia por quienes puedan realizar en lo posible el auténtico bien común. Por lo que exhortamos, a todos los cristianos y personas de buena voluntad, a:
  • Participar cívicamente: entre más ciudadanos participen organizadamente en las elecciones, más posibilidades habrá de que nuestra sociedad madure y sea corresponsable en la gestión del bien común. Todos debemos alentar la participación.
  • Orar en familia y en comunidad: para que la próxima jornada electoral se realice, en paz y armonía, y sea al mismo tiempo, una gran ocasión para que desde la fe todos podamos mostrar nuestro compromiso con México, es decir, con el pueblo real, que hoy se encuentra, en diversas regiones y en difíciles circunstancias, sufriendo.
  • Buscar el "bien posible": hay que evitar a toda costa elegir en base al "mal menor". En la enseñanza de la Iglesia el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni como medio. El principio del "mal menor" sólo aplica cuando los males en juego son de orden físico, no moral. En contextos complejos e imperfectos lo que debe imperar es la búsqueda del "bien posible" que aunque sea modesto, todos estamos obligados a procurar. En un proceso electoral como el que tendremos, esto significa que la conciencia cristiana debe discernir cual de las opciones puede generar un poco más de bien, tomando en cuenta la complejidad de las circunstancias. Hacer el "bien posible" significa impulsar lo que aporte al bien común, a la paz, a la seguridad, a la justicia, al respeto a los derechos humanos, al desarrollo humano integral y a la solidaridad real con los más pobres y excluidos.
  • Elegir a las personas: en todos los partidos podemos encontrar personas más o menos comprometidas con el bien común. Por ello, es necesario discernir por quién votar. Lo prudente  y responsable es buscar para cada puesto de elección popular a la persona más idónea y no dejarnos manipular para que votemos en bloque por un solo tipo de propuesta, de manera irreflexiva y mucho menos bajo alguna modalidad de "compra de voto". Entre más libertad exista al momento de elegir, más capacidad tendremos al momento de exigir.
  • El México que queremos es posible: y requiere fundamentalmente de un gobierno que trabaje con honestidad y eficacia; pero también, de ciudadanos participativos que den seguimiento a los procesos de Justicia, Fraternidad y Paz. El voto de los mexicanos, debe producir Gobernantes y autoridades responsables; y generar una opinión cívica crítica. Pues en el ejercicio ordinario de los funcionarios, nuestro voto exige el sano control sobre nuestros políticos: en su remuneración y gratificaciones, en los gastos de partidos y publicidad, en los proyectos y obras públicas, en el control de la corrupción, la ilegalidad y la eliminación de arbitrariedades.
4. Sólo la presencia participativa, de manera constante y solidaria en la vida de nuestro país, destierra gradualmente la violencia, la corrupción, la impunidad y el compadrazgo. Es tiempo de que los católicos, acompañados de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, trabajemos comprometidamente por un México más próspero y pacífico, más solidario y participativo, más atento al rostro de los más pobres y menos cómplice de quienes los olvidan, los manipulan o los marginan.

5. Santa María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive y Patrona de nuestra libertad, interceda por nosotros, para que trabajemos sin desfallecer por la unidad y soberanía de nuestro pueblo; por la promoción y defensa de nuestras comunidades y familias; y por reintegrar en su dignidad a todos aquellos, hermanos nuestros que hayan sufrido alguna vejación, discriminación o inequidad. Que Ella preserve la paz en nuestra Patria, nos dé buenos gobernantes y nos permita descubrir los caminos de justicia, reconciliación y esperanza por los que como sociedad debemos transitar desde el momento presente.

Por los obispos mexicanos.

Ciudad de México, a 19 de marzo de 2018.
+ Card. José Francisco Robles Ortega
Arzobispo de Guadalajara 
Presidente de la CEM
+ Mons. Alfonso Miranda Guardiola
Obispo Auxiliar de Monterrey
Secretario General de la CEM

martes, 24 de abril de 2018

Se destapa corrupción de Meade en Sedesol: desaparece 12 mil mdp destinados a indígenas - Proceso

Se destapa corrupción de Meade en Sedesol: desaparece 12 mil mdp destinados a indígenas


En el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade se convirtió en titular de la Sedesol, esta dependencia consiguió más de 12 mil millones de pesos adicionales al presupuesto que tenía aprobado; oficialmente se dijo que los recursos serían utilizados para apoyar a niños y ancianos indígenas. Sin embargo, los años siguientes a 2015 –año electoral– el presupuesto para esa población regresó a las cantidades de antes. Es decir, el ahora candidato presidencial contabilizó a millones de niños y ancianos indígenas "fantasmas" que no volvieron a aparecer, igual que el dinero extra que recibió.

POR  , 21 ABRIL, 2018

PRESIDENTE 2018, REPORTAJE ESPECIAL

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante el segundo semestre de 2015, cuando José Antonio Meade Kuribreña asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la dependencia consiguió incrementos presupuestales por 12 mil 645 millones de pesos que, sin pasar por el Congreso ni consultar a las dependencias previstas por la ley, tuvieron un destino incierto.

Un análisis presupuestal del gobierno permitió observar que dichos recursos servirían para beneficiar a 2 millones 466 mil adultos mayores y a otros 2 millones y medio de niños, ambos entre la población indígena y que, según estadísticas oficiales, no existen.

La anomalía en el manejo presupuestal fue informada a Miguel Ángel Osorio Chong, cuando era secretario de Gobernación; a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, así como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, sin embargo, no indagaron ni hicieron público lo ocurrido.

Mediante un programa llamado Pensión para Indígenas Adultos Mayores, de la Sedesol, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2015 había previsto fondos por el orden de 12 mil 958 millones de pesos. Pero a la llegada de Meade –hoy candidato a la Presidencia por la coalición Todos por México– se aplicaron modificaciones en el tercer y cuarto trimestres que, de manera inexplicable, aumentó a 23 mil 376 millones de pesos.

Los datos fueron identificados en 2016 por Jaime Martínez Veloz, entonces titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, que denunció el comportamiento presupuestal anómalo del segundo semestre de 2015. 

Al notar la modificación presupuestal, Martínez Veloz vio que el mencionado programa estaba destinado a indígenas de 65 años o más, una población objetivo variable, dependiendo de la definición estadística y la metodología pero que, en el gobierno federal tiene como base los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

Los datos del INEGI fueron interpretados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que contabilizó 892 mil 190 indígenas mayores de 65 años en todo el país.

El cálculo de Martínez Veloz fue elemental: un beneficiario del programa recibe una pensión mensual de 580 pesos, esto es 6 mil 960 pesos anuales. Por lo tanto, con el presupuesto de 12 mil 958 millones se podía atender a 1 millón 861 mil 800 personas, una cantidad que, conforme a la estadística oficial, era más del doble de la población objetivo.

Ya con el incremento presupuestal a 23 mil 376 millones de pesos se podría atender a 3 millones 358 mil 588 personas. Esto es, 3.8 veces la cantidad de adultos mayores indígenas que hay en México. Dicho de otra manera: partiendo del supuesto poco probable de que todos los adultos mayores indígenas hubieran recibido el beneficio, quedan 2 millones 466 mil 398 beneficiarios que no existen. 

Conforme al análisis realizado por la CDPIM, en 2016 y 2017 los recursos asignados al programa Pensión para Indígenas Adultos Mayores, volvió a los niveles que tenía originalmente en el PEF de 2015.

"La cuestión es: ¿qué hicieron con los millones de indígenas mayores de 65 años que incorporaron en 2015? ¿En 2016 ya no los apoyaron? ¿Los desaparecieron de los padrones? ¿O en realidad nunca existieron?", plantea Martínez Veloz en entrevista.

También los niños

Como ocurrió con los recursos para los adultos mayores pasó también con lo destinado a niños beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles Indígenas: hubo un incremento de mil por ciento, pero los recursos no reflejaron una ampliación de estancias ni de niños beneficiarios.

En el mismo segundo semestre de 2015 la partida para dicho programa se incrementó de 228 millones a 2 mil 515 millones de pesos.

Según datos oficiales, disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la Sedesol, en 2014 había 9 mil 504 estancias infantiles indígenas en el país que atendían a 290 mil 175 niños.

Al concluir 2015, los datos oficiales establecen que había 9 mil 534 estancias infantiles –sólo 30 más– en las que se atendía a 303 mil 374 niños, esto es 13 mil 199 infantes más, una cifra que de por sí, parece desproporcionada en el análisis de la CDPIM.

Una vez más la operación es sencilla y el contraste insostenible, asumiendo que la información sobre cantidad de estancias y niños beneficiarios es verídica: el presupuesto para esas estancias creció mil por ciento, pero la cantidad de estancias aumentó  sólo .3% y el número de beneficiarios, 4.5%.

Para 2016 el presupuesto volvió a ser como se había programado en el PEF 2015, por lo que el entrevistado vuelve a plantear:

"¿Dieron de baja a niños no indígenas para incorporar indígenas? ¿A mitad de año? ¿Cómo supieron que eran indígenas los que incorporaron? ¿Y dónde están los expulsados del programa?"

En total, con esos dos programas, la cantidad irregular asciende a 12 mil 645 millones de pesos.

Los denunció

El pasado 10 de enero Martínez Veloz presentó su renuncia a la CDPIM, pero aclara: "Que no se cuestione por qué no denuncié antes". Luego ofrece los documentos con sello de recibido en 2016 y 2017.

En dos oficios dirigidos a Osorio Chong (SG/CDPIM/109/2017 y SG/CDPIM/110/2017, del 2 y el 5 de octubre de 2017, respectivamente, de los que Proceso tiene copia), Martínez Veloz entregó un análisis del presupuesto destinado a programas relacionados con la población indígena.

Los oficios fueron entregados también, en las mismas fechas, a los diputados Vitalico Cándido Coheto Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, y a Charbel Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ambos priistas, así como al auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal.

Con base en el artículo 26, fracción I, del PEF 2017, las disposiciones de operación de programas en materia indígena deben considerar la participación de la CDI, así como de la CDPIM, por lo que Martínez Veloz realizó la revisión, encontrando una reducción drástica a todos los programas del rubro, así como las irregularidades respecto a las que expuso:

"En diversos análisis de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, elaborados por esta Comisión, se ha documentado la falta de claridad acerca de los criterios y metodologías usadas por estos programas para identificar a la población indígena y ejercer los recursos etiquetados, lo que implica que mientras los recortes al presupuesto sí impactaron directamente a la población indígena, los incrementos compensatorios no representaron beneficios adicionales a este sector de la población."

Por "incrementos compensatorios" se refiere en el documento, a la forma en que se disparó el presupuesto de la Sedesol.

Todo se inició a mediados de 2016 –explica Martínez Veloz– cuando la integración del PEF 2017 observó que había "una tendencia a reducir sustancial y sistemáticamente los recursos destinados a la atención de esta población".

Los datos del gasto público así lo reflejaban. Por ejemplo, en 2015 se redujo 22.5% el presupuesto de la CDI; el Programa de Infraestructura Indígena bajó 31.2%. Y como los programas de atención a los pueblos y comunidades indígenas son transversales, es decir, implican a diferentes dependencias y entidades gubernamentales, identificó otros recortes drásticos.

Los programas operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se redujeron 26.6%; por la Secretaría de Agricultura, 27.8%; de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 37.2%. En suma, esos recortes representaron una reducción total al presupuesto destinado a programas de atención a la población indígena por 8 mil 781 millones de pesos, una cantidad 3 mil millones de pesos inferior a lo que se asignó la Sedesol de Meade.

"Nos dimos cuenta de que en el tercer trimestre de 2015, cuando entra José Antonio Meade a Sedesol, se disparó la inversión. Naturalmente no consultaron a la CDI ni a la CDPIM, fue un acuerdo de Sedesol con Hacienda, donde era titular Luis Videgaray", explica.

El tercer trimestre se operó un primer incremento al programa de Adultos Mayores Indígenas para situar en 16 mil millones el presupuesto anual; en el cuarto trimestre se registró otra ampliación que lo coloca en 19 mil millones y, "si hasta entonces se nos hacía muy raro, nuestra sorpresa fue cuando vimos en la cuenta pública que terminó en los 23 mil 350 millones… todo, en 2015, un año electoral".

Añade: "Hubo un disparo de las cifras en 2015 que es inexplicable y que nosotros hicimos del conocimiento de quienes podían hacer algo. Yo no soy investigador y teníamos que llevarlo a las instancias competentes, que son la Cámara de Diputados y la ASF".

–¿Y nadie respondió?

–Fuimos a la Auditoría Superior de la Federación a decirles que estábamos preocupados por esta situación. Después tuvieron otras prioridades… pero lo cierto es que no contestaron.

–¿En qué momento fueron?

–Primero cuando vimos el primer salto en 2016 y no tuvimos respuesta. Cuando vimos que el asunto no avanzaba y sobre todo cuando recortaron otros rubros que repercuten en los pueblos y comunidades indígenas y que coincidían con la llegada de Meade a la Secretaría de Hacienda, nos reunimos el 25 de octubre de 2017 con Roberto Salcedo Aquino, auditor especial de la ASF.

En una revisión realizada por Proceso al sistema de consulta pública de la ASF, resultó que las auditorías practicadas a la Sedesol por el ejercicio fiscal 2015 no incluyeron los programas de adultos mayores ni de estancias infantiles indígenas.

Y debido a la secrecía que deben guardar los órganos internos de control, no fue posible saber si la Secretaría de la Función Pública o el órgano interno de control abrieron alguna investigación al respecto.

El recorte a la CDI fue también inusual y, para el entrevistado, injustificado, sin ningún criterio, desproporcionado. De 11 mil 900 millones que tenía se le dejó en 5 mil 900 millones de pesos.

"A los indígenas en términos presupuestales les fue mal con Meade. Tuvimos reuniones con el Congreso, con representantes de pueblos indígenas, y aunque hubo diputados que apoyaban que al menos se establecieran los mínimos para esta dependencia, a final de cuentas quedó tal como lo presentó Meade."

La preocupación, advierte, por los recortes presupuestales era por la creciente conflictividad en pueblos y comunidades indígenas, y mientras la CDPIM intentaba acercamientos, se topaban con el malestar de los pueblos. La CDI prácticamente estaba incapacitada para dar respuesta, dice, pues cuando llegaban, encontraban que se habían cancelado programas de agua potable, vivienda o infraestructura social. 

"En Gobernación enfrentábamos las broncas que se generaban por las condiciones que imponían las áreas económicas. En Hacienda, por ejemplo, sin decir agua va, cortaban presupuestos sin ninguna justificación. Luego los incrementaban, como este incremento que es inusual y que autorizaron de esa partida de adultos mayores sin ninguna aprobación del Congreso, ni opinión de nosotros ni de nadie."

–¿Identificó ampliación en padrones o algo que acreditara cómo se bajó esa cantidad?

–No, ¿de dónde lo pueden inventar si el INEGI dice que no existen? Al año siguiente las partidas asignadas regresaron a los términos iniciales de 2015 y 2014. El único año en que hubo un disparo en esa partida fue 2015, en el momento en que estaba Meade al frente de la Sedesol. 

Su conclusión: "Lo que puedo decir es que inventaron 1 millón y medio de indígenas mayores de 65 años que no existen en el país, que son fantasmas. No hay forma de justificarlo, te lo digo categóricamente. Lo que hizo (Meade) con la CDI fue quitarle recursos, y de eso que le quitó lo mandó a la Sedesol para atender un grupo fantasma, un grupo que no existe, de beneficiarios".  

Este reportaje se publicó el 22 de abril de 2018 en la edición 2164 de la revista Proceso.

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sábado, 21 de abril de 2018

Asesinan a sacerdote dentro de parroquia en Tlajomulco de Zúñiga - Proceso

Asesinan a sacerdote dentro de parroquia en Tlajomulco de Zúñiga


21 de abril de 2018

PROCESO

21 de abril de 2018

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Arquidiócesis de Guadalajara externaron su repudio y consternación por el asesinato del sacerdote Juan Miguel Contreras García, vicario parroquial del templo de San Pío de Pietrelcina, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El sacerdote, de 33 años de edad y a dos años de haberse ordenado, fue ultimado con tres disparos mientras realizaba una confesión en su oficina, la noche de este viernes.

"De acuerdo con las primeras investigaciones (Contreras García) fue posiblemente atacado por dos hombres, quienes ingresaron a la sacristía de la parroquia y agredieron directamente al occiso para posteriormente huir en un vehículo compacto", informó la Fiscalía de Jalisco.

La CEM hizo un llamado para construir una cultura de paz y de reconciliación, y solicitó a las autoridades competentes investigar exhaustivamente hasta aclarar los hechos, para actuar conforme a la justicia, y no permitir que éste, ni los demás crímenes, queden impunes.

La Arquidiócesis de Guadalajara pidió urgente acción de las autoridades para castigar el crimen y hacer un llamado "a quienes cometen estas atrocidades" a que reflexionen sobre el daño a familias y sociedad que causan, "para que su mente y su corazón se muevan a la conversión de sus actos".

El finado presentaba tres impactos: uno en el tórax y otros dos en el pecho, pero logró sobrevivir hasta la llegada de los paramédicos, quienes procedieron al protocolo de maniobras de reanimación pero no lograron evitar que cayera en paro cardiaco y muriera.

Cuatro sacerdotes han sido ejecutados en lo que va del año, 23 en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

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viernes, 29 de diciembre de 2017

Los puntos clave del proyecto 2018-2024 que propone Morena

Banda ancha, cárcel a corruptos y reconstrucción: lo que dice el proyecto 2018-2024 de Morena

En su proyecto, Morena propone prisión preventiva oficiosa a delitos relacionados a corrupción, y reducir el tamaño de la administración federal.

Cuartoscuro Archivo

Redacción Animal Político

noviembre 20 2017 17:55

Reformar el artículo 19 constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa a delitos relacionados a corrupción, reducir el tamaño de la administración federal, y ampliar la cobertura de banda ancha para las zonas marginadas de México a precios accesibles, son algunas de las propuestas del proyecto de nación 2018-2024, aprobado por el partido Morena este lunes.

Durante la presentación, Alfonso Romo Garza detalló que el proyecto estará disponible en la página proyecto18.mx, para que se sumen propuestas al mismo. "Es un preproyecto que necesita enriquecerse con sus aportaciones para redactar el documento final", dijo Romo en el Auditorio Nacional.

El proyecto tiene como base siete criterios: combate a la corrupción, respeto al Estado de Derecho, seguridad, cumplimiento de la ley, ejecución realista de los recursos económicos, la libertad como centro, y tener a la educación y la cultura como prioridad.

A continuación, algunas de las principales propuestas:
Política y gobierno
  • Impulsar Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, dándole total autonomía y ciudadanización plena a los órganos de combate a la corrupción.
  • Vigilar estrictamente a cualquier actor privado que realice tareas gubernamentales o reciba recursos públicos. Establecer tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión. Elaborar padrón público de contratistas sancionados o incumplidos.
  • Fomentar colaboración internacional para el combate a paraísos fiscales. Endurecer controles del sistema bancario sobre lavado de dinero. Investigación minuciosa y cancelación de empresas fantasma.
  • Eliminar el fuero al presidente.
  • Hacer obligatorias las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todos los servidores públicos.
  • Que cada peso público sea monitoreado en línea a través de procesos de compras en tiempo real.
  • Prohibir las adjudicaciones directas.
  • Evitar la participación de empresas 'fantasma'.
  • Verificar los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
  • Participación de vigilantes ciudadanos en los procesos de contratación.
Sociedad segura y Estado de Derecho
  • Crear Policía Turística y analizar la creación de una Guardia Nacional.
  • Relanzar el programa nacional de prevención social de la violencia y la delincuencia.
  • Cero tolerancia a la corrupción en los cuerpos de seguridad. Creación del Colegio Nacional de Seguridad Pública para formar mandos policiales de excelencia.
  • Dar mayor autonomía y facultades de sanción a la Auditoría Superior de la Federación.
  • Reformar el 19 constitucional para establecer prisión preventiva oficiosa a delitos relacionados a corrupción. Dotar de mayor autonomía a los servicios periciales.
Gobierno abierto
  • Reducir el tamaño de la administración federal sin sacrificar la calidad del gobierno.
  • Reformar el 35 constitucional para ampliar el alcance de las consultas populares.
Política industrial
  • Activar una Zona Económica Libre en toda la frontera norte del país para rescatar su potencial, generando empleos para migrantes y atrayendo al consumidor fronterizo de ambos países.
Energía
  •  Invertir en PEMEX, construyendo dos refinerías en el sexenio e impulsando refinerías de biodiesel, acelerando al mismo tiempo la transición hacia energías renovables.
  • Rehabilitar las centrales termoeléctricas y construir nuevas en sitios de plantas descontinuadas.
México conectado a internet 
  • Ampliar la cobertura de banda ancha para las zonas marginadas de México a precios accesibles. Crear el Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha e incentivar a los operadores a ampliar la cobertura mediante un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.
Reconstrucción de zonas afectadas por el sismo 
  • Invertir 45 mil millones de pesos de ayuda directa a población damnificada. Reconstruir viviendas dañadas, infraestructura carretera y de transporte, patrimonio histórico y cultural, infraestructura educativa y de salud. Realizar el proceso con la participación de las comunidades y con la guía de expertos.
Tren turístico transpeninsular
  • Detonar el desarrollo de la región sur de la península de Yucatán construyendo un tren de mediana velocidad que conecte la zona turística de la Riviera Maya.
Política tributaria
  • No aumentar impuestos ni crear nuevos. La prioridad de la política tributaria será la estabilidad macroeconómica, con finanzas públicas equilibradas. La mayor parte del ajuste fiscal vendrá de la reingeniería del gasto público.
Educación 
  • Incluir a 150,000 jóvenes actualmente excluidos del Subsistema de Educación Media Superior para que completen su bachillerato.
  • Reconocer autonomía a las universidades privadas que han alcanzado altos estándares de desempeño, permitiendo un nuevo esquema de colaboración que fomente la inversión e innovación en la educación superior.
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