- La norma afecta directamente a Planned Parenthood, el mayor grupo de planificación familiar de EU y que, sin ánimo de lucro, ofrece asesoramiento sobre anticonceptivos, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, pruebas para la detección del cáncer y practica abortos
viernes, 26 de abril de 2019
Juez de EU bloquea ley que elimina fondos para clínicas que ofrecen interrupción del embarazo [sinembargo]
martes, 5 de febrero de 2019
Entrevista exclusiva a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
RT en Español
4 de febrero de 2019
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha concedido una entrevista exclusiva a RT en la que aborda la crisis política que vive el país latinoamericano y explica cómo se puede evitar una guerra. Más info: https://es.rt.com/6j1e
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lunes, 28 de enero de 2019
[La Jornada] Insiste Francisco a Trump: puentes sí, muros no, e insta a jóvenes a luchar contra el miedo
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viernes, 4 de enero de 2019
Ahora van sindicatos: la reforma los obliga a elecciones libres y a entregar cuentas por escrito
Por Shaila Rosagel
SinEmbargo
enero 04, 2019
La iniciativa de ley secundaria para la reforma a la Ley Federal de Trabajo realizada el 24 de febrero de 2017 presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados por la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sienta las bases para que los trabajadores elijan de forma democrática a sus líderes sindicales y les exijan cuentas, y obliga a los sindicatos a entregar por escrito a cada uno de sus miembros el informe de todo lo relacionado con su patrimonio.
La reforma crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y establece sanciones para los servidores públicos y abogados que comentan irregularidades.
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Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- La bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó una iniciativa de ley secundaria de la reforma realizada el 24 de febrero de 2017 a la Ley Federal del Trabajo que dota a los trabajadores del derecho a elegir a sus sindicatos y líderes sindicales de manera libre y democrática, pero además obliga a los sindicatos a entregar cuentas por escrito.
La iniciativa presentada ayer ante el Pleno de la Cámara de Diputados por el legislador Miguel Ángel Chico Herrera refrenda y amplía el derecho de los trabajadores y patrones de construir organizaciones que “estimen convenientes”, la prohibición de los patrones y el Estado de injerir en los sindicatos de los trabajadores, les otorga a los trabajadores el derecho de fiscalizar y pedirle cuentas a sus sindicatos y obliga al sindicato a rendir cuentas a sus afiliados por escrito a cada uno de sus miembros.
“Reconoce y precisa el derecho de los trabajadores para organizarse libremente en la forma y ámbito que ellos decidan; establece que, en el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de las directivas sindicales, se observen y prevalezcan los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad, así como de respeto a la libertad sindical; exige que, en materia de registro y actualización sindical, impere la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo sobre los aspectos de orden formal”, dice la iniciativa.
Los legisladores de Morena buscan garantizar la libre voluntad de los afiliados a un sindicato y el deber del sindicato a ajustarse a sus disposiciones estatutarias para la designación de sus dirigentes.
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“Establece como norma obligatoria que los estatutos incluyan como requisito para su aprobación el apoyo mayoritario de los trabajadores mediante el voto personal, libre y secreto; permite que los sindicatos soliciten a la autoridad laboral la certificación de cumplimiento de las normas en sus estatutos; refrenda, amplia y precisa la obligación de la directiva de los sindicatos de rendir cuentas a sus afiliados, así como el deber de entregar copia por escrito del informe respectivo a cada uno de sus miembros”, dice.
Los miembros del sindicato, precisa la iniciativa, podrán solicitar información sobre la administración del patrimonio de su organización y de acudir a la autoridad registral a denunciar irregularidades. En la legislación secundaria propuesta se estable que los estatutos sindicales deben establecer “los mecanismos para sancionar a los responsables del manejo indebido de los recursos del sindicato”.
“Prohíbe a los sindicatos, federaciones y confederaciones participar en esquemas de evasión de contribuciones, incumplimiento de obligaciones patronales y actos de simulación; establece un procedimiento ágil y sencillo para la obtención de la Constancia de Representatividad por parte de los sindicatos, a fin de que éstos puedan celebrar, revisar o modificar el contrato ley o el colectivo de trabajo ante la autoridad o tribunal laboral”, indica.
La iniciativa establece en su Artículo 38 que “nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, federación o confederación. Cualquier estipulación que desvirtúe de algún modo esta disposición se tendrá por no puesta”, y que los procedimientos de elección de sus directivos serán a través del “libre ejercicio del voto personal, libre y secreto de los miembros”.
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“El periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido, o lesivo al derecho de participación y de votar y ser votado”, precisa.
Los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con tres patrones mínimo y las federaciones y confederaciones deberán conformarse por al menos dos organizaciones sindicales y especifica que en materia de registro y actualización sindical “la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo imperarán sobre aspectos de orden formal”.
CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL
La iniciativa crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación que sustituirán a lo que hasta el momento realiza la Junta de Conciliación y Arbitraje actual.
El Centro deberá entrar en vigor en dos plazos: las funciones registrases en un plazo no mayor a dos años de la entrada en vigor del decreto y las funciones conciliatorias al mismo tiempo que los tribunales laborales en un plazo no mayor a cuatro años.
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“En lo que se refiere a la función conciliatoria, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral establecerá las delegaciones u oficinas regionales en el orden y secuencia que fije el Consejo de la Judicatura; en lo que hace a los tribunales laborales locales que estarán a cargo de los poderes judiciales de las entidades federativas, al igual que los Centros de Conciliación de dichas entidades, deberán entrar en funciones en un plazo de tres años a partir de que entre en vigor la reforma, por lo que se dispone que en ese mismo término se lleve a cabo la coordinación interinstitucional necesaria para que entren en operación ambos órganos en forma simultánea. Lo anterior exige que en dicho plazo se establezca su estructura, se capacite a los jueces, al igual que al personal jurídico y administrativo que deberá estar a cargo de dichas instituciones”, dice.
Las juntas de conciliación y arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los poderes ejecutivos de las entidades federativas deberán realizar una transferencia de expedientes al Centro Nacional de Conciliación y Registro a través de medios electrónicos al menos seis meses antes de que el Centro inicie sus actividades registrales.
De acuerdo con las disposiciones transitorias de la reforma en tanto no entren en funciones los tribunales locales, las juntas de conciliación y arbitraje continuarán “conociendo y resolviendo los conflictos laborales” hasta su conclusión.
La reforma prevé además que los contratos colectivos de trabajo se revisen al menos una vez durante los cuatros años posteriores a la entrada en vigor del decreto “para garantizar que todos los contratos colectivos se hayan hecho del conocimiento de los trabajadores”.
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A SERVIDORES PÚBLICOS Y ABOGADOS
La iniciativa de reforma prevé un capítulo de sanciones para los servidores públicos de los Centros de Conciliación que obstruyan o dilaten el procedimiento de conciliación, y también para los abogados.
“Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización”, dice.
“A los servidores públicos del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral cuando retrasen, obstruyan o influyan en el procedimiento de registros sindicales y de contratos colectivos y de reglamentos interiores de trabajo a favor o en contra de una de las partes, así como en el otorgamiento de la constancia de representatividad sin causa justificada se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización. Por lo que se refiere a los servidores públicos de los Centros de Conciliación locales se les sancionará en los mismos términos, cuando en el desempeño de su función conciliatoria incurran en estas conductas”, estimula la iniciativa. Además, en el caso de los funcionarios, se dará parte al Ministerio Público cuando sea necesario.
“Artículo 48 Bis. Para efectos del artículo 48 de esta ley, de manera enunciativa se considerarán conductas infractoras las siguientes:
I. Tratándose de las partes, abogados, litigantes, representantes o testigos:
a) Ofrecer algún beneficio personal, dádiva o soborno a funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Centros de Conciliación Locales o Tribunales Laborales; así como a terceros de un procedimiento laboral;
b) Alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia;
c) Exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral;
d) Presentación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral, por cualquiera de las partes o sus representantes, sobre el salario o la antigüedad de la relación de trabajo;
e) Negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo al actuario o notificador de la autoridad laboral, cuando éste solicite realizar una notificación. Asimismo, negarse a recibir los documentos relativos a la notificación ordenada por la autoridad laboral cuando se trate del domicilio de la razón social o de la persona física o moral buscada.
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II. Tratándose de servidores públicos se considerarán actuaciones notoriamente improcedentes:
a) Levantar razón de una notificación haciendo constar que se constituyó en el domicilio que se le ordenó realizar la notificación, sin haberse constituido en el mismo;
b) Levantar razón de una notificación o cédula de emplazamiento sin que éstas se hayan realizado;
c) Omitir efectuar una notificación dentro del plazo establecido por la Ley u ordenado por la autoridad laboral;
d) Dilatar de manera deliberada la notificación de una audiencia de conciliación, el emplazamiento de un juicio laboral o cualquier notificación personal del procedimiento laboral, para beneficiar a alguna de las partes del procedimiento o para recibir un beneficio de alguna de las partes;
e) Recibir una dádiva de alguna de las partes o tercero interesado;
f) Retrasar deliberadamente la ejecución de sentencias y convenios que sean cosa juzgada;
g) Admitir pruebas no relacionadas con la litis que dilaten el procedimiento;
h) Retrasar un acuerdo o resolución más de ocho días de los plazos establecidos en la ley;
i) Ocultar expedientes con el fin de retrasar el juicio o impedir la celebración de una audiencia o diligencia; y
j) Retrasar y obstruir la entrega de la constancia de representatividad sin causa justificada.
k) Negarse a recibir injustificadamente el trabajador de un organismo público o paraestatal una notificación de un Centro de Conciliación o un Tribunal Laboral, u obstaculizar su realización, en cuyo caso deberá darse vista al Órgano de Control Interno correspondiente, independientemente de las sanciones que se establecen en la presente Ley.
Se considera grave la conducta si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos; en estos casos, además de las sanciones que sean aplicables conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se les impondrá a quienes resulten responsables una multa 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y se deberá dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de delitos contra la administración de justicia”, establece la iniciativa de reforma.
Por Shaila Rosagel
domingo, 30 de diciembre de 2018
Javier Garza Calderón crea organización de empresarios en apoyo a López Obrador
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viernes, 28 de diciembre de 2018
Obispo mexicano justifica “la lucha” de López Obrador por reducir “enormes sueldos”
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MIROSLAVA LOPEZ
Apoyamos la prioridad
Vivir la pobreza por convicción
No a los derroches escandalosos
martes, 11 de diciembre de 2018
Recuperar el territorio y la vida | Fray Miguel Concha
Fray Miguel Concha.
La Jornada 11 de diciembre de 2018
Está a la puerta un cambio de gobierno. Uno de los principales retos consiste en el cuidado y respeto de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y de nuestros bienes comunes. El gobierno que hoy asume funciones debiera tomar en consideración la experiencia acumulada de los pueblos para detener los procesos de despojo, estos pueblos, dentro de su vida colectiva, tienen presente el cuidado de la naturaleza y de toda forma de vida.
Con el sexenio que termina descubrimos 2 cosas en el proceso de defensa y cuidado de los bienes comunes. Primero, que las resistencias, desde los territorios, son fundamentales para entender los conflictos socioambientales y experimentar al mismo tiempo alternativas.
Y enseguida el descubrimiento de los saberes profundos que los pueblos indígenas y campesinos poseen para configurar acciones concretas y hacer así frente a la crisis multidimensional que enfrentamos. Es decir, la crisis civilizatoria que encaramos. Existen también diversos esfuerzos ciudadanos, acompañados de propuestas venidas desde las comunidades y pueblos que dan cuenta del panorama de despojo.
Tal es el caso de Por México Hoy, un espacio político progresista, abierto, incluyente y plural, que promueve la participación y organización ciudadana para imaginar, proponer y construir una nación de todas y todos. En dicho espacio participamos también diversos movimientos y colectivos en defensa de la tierra y el territorio y de él surgió un documento valioso que contiene información fundamental para entender y atender las centenas de conflictos territoriales con los que ahora contamos por toda la República.
El documento Recuperar el territorio y la vida (disponible en: https://bit.ly/2r9FiBN) es en efecto una herramienta de análisis y propuestas, pues en él se condensan las experiencias de lucha de comunidades y pueblos que han enfrentado el sistema neoliberal imperante en México. Es importante señalar que éste surge de diversos recorridos que Por México Hoy, incluido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha realizado por el país, proponiendo la discusión sobre un nuevo proyecto de nación que pueda plasmarse en una nueva constitución.
Estos recorridos, encuentros y conversatorios abarcaron de febrero de 2016 a inicios de 2018 a más de 27 entidades. Fue en ellos constatable el despojo territorial y de bienes comunes naturales que sin el debido cuidado hacen imposible hacer valer la independencia y la soberanía del país.
Recuperar el territorio y la vida significa acabar con la corrupción que facilita el despojo en condiciones humillantes para la nación y para las comunidades, pero también implica generar alternativas al desarrollo capitalista, buscando y haciendo reales propuestas que estén basadas en el aprovechamiento y conservación, no en la explotación, para hacer valer las capacidades del país hacia su autodeterminación.
El documento parte de las resistencias. Para ellas todo nuestro reconocimiento y deseo de articulación de una visión integral y de largo plazo, con la finalidad de plantear un proceso de debate amplio, que oriente las definiciones sobre este tema con el gobierno que recién inicia.
Como bien explica Carlos Lavore, coordinador del texto, la importancia de reconocer los esfuerzos y trabajos de resistencia en México nos hacen también pensar en un mosaico de propuestas que se extiende por todo el territorio nacional, confrontando el modelo hegemónico, la estructura institucional vigente y el relato mediático de despojo y criminalización. Urge cambiar de rumbo, pues como bien se dice, hoy la humanidad consume una vez y media más de lo que el planeta puede dar. Sólo 23 por ciento de su superficie no ha sido intervenida por mano humana, mientras hace un siglo era 85 por ciento.
Los recursos energéticos se están agotando; de cada siete barriles de petróleo consumidos se descubre uno y de él depende 95 por ciento del transporte mundial. Metales no renovables, bosques, fauna, hielo, tienen un horizonte de ruptura de sustentabilidad planteado hacia 2050. Y valga decir que esa crisis y dinámicas de despojo van siempre acompañadas de violencia, corrupción e impunidad.
Qué hay detrás del despojo, nos preguntamos durante los encuentros y al momento de sistematizar el documento. Claramente respondimos que a escala global, de la región latinoamericana y de México, existe una hegemonía con alta concentración de poder económico, financiero, político, institucional y mediático.
De ahí que insistamos en que no basta con un cambio de gobierno; urge y es necesario un verdadero cambio de régimen, pues de lo contrario la crisis se acrecentará, el despojo se perpetuará y las violaciones a los derechos humanos no cesarán.
Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que se dé ese cambio de régimen, y de modelo económico y desarrollo. El inicio de un nuevo gobierno para los próximos seis años es una oportunidad. En ello la sociedad civil y el gobierno debemos jugarnos, desde la crítica libre y la propuesta responsable.
viernes, 6 de julio de 2018
Es hora: ¡a trabajar! - Olga Sánchez Cordero
Es hora: ¡a trabajar!
Olga Sánchez Cordero
04.07.2018En esa ocasión escribí sobre la necesidad de un cambio para nuestro país, pues nos era necesario un gobierno y una sociedad que buscara la igualdad y la tolerancia; un país con una mejor distribución del ingreso; un gobierno y una sociedad sensible y respetuosa a los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores; una sociedad que respete y admire la diversidad cultural y la enorme riqueza de los usos y costumbres indígenas —y un gobierno que lo respete y lo cuide—; necesitábamos una igualdad real entre el hombre y la mujer; requeríamos del reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; del empoderamiento de las mujeres a través del respeto al principio de igualdad y no discriminación.
En pocas palabras: necesitábamos —escribí en esa ocasión— del respeto irrestricto de los derechos humanos; el acatamiento al estado de derecho; contar con una sociedad civil fortalecida y cada vez más activa; necesitábamos transparencia y rendición de cuentas de los actos de todas las autoridades; necesitábamos paz social.
Recuerdo también que me pregunté: ¿qué provoca el cambio?, ¿qué lo impulsa?, ¿qué lo sostiene?
Tras la gran fiesta democrática que vivimos en nuestro país el 1 de julio y con más de la mitad de los ciudadanos —que ejercieron el voto— a favor de Andrés Manuel López Obrador, se abrió la gran oportunidad para alcanzar la gran transformación que nuestro país necesita.
Pero el cambio lo provocamos, lo impulsamos y lo sostenemos, todos los mexicanos, y digo todos, porque a aquellos que no favorecieron con su voto a Andrés Manuel los necesitamos para alcanzar el bienestar de la nación y de su gente.
No creo que haya un mexicano que quiera vivir rodeado de violencia, de pobreza; no creo que haya un mexicano que quiera seguir excluido, marginado, discriminado, abandonado.
El cambio debe empezar desde nuestra casa, con nuestra gente, teniendo un trato de respeto, un trato igualitario en nuestra familia, rompiendo roles de género, no permitiendo ningún tipo de violencia. En una palabra: el cambio empieza con la democratización de la familia.
Pero también debemos cambiar nuestro trato hacia los demás, cuando vamos en el transporte público, cuando manejamos nuestro auto, en la relación con nuestros compañeros de trabajo: debemos ser solidarios, respetuosos de las reglas, de la ley.
Todo mexicano debe luchar por erradicar de nuestro país a la corrupción y a la impunidad, que tanto, y por tanto tiempo, han venido lastimándonos; y puede erradicarla no ofreciendo dadivas a ningún servidor público para recibir beneficios.
Cualquier ciudadano contribuirá a acabar con la corrupción y la impunidad cuando se empodere. Los ciudadanos deben exigir —sin temor— a todos aquellos que están en las funciones públicas (desde el Presidente) a que cumplan con su trabajo. Ya lo dijo Andrés Manuel: "Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos", esa es la máxima que debe seguir todo aquel que se dedique y quiera dedicarse al servicio público. Todo servidor público debe tener siempre presente que su deber es servir con profesionalismo, con entusiasmo y con respeto a todos sus conciudadanos.
En el futuro gobierno será prioritario el combate a la corrupción y a la impunidad, porque bajo ninguna circunstancia serán toleradas: "Sea quien sea, será castigado —incluidos los compañeros de lucha, los funcionarios, los amigos y los familiares— cuando formen parte de actos de corrupción", así también lo manifestó Andrés Manuel.
Comparto y me sumo al mensaje de nuestro virtual presidente electo, porque todos los mexicanos "debemos poner por encima de intereses personales —por legítimos que sean— el interés general". Para cambiar tenemos que apegarnos a la legalidad, a fin de garantizar todas las libertades, individuales y sociales.
El reto es enorme, pero la motivación es aún mayor, porque es claro que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las políticas públicas tendrán siempre como eje fundamental a la persona, a su seguridad y a sus derechos.
Empecemos todos a trabajar, pues la labor será grande, difícil y agotadora; pero es labor de todos (incluyendo a los que no nos favorecieron con su voto), porque todos somos compañeros de viaje en este hermoso país.
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domingo, 17 de junio de 2018
Sentencian a 50 Años a 6 indígenas defensores del Agua en Tlanixco | Reporte Indigo
Sentencian a 50 Años a 6 indígenas defensores del Agua en Tlanixco
Nacional
Sentencian a 50 Años a 6 indígenas defensores del Agua en Tlanixco
Indigo Staff
Los sentenciados también son los recipiendarios del Premio Nacional de Derechos Humanos "Sergio Méndez Arceo", en su versión 2018 en la categoría grupal, con lo que se reconoce su labor como defensores de derechos humanos
Seis indígenas de la localidad de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, fueron sentenciados a 50 años de prisión.
Su delito: reclamar la propiedad del agua para su comunidad, la que fue entregada por la Comisión Nacional del Agua (CNA) a un grupo de empresas dedicadas a la producción de flores.
"Los seis indígenas sentenciados se encuentran recluidos en prisión desde hace 15 años, bajo la acusación falsa de haber dado muerte a un empresario de origen español, cuyas causas de muerte no han sido investigadas plenamente", informó a Reporte Índigo Jose Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos "Zeferino Ladrillero".
Los sentenciados también son los recipiendarios del Premio Nacional de Derechos Humanos "Sergio Méndez Arceo", en su versión 2018 en la categoría grupal, con lo que se reconoce su labor como defensores de derechos humanos, mismos que apenas el día de ayer pudieron hacer, a través de su representación legal, la impugnación a la sentencia condenatoria.
La sentencia de 50 años de prisión, aunque fue dictada desde noviembre del año pasado, apenas se pudo impugnar porque hasta ahora es que el juzgado primero de primera instancia en materia penal pudo notificar a los familiares de la víctima sobre la sentencia dictada, impugnación que ya quedo asentada en la toca 113/2018.
"Este sentencia es una muestra más de la forma en que en México se criminaliza a los defensores de la tierra", explicó el abogado José Antonio Lara Luque, quien argumentó que tras 15 años de proceso "el juez determinó que los seis indígenas de San Pedro Tlanixco son responsables de un homicidio que no cometieron, fincando su decisión en testigos a modo que fueron aleccionados por la Procuraduría de Justicia del Estado de México".
Los acusados del homicidio del empresario español Alejandro Isaak Basso son Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Dominga González Martínez, quienes fueron considerados culpables por el delito de homicidio calificado por el juez Maximiliano Vásquez Castañeda en la sentencia dictada el pasado 27 de noviembre del 2017.
De acuerdo a lo señalado en el expediente penal 32/2013, los imputados fueron acusados de haber dado muerte a Alejandro Isaak Basso, luego que este, como parte de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero, ingresó al territorio de Tlanixco sin autorización del pueblo nahua, para acusar a esa población.
En un momento determinado del 1 de abril del 2003, en medio de una trifulca alguien empujó al empresario a un barranco, en donde perdió la vida, hechos de los que fueron responsabilizados los defensores del movimiento colectivo de defensa del agua, los que desde hacía años venían reclamando la propiedad del agua del río Texcaltengo, la fue concesionada para el riego de las agroindustria de flores.
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