José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 16 de marzo (Proceso).- Después de la huelga de la mina de Cananea en 2007, el Grupo México de Germán Larrea intentó cerrar el Hospital del Ronquillo, que hacía llevadera la vida de los mineros jubilados. El entonces gobernador Eduardo Bours ofreció a los empresarios apoyar al nosocomio con 100 millones de pesos, de los cuales entregó 30 millones de inmediato. Ahora el hospital está en decadencia y los 70 millones restantes no se ven ahí ni en las cuentas públicas de Sonora. En cambio, Bours creó la fundación Volemos Juntos, una plataforma política en la que presuntamente “invirtió” el dinero escamoteado.Alejandro López López es un viejo minero con dos operaciones en el corazón y silicosis en los pulmones a consecuencia de años de trabajo en la Minera Cananea. Orgulloso, dice que los 2 mil trabajadores retirados hicieron mucho por la empresa y la comunidad, y por eso no entiende por qué ahora no se respetan sus derechos de ser atendido como se merece en el hospital del Ronquillo, el único que hay en la zona donde está Cananea.
En el último año han muerto 58 mineros jubilados, muchos de ellos enfermos por el polvo de la silica que infesta la mina y se mete a los pulmones. Don Alejandro, como otros miembros de la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65, sospecha que la desatención contribuyó a la muerte de sus compañeros.
–No somos doctores, pero antes teníamos servicios de calidad. Sin asegurar nada, creemos que la gente que ha fallecido en parte se debe a que no tenemos medicamentos oportunamente o que son genéricos y de baja calidad. Además, no tenemos la atención que teníamos antes –señala el entrevistado, quien es secretario de una de las dos asociaciones de mineros retirados de Cananea.
Angustiado por la falta de servicios de salud de calidad, no entiende por qué el Hospital del Ronquillo no funciona, si el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, firmó un convenio con la Minera Cananea para hacerse cargo de los gastos con un fondo de 100 millones de pesos.
El viejo minero cree que dicho convenio sólo fue verbal. Lo que no sabe es que sólo se utilizaron 30 millones para mantener temporalmente el hospital y los 70 millones de pesos restantes fueron destinados a la campaña del candidato del PRI al gobierno del estado, Alfonso Elías, a cambio de garantizar el servicio de salud de los mineros retirados.
Sin embargo, con la derrota del candidato de Bours dichos acuerdos fueron olvidados y los fondos públicos fueron a parar a la fundación Volemos Juntos, dirigida por el actual diputado federal Ernesto de Lucas Hopkins, con la idea de apoyar a los candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales en las elecciones de 2012 para conservar sus espacios de poder.
Manuel López, exsecretario particular del diputado Ernesto de Lucas, señala que desde la campaña del año pasado para elegir a gobernador, diputados locales y presientes municipales se enteró de los trabajos de la fundación Volemos Juntos, que en apariencia se creó para ayudar a la gente.
“Tengo entendido que comenzaron a trabajar a finales de las pasadas elecciones y hace poco abrieron oficinas en Hermosillo, supuestamente para apoyar a los ciudadanos. La intención, en realidad, es apoyar la campaña de 2012, y los recursos creo que vienen prácticamente de los fondos del Hospital del Ronquillo”, sostiene el empresario.
Manuel López dejó de trabajar con Ernesto de Lucas cuando terminó su campaña para diputado federal. Hoy se dedica a sus negocios, alejado de la política.
Por su parte, De Lucas Hopkins, actual diputado federal por el tercer distrito, con cabecera en Hermosillo, Sonora, funge como brazo político de Eduardo Bours desde que éste asumió la gubernatura. A los 20 años, De Lucas fue designado secretario de Seguridad Pública del estado. Para ello, Bours cambió la Constitución sonorense, que en su artículo 21 señalaba que debía tener más de 35 años de edad al momento de su designación.
Al cabo de sólo cinco meses fue relevado por su incompetencia, pues fracasó en el intento de hacer de la frontera con Estados Unidos una línea segura, para lo cual contrató por 924 mil 100 dólares a la empresa estadunidense J&D International Consulting Services LLC, con oficinas en Houston, Texas.
El fiasco no lo alejó del gobernador Bours, quien lo nombró presidente estatal del PRI a finales de 2006. En 2008, De Lucas se fue a coordinar las redes ciudadanas de Alfonso Elías Serrano, a la postre candidato a la gubernatura de Sonora, quien perdió con el panista Guillermo Padrés tras el escándalo de los niños muertos en la guardería ABC.
Hombre de todas las confianzas de Bours, el diputado federal De Lucas Hopkins está a cargo del proyecto político del exgobernador, la fundación Volemos Juntos, en la cual trabajan cuatro coordinadores con un salario de 45 mil pesos mensuales.
Según Manuel López, exsecretario particular de Ernesto de Lucas, la fundación forma parte del proyecto político de Bours para las elecciones federales de 2012.
Señala que la supuesta ayuda del gobierno del estado al Hospital del Ronquillo fue una pantalla política y un engaño a los derechohabientes de Cananea, ya que los 100 millones de pesos de subsidios estatales nunca se destinaron a mantenerlo, pues 70 millones fueron a parar a la fundación Volemos Juntos, un esquema similar a la fundación Vamos México, creada por Marta Sahagún como plataforma para lanzar su candidatura presidencial en 2006.
Estado y empresa contra los jubilados
La huelga en la Minera Cananea estalló el último día de julio de 2007. A los 10 meses, el consejo de administración del grupo empresarial que preside Guillermo Larrea decidió cerrar el Hospital del Ronquillo para presionar a los mineros sindicalizados, estuvieran retirados o en activo. Luego suspendió el servicio de agua potable y gas natural que se surtía en Cananea desde hace 70 años.
Los mineros consideraban al Hospital del Ronquillo como un logro sindical para la protección de sus familias, pues ahí recibían servicios completos y, cuando éstos no eran suficientes, subrogaban los gastos en otros hospitales de Hermosillo, Ciudad Obregón, Guadalajara e incluso de la Ciudad de México. Diez mil de los 30 mil habitantes eran derechohabientes.
En mayo de 2008, cuando los dueños de la compañía minera decidieron cerrar el hospital, se opusieron a ello los trabajadores e incluso el gobierno del estado, por lo cual los directivos de la empresa se reunieron varias veces con los trabajadores y Bours en el Palacio de Gobierno.
Isaac López, gerente de la mina, Xavier García de Quevedo, director general del Grupo México, y Juan Rebolledo, el director jurídico, alegaron que el costo por mantener el hospital era de 10 millones de pesos mensuales. Por su parte, el gobernador advirtió sobre el riesgo de un estallido social en Cananea.
Entonces se negoció que el gobierno del estado se haría cargo del mantenimiento, la operación, los servicios y el funcionamiento del hospital, asumiendo la responsabilidad que hasta entonces tenía el Grupo México.
El 18 de mayo, el secretario de salud del estado, Raymundo López, declaró que el gobernador se comprometía con los mineros y sus familias a darles una atención médica oportuna y de calidad. Pero todo quedó en promesas.
A partir de entonces comenzó la falta de suministro en medicamentos, la sustitución de los patentados por genéricos y el abandono de las instalaciones.
Lo que relata Alejandro López López, dirigente de la Asociación de Mineros Retirados de la Sección 65, que junto con la Asociación de Mineros Retirados representan a 2 mil jubilados, evidencia que el gobierno de Bours rompió su compromiso, pues se dejó de suministrar recursos económicos para atender enfermedades como silicosis y diabetes, así como para los males del corazón, que suelen afectar a los mineros porque se exponen durante años a sustancias nocivas en la extracción del carbón.
El viejo minero duda que Bours haya firmado un convenio con la compañía.
–Creo que no existe nada de eso. Hemos insistido en que nos den una copia del arreglo que hizo el gobernador anterior, Eduardo Bours, pero no nos han dado nada. Más bien, entre nosotros campea la idea de que nunca se firmó un documento donde el gobierno adquiriera un compromiso con la empresa. Creemos que todo se hizo de forma verbal.
Por este motivo, los mineros sindicalizados pidieron una audiencia con el actual gobernador, Guillermo Padrés, pero hasta el momento no han tenido respuesta.
–Queremos tener un acercamiento con representantes de la empresa y con el gobernador, porque en Cananea no tenemos con quién acudir. Creemos que a través del gobernador podemos acercarnos a la empresa y hacerle ver que no deben involucrarnos, porque no tenemos nada que ver con la huelga.
Antes de que estallara el paro, los mineros retirados tenían compromisos contractuales con la empresa, entre ellos el derecho a la cobertura de salud.
–Nosotros no tenemos la culpa, no se nos debe castigar de esta manera. Nosotros ya aportamos lo que teníamos que aportar para el engrandecimiento y beneficio de la comunidad. Sin embargo, ahora nos tienen marginados, relegados de una manera inmisericorde.
Alejandro López tiene 67 años. Se escucha cansado y desesperado: “Queremos que nos atiendan a los viejos y que el gobierno del estado dirija su mirada hacia nosotros, que nos apoye en la reunión con la empresa (para que) podamos decirles por qué peleamos nuestros derechos”.
Precisa que él nunca ha escuchado de la existencia de la fundación Volemos Juntos y tampoco conocía el dato de que ahí han parado 70 de los cien millones que Bours programó para ayudarlos pero que ahora no aparecen en las cuentas públicas de su gobierno.
Dicha fundación opera casi clandestinamente. Tanto, que Manuel López, el exsecretario particular del diputado Ernesto de Lucas Hopkins, no recuerda cuándo empezó a funcionar.
“No sé como nació, pero sí sé que es una fundación con intenciones políticas y que los fondos vienen prácticamente de lo que estaba destinado al hospital”, señala en entrevista.
De acuerdo con información extraoficial, Bours acordó con la empresa que su gobierno desembolsaría esos 100 millones de pesos, de los cuales daría de manera inmediata 30 millones y los restantes los destinaría realmente a su proyecto político.
Cuando su candidato, Alfonso Elías, perdió la elección, Bours tuvo que crear la fundación Volemos Juntos y poner al frente a su incondicional Ernesto de Lucas Hopkins, quien habría negociado en la Ciudad de México con el director jurídico de la Minera Cananea, Juan Rebolledo, la entrega de los 30 millones. Los otros 70 jamás aparecieron en las cuentas oficiales.
Esto se suma a las irregularidades financieras descubiertas por la nueva administración de Sonora. Desde octubre de 2009, el gobernador Guillermo Padrés adelantó que se habían encontraron diversas irregularidades en las finanzas estatales.
En febrero pasado, el contralor Carlos Tapia Astiazarán anunció que, tras una investigación amplia, se estableció que algunos funcionarios de Bours participaron en una presunta malversación de fondos públicos al cobrar por lo menos 20 cheques expedidos por la tesorería estatal, en diversos bancos, por un total de 190 millones de pesos.
Tapia informó que al concluir la administración de Bours se detectó un faltante de mil 600 millones de pesos en cuentas bancarias gubernamentales, así como pagos pendientes a decenas de proveedores, lo que llevó a Padrés a declarar la entidad en “emergencia financiera” el 5 de octubre de 2009.
Esto sin tomar en cuenta otros faltantes, como los 100 millones que Bours le otorgó a la Ford Motor Company mediante incentivos no fiscales y convenios “confidenciales”, los cuales, por supuesto, tampoco aparecen en las cuentas públicas.
Reportaje publicado en la edición 1741 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
