Promueven víctimas un fondo antiplagio

Promueven víctimas un fondo antiplagio
MUCD, 4 de marzo de 2010

Especialistas y activistas propusieron ayer la creación de un fondo para enfrentar el delito de secuestro y para apoyar a las víctimas de plagios, tras la muerte de un familiar en cautiverio.

Durante el foro "Alto al Secuestro", organizado por el Senado, el diputado panista José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, adelantó que impulsa un proyecto para destinar 500 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública de cada estado y así fortalecer sus actividades contra el secuestro.

"El monto económico será para profesionalizar a los recursos humanos en materia de investigación, análisis e inteligencia policial; operación y despliegue, así como control operativo para la persecución del secuestro", planteó.

Durante su ponencia, Isabel Miranda de Wallace propuso un fondo constituido con la aportación de la Federación y los estados, al cual se agregaría el 50 por ciento del total de bienes decomisados o que causen abandono en las averiguaciones previas y procesos penales.

"Se integraría con el producto del decomiso de los bienes del secuestrador o de los integrantes de una banda organizada una vez que se haya restituido el rescate de la víctima y se haya pagado la reparación del daño directo señalada en las sentencias", expuso la madre de Hugo Alberto Wallace, quien fue plagiado en 2005 y aún se desconoce su paradero.

Añadió que cualquier pago que sea realizado por concepto de rescate debe ser deducible al 100 por ciento del Impuesto sobre la Renta a favor de quien haya realizado el pago.

Al respecto, el Magistrado Humberto Manuel Román avaló el programa de recompensas para motivar la denuncia y por ende una forma de atacar la delincuencia.

"La necesidad de combatir la delincuencia organizada hace indispensable contar con un fondo federal de recompensas penales compuesto por fondos públicos, una partida especial señalada en el Presupuesto de Egresos y con donaciones", refirió.

Aclaró que el otorgamiento de recompensas debe ofrecer una cantidad de dinero por la información que permita detener a el o los probables responsables.

En temas penales, Jorge Lara, encargado de la subprocuraduría jurídica y de asuntos internacionales de la PGR propuso un esquema que permitan establecer la competencia de actuación entre los 3 niveles de gobierno.

"La experiencia ha demostrado que la dispersión normativa en este tipo de delitos ha generado espacios de impunidad y descoordinación, por ello se establecen los tipos penales en materia de secuestro bajo un esquema de descripciones típicas únicas", manifestó.

El Embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, presumió que en su país gracias a penas que castigan hasta con 70 años de cárcel el delito de secuestro este flagelo ha disminuido.

En su turno Cecilia González, comerciante de Central de Abastos y víctima del secuestrador Daniel Arizmendi, reprochó a los legisladores que en su momento pudieron evitar más secuestros mediante la aprobación de leyes.

"Ahora amigos comerciantes de Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa cerraron sus locales para irse a radicar a Estados Unidos", lamentó.