domingo, 9 de septiembre de 2012

En México existe una “clase política fallida”: Buscaglia

En México existe una “clase política fallida”: Buscaglia - Aristegui Noticias

El experto en temas de seguridad pública advirtió que la deuda pública del Estado puede estarse usando para lavar dinero.

(Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro)

La clase política mexicana es una “clase política fallida” que no ha logrado llegar a acuerdos fundamentales de gran envergadura que introduzcan los cuatro controles básicos para contener a los grupos criminales y que ya se aplican en todos los países, opinó el presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Edgardo Buscaglia.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el experto en asuntos de seguridad, destacó que por la falta de estos controles, la deuda pública del Estado mexicano puede “estarse usando como un mecanismo de lavado de dinero”, a pesar de ello, el país aún está lejos de castigar delitos patrimoniales como la penetración de recursos ilícitos en las campañas políticas, lo que quedó demostrado con la resolución del Tribunal Electoral al declarar infundadas acusaciones de este tipo en contra de la campaña presidencial del PRI.
“Mientras la clase política no defienda este tipo de acuerdos (para evitar la penetración del crimen organizado en el Estado), el modelo de control de la prevención social, y mientras no genere un acuerdo histórico de quiénes van a estar sujetos a estos controles, no habrá resultados. Los 22 tipos de delitos patrimoniales siguen aumentando en México, las políticas han sido fallidas; se necesita cooperación internacional más elevada”, dijo Buscaglia.
A su juicio, en México, la presencia de la delincuencia organizada dentro y fuera de la Policía Federal implica un conflicto armado, lo cual, convierte el tema de combate al crimen organizado en México en un asunto más complejo que no se ve en ninguna otra parte del mundo.
Insistió en la necesidad de implementar cuatro tipos de medidas para frenar la penetración de la delincuencia organizada: la implementación de un sistema judicial que vaya de la mano con un esquema penitenciario capaz de generar sentencias; desmantelar las redes de movimientos financieros del crimen organizado, ya que actualmente México es el país número 12 a nivel mundial en movimiento de recursos ilícitos; implementar procesos de indagación patrimonial y, por último, la creación de una política social que dé oportunidades laborales a los jóvenes.

El proyecto de Calderón

Buscaglia se refirió también al mensaje del lunes del presidente Felipe Calderón con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, en el que hizo énfasis en los logros y “errores” en materia de combate al crimen organizado.
Responsabilizó al mandatario de la existencia de grupos criminales que violan “sistemáticamente” los 58 derechos humanos promulgados a nivel mundial.
“A veces da discursos y habla como si fuera un espectador; los criminales están comprando políticos, a campañas políticas”, finalizó.

Edgardo Buscaglia: El país aún está lejos de castigar delitos patrimoniales como la penetración de recursos ilícitos en las campañas políticas

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martes, 4 de septiembre de 2012

Consejero Figueroa cuestiona investigación IFE sobre 'propaganda encubierta' de Peña Nieto

Consejero Figueroa cuestiona investigación IFE sobre 'propaganda encubierta' de Peña Nieto - Aristegui Noticias

Alfredo Figueroa publicó, este miércoles, un artículo en REFORMA en el que afirma que el trabajo de investigación, coordinada por Edmundo Jacobo, sobre la presunta maquinación para promover la imagen de Enrique Peña Nieto, no fue exhaustiva.

“Siete afirmaciones insostenibles y un Secretario Ejecutivo” / Alfredo Figueroa Fernández
Reforma, miércoles 29 de agosto 2012

El 16 de agosto de 2012, el Consejo General del IFE resolvió la queja promovida por el PRD contra Enrique Peña Nieto, el PRI, el Gobierno del Estado de México, Televisa y otros; por una presunta maquinación para promover la imagen de Peña Nieto. Por mayoría de votos concluyó que no había elementos que la acreditaran.
El interés por la denuncia, ha concitado un debate público en torno a la calidad de la investigación a cargo de Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del IFE, quien el 20 de agosto publicó en Excélsior el artículo “Fundamentos y razones del IFE”, en el que nos ofrece un conjunto de razones por las que busca justificar la suficiencia de su investigación. No pienso que los argumentos que nos plantea permitan concluir que se trató de un trabajo exhaustivo.

1. Afirma que la indagatoria fue amplia, tanto, que se abrieron 29 investigaciones paralelas. No hay manera de sostener esto salvo que además de ser paralelas, las líneas de investigación sean secretas. El expediente revela tres: a) la presunta adquisición, contratación, venta o enajenación de propaganda encubierta o integrada, presentada desde una aparente cobertura noticiosa, opiniones, editoriales y comentarios en radio y televisión; b) la supuesta realización de conductas contrarias al principio de imparcialidad, derivado de la contratación de la propaganda o publicidad referida desde el Gobierno del Estado de México; y c) la presunta realización de actos anticipados de campaña, por la participación de Peña Nieto en abril de 2012, en el programa “Todo para la Mujer”, conducido por Maxine Woodside. Buena parte de las diligencias consistieron en formular preguntas cerradas cuya eficacia es muy cuestionable. Por ejemplo, se plantea a una de las empresas si realizó determinado contrato con los demandados, frente a lo cual responde “con ellos no”; lo lógico habría sido preguntar si lo celebró con alguien más con el mismo propósito o si existe otro contrato. Esto no se llevó a cabo. El proyecto que se presentó al Consejo General no estuvo respaldado, como se afirma, con evidencias ciertas; las insuficiencias en la investigación no permiten determinar en general si los involucrados participaron o no en los hechos denunciados y si éstos constituían o no una infracción en materia electoral.

2. Sostiene haber investigado y valorado toda prueba y argumento de las partes. Esto es falso. A pesar que el denunciante lo solicitó expresamente, no se requirió al Instituto Electoral del Estado de México los Informes de ingresos y gastos de campaña, correspondientes al proceso electoral local 2005 para Gobernador -lo cual resultaba necesario para indagar sobre algún tipo de relación contractual que hubiera iniciado en la campaña y continuado con posterioridad a esa fecha. Lo mismo ocurre con el Gobierno del Estado de México, al que inexplicablemente, no se solicitó los gastos de comunicación social erogados de 2005 a 2011. Por otra parte, la resolución no incorpora un análisis de los distintos artículos y libros ofrecidos como prueba. Lo que sí hace es descalificarlos al señalar que los autores se basan en “meras especulaciones” que no generan convicción, sin ofrecernos las razones en que basa su conclusión. El análisis de los trabajos periodísticos ofrecidos hubiese supuesto un conjunto de diligencias y líneas de investigación que no fueron exploradas.

3. Otra de las afirmaciones en que el Secretario descansa la justificación es que el proyecto se dividió en apartados, uno de ellos separa los hechos denunciados previos a la reforma electoral 2007, con el propósito de desestimarles. El Secretario desconoce su propia resolución, pues en ella señala: “…esta autoridad cuenta con la posibilidad de apreciar los hechos sometidos a su consideración en el presente asunto, incluso los realizados con antelación al quince de enero de dos mil ocho, con la finalidad de desprender la existencia de algún elemento continuado que hubiera podido trascender al normal desarrollo del proceso electoral federal 2011-2012″. En la resolución se planteó adecuadamente que los hechos denunciados se investigarían como un acto sucesivo o continuado, no en apartados analíticos. No se esperaba desde luego una aplicación retroactiva de la norma, sino la investigación de indicios respecto de la posible continuación de conductas que con posterioridad a la reforma serían contrarias a la Constitución.

4. Afirma que el PRD buscó reabrir expedientes y volver a discutir asuntos que son cosa juzgada. No es así, una lectura puntual de la denuncia permite establecer que éste no solicitó la reapertura, sino que se retomaran constancias que obraban en el expediente relativo a los gastos de comunicación social erogados por el Gobierno del Estado de México con motivo del 5to Informe del entonces Gobernador, ahora con un propósito diverso: tratar de probar los gastos excesivos erogados en contratos con la empresa Televisa, como parte de la “estrategia” denunciada.

5. Mantiene que los lineamientos de intercampaña permitieron entrevistar a los precandidatos únicos. Es equivocado, los lineamientos no distinguen entre “precandidatos únicos” y precandidatos, entre otras cosas porque en la intercampaña esta distinción no es relevante, ya que el periodo de selección interna de los partidos ya ha concluido. Si bien en ese periodo se garantizó la libertad de expresión de los precandidatos y candidatos, así como el derecho de los medios a ejercer su labor periodística al realizar entrevistas, el PRD no denunció la realización de las mismas como parte del ejercicio de estos derechos, sino la contratación de propaganda encubierta o simulada a través de una entrevista. Hubiese bastado que la investigación dedicara unos minutos al internet para saber que la periodista Woodside ha declarado no entrevistar a políticos “por gusto” sino por órdenes y porque los candidatos pagan por ellas.

6. Argumenta, al igual que Televisa, que el monitoreo de la UNAM es prueba de equidad en los noticieros. Contrario a lo señalado por el Secretario, el PRD no denunció la existencia de inequidad periodística sólo en notas, también en la cobertura de opiniones, editoriales, comentarios en radio y televisión durante la campaña presidencial, de lo cual el monitoreo de la UNAM no da cuenta. De cualquier modo, la inequidad de las opiniones no es inequidad electoral, porque opinar es un derecho protegido por la Constitución. El monitoreo no prueba equidad o inequidad electoral, consigna una parte de la cobertura y excluye otra.

7. Finalmente, pretende demostrar que el IFE empleó todas sus atribuciones en esta investigación. Esto, además de insostenible, ya resulta preocupante, porque ignora los esfuerzos extraordinarios que, en diversos momentos posteriores a la reforma, la Secretaría Ejecutiva del IFE desarrolló para documentar las acciones de simulación cometidas por partidos, candidatos y televisoras en contra de la Constitución, o cuando por el contrario, pero con igual valía, se acreditó sin lugar a dudas que se trataba de actos que no podían ser calificados como contrarios a la ley.

Lo que este caso demuestra es que olvidar los estándares que el IFE produjo para estudiar la simulación o el fraude a la ley tiene resultados adversos para denunciantes y denunciados y niega el sentido y responsabilidad por proteger el interés general como corresponde. No me preocupa tener una postura diversa a la mayoritaria o una opinión distinta a la de los integrantes del Consejo General, esto ha ocurrido muchas veces. Lo que lamento es el intento, afirmación tras afirmación, por justificar la suficiencia de una investigación insostenible.

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La inequidad impune

La inequidad impune
FUENTE: El Universal / 04 Septiembre 2012 / Javier Corral

Enrique Peña Nieto fincó su candidatura y campaña presidencial en una triple estrategia: el uso indebido de recursos públicos para su promoción personal; una hipoteca mercantil celebrada con Televisa desde el inicio de su gubernatura que le mantuvo una profusa presencia en televisión nacional a través de propaganda encubierta, y el espectacular derroche de dinero público y privado en su campaña con el que rebasó los topes de gastos e incurrió en financiamientos privados ilícitos. Estos son hechos ostensibles, más allá de las sofisticadas fórmulas con que fueron escondidas las evidencias. Ahora sí que muchísimas personas lo vimos.

De ahí que la sentencia del Trife que valida la elección —como si nada de lo anterior hubiera pasado— provoque irritación y desánimo entre mucha gente. Tiene el amargo sabor de la inequidad sobre la que se alzó el triunfo de Peña; basado precisamente en la violación de los tres componentes que definen la equidad en materia electoral, y a su vez, uno de los principios constitucionales más importantes a observar en las reglas que definen el acceso al poder.

No usar los recursos públicos en favor de partidos y candidatos junto con la no difusión de logros en campaña, quedó explícitamente señalado en los artículos 41 y 134 de la Constitución; acceso a tiempos de radio y televisión conforme a la ley y la Constitución, fue el núcleo de la reforma electoral de 2007 en el artículo 41; el tema del financiamiento público y privado se elevó a rango constitucional en el mismo artículo 41. Si bien este artículo se refiere, específicamente, al tema de equidad en el financiamiento, dentro de la contienda electoral, la equidad puede entenderse como la garantía de que las condiciones materiales y jurídicas de ésta no favorecerán a alguno de los participantes sino que, por el contrario, los sujetarán a todos a la misma regulación.

La equidad en el acceso a la radio y la televisión se contiene también en el artículo 41, párrafo segundo, Base III de la Constitución Federal al establecer que los “partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social.” Este acceso a los medios se produce a través de los tiempos del Estado en radio y televisión. Para este fin, se establece: 1) al Instituto Federal Electoral como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales; 2) el tiempo total que quedará a disposición del IFE, tanto durante los procesos electorales como fuera de ellos; y 3) las reglas para determinar la distribución de éste entre cada uno de los partidos políticos (del tiempo total el 30% se distribuye entre ellos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior). Además del criterio de distribución se estableció una prohibición total a los partidos políticos de contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, para contratar propaganda en radio y televisión, siempre que estén dirigidos a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

Sobre la equidad relacionada con los recursos públicos, los artículos 41, párrafo segundo, Base III y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución establece: 1) la obligación de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos; 2) la prohibición que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, y 3) la obligación de suspender la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial.

La violación de dos de estos tres componentes de la equidad, acceso a medios y recursos públicos, han quedado sin sanción alguna tras la resolución del TRIFE. Ello genera la sensación de una absoluta impunidad, que no tiene fin, ni mecanismo institucional que la ataje.

Es muy delicado lo que se construye en esa relación entre autoridades y electores cuando se desecha de manera tan contundente los agravios, cuando la unanimidad se construye sin debate alguno sino a partir de una sospechosa uniformidad de criterio, porque cuando todos piensan igual, en realidad no están pensando mucho.

La exhaustividad de las investigaciones sobre los indicios que los partidos presentan sobre las irregularidades no pueden estar a cargo de los mismos partidos; eso es un despropósito. La autoridad tiene el deber de ahondar, de llegar al fondo de los hechos que se denuncian. Falta juzgar el tercer elemento que se refiere al financiamiento. Reto que tiene el IFE en el caso de Monex y las transferencias ilegales. Dejar impune también estos hechos sería una provocación brutal a la sociedad mexicana. Ojalá haya esa conciencia en el Instituto; la que no se tuvo en el Trife.

Senador por el PAN

domingo, 2 de septiembre de 2012

Niega juez de distrito órdenes de cateo en el caso de ex gobernadores de Tamaulipas

La Jornada: Niega juez de distrito órdenes de cateo en el caso de ex gobernadores de Tamaulipas

Alfredo Méndez

Periódico La Jornada / Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 22

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó nuevos cateos en los estados de México y Tamaulipas como parte de la investigación en contra de los ex gobernadores de esta última entidad, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, pero un juez de distrito negó las medidas cautelares, revelaron fuentes ministeriales.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) ya solicitó que un tribunal unitario de circuito revise estas peticiones que incluyen la solicitud de catear una residencia ubicada en una zona exclusiva del estado de México.
La PGR continúa en el desahogo de la averiguación previa en contra del ex gobernador Eugenio Hernández, contra quien aún no se solicita la orden de aprehensión correspondiente por lavado de dinero, informaron las fuentes consultadas.
Esta es la tercera ocasión en que el Ministerio Público solicita cateos en el caso de las pesquisas contra los dos ex gobernadores de Tamaulipas y sus presuntos prestanombres.
En julio pasado, en Ciudad Victoria, la PGR cateó por segunda ocasión la propiedad del empresario victorense Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, a quien la PGR señala como supuesto prestanombres del político tamaulipeco Eugenio Hernández Flores.

La primera diligencia se realizó el 26 de mayo luego de que un juzgado federal especializado en cateos giró la orden.
El inmueble de Fatemi Corcuera fue resguardado por más de 15 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y miembros del Ejército que realizan funciones de policías preventivos en aquella capital.
Un agente del Ministerio Público de la Federación, que fue resguardado por los efectivos militares, se introdujo en el domicilio del empresario victorense para llevar a cabo la segunda diligencia en el mismo lugar.
El empresario victorense Farough Fatemi Corcuera comenzó a figurar en enero de este año cuando la PGR giró oficios de familiares, funcionarios y empresarios ligados a los últimos tres ex gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma.

Comicios irregulares no pueden ser legítimos, dice #YoSoy132

Comicios irregulares no pueden ser legítimos, dice #YoSoy132

La Jornada

Cuando los magistrados y la cúpula del PRI se marcharon de la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); cuando se apagaron las luces y los discursos autocomplacientes saturaban los medios electrónicos, llegó a la calle de Carlota Armero el contingente del movimiento #YoSoy132 –alrededor de 5 mil personas– para declarar que no se puede considerar legítima una elección plagada de irregularidades y cuestionar el modelo electoral que acababa de ser festinado por el Poder Judicial y las cúpulas políticas.

La movilización transcurrió sin incidentes, incluso con insistentes llamados a la no violencia, hasta que ya para terminar sonaron cuatro petardos que provocaron susto y algunas carreras. Según versiones no confirmadas, un granadero resultó herido. No por ello se interrumpió el performance de los Artistas Asociados, que convirtieron el funeral de la democracia simulada en un carnaval para marcar la nueva etapa de lucha y organización popular.

¿Qué clase de democracia es ésta, donde la gente renuncia a su voto libre con tal de comer un día más?, preguntaron los oradores frente a las ventanas oscuras del recinto, fuertemente resguardado por granaderos de la Policía Federal.

Siguió la interpelación: ¿Qué clase de democracia es ésta, donde siete magistrados elegidos por los partidos políticos deciden el destino de la elección y con ello el de nuestra patria? ¿Qué clase de telenovela es ésta, que quieren presentarnos como democracia?

A las instituciones que hoy consideraron dicha la última palabra sobre el controvertido proceso electoral, el movimiento estudiantil advirtió: Se equivocaron de generación. No seremos cómplices de su discurso hueco, se quedarán solos con su fallo judicial mientras nuestras preguntas los persiguen.

Al dar por iniciada una nueva etapa en la que se proponen tomar la política en sus manos, prometieron: Vamos a decir al mundo que su democracia es evidentemente ilegítima.

Aseguraron que no esperarán respuesta de las instituciones ni de los políticos: Las respuestas no vendrán de la elite, sino del pueblo organizado.

En su posicionamiento político ante el fallo del tribunal, los integrantes de #YoSoy132 enfatizaron que la clase política y sus intereses han establecido un sistema de reglas situado por encima de los principios democráticos, violentando la voluntad ciudadana y simulando ajustarse al sistema jurídico, controlándolo desde afuera.

Por tanto, declararon que la clase política no ha sabido conducir esta nación hacia un horizonte democrático, libre y justo, y propusieron construir formas de participación efectiva, porque la política no es de los poderes fácticos, es del pueblo, de nosotros.

Con este pronunciamiento culminó una jornada de protestas iniciada las primeras horas de la mañana con la toma momentánea de las casetas de cobro de la autopista México-Cuernavaca.

Aunque pequeños grupos de manifestantes se presentaron frente al TEPJF desde el mediodía, cuando se inició la última sesión solemne de este proceso electoral –lo que obligó al candidato ungido como presidente electo, Enrique Peña Nieto, a llegar al recinto en helicóptero–, el movimiento programó su protesta para las últimas horas de la tarde, cuando la ceremonia había concluido.

La avenida Carlota Armero, por los rumbos de Culhuacán, fue un escaparate de la airada reacción popular contra la declaratoria de Peña Nieto a lo largo del día, con gente que se apostó con cartulinas a lo largo de la avenida: Magistrados, nos entregaron a la mafia. Mi única arma será la inteligencia o Toca el cláxon contra la imposición.

Alrededor de las 16:30 horas la marcha convocada por #YoSoy132 salió de las islas de Ciudad Universitaria entre consignas que se oyeron mucho durante todo el recorrido, entre ellas México, sin PRI, "Peña no ganó, el narco lo ayudó", y Fuera Peña.

A pesar del caos vehicular que causaron en su camino a la sede del TEPJF, los participantes en la caminata –en su mayoría jóvenes, aunque también había muchos adultos de todas las edades y hasta familias con niños pequeños– recibieron muestras de curiosidad y simpatía a su paso.

Aunque la marcha, de casi 10 kilómetros, por momentos hizo mella en el ánimo de los manifestantes, se percibía un ambiente festivo, a pesar de que para entonces ya se sabía que las opciones legales para frenar la imposición de Peña Nieto se habían acabado.

Durante su recorrido de tres horas por Eje 10 Sur, División del Norte, avenida Taxqueña, Miramontes, Santa Ana y Carlota Armero, pudieron verse decenas de personas cargando ataúdes de cartón, donde yacía la democracia; mimos desairados persiguiendo a policías para abrazarlos, y vallas de jóvenes cantando All you need is love, con pasos de cancán.

Mientras en Los Pinos y en el PRI se prepara la transición para el cambio de poderes, las preguntas del movimiento estudiantil quedan en el aire: ¿Qué clase de democracia es ésta, donde los ciudadanos no pueden impugnar una elección? "¿Qué clase de democracia es ésta, donde se puede ser presidente después de gobernar un estado con los mayores índices de feminicidios?"

Me indigna constatar que la historia se repite: Alfonso Romo

1 de septiembre de 2012

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El empresario Alfonso Romo cuestionó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de desechar el recurso de impugnación de la elección presidencial presentado por la coalición Movimiento Progresista.

"Me indigna constatar que la historia se repite: la política, el egoísmo y la indiferencia imperan sobre los principios y valores. Hoy, nuevamente, vemos amenazado el futuro de nuestra frágil democracia. (…) Insisto, lo que sucedió en la pasada elección presidencial, me sigue estremeciendo…", cuestionó.

Romo publicó la mañana de este viernes su posición respecto a la decisión del TEPJF:

"Nosotros, los mexicanos, fuimos testigos de las violaciones que se cometieron. Fue indignante presenciar la inescrupulosa compra de votos y más grave aún, la manera como se abusó del hambre del pueblo".

Alfonso Romo, empresario originario de Monterrey, apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador y es fundador de la organización Opción Ciudadana.

"Me seguiré manifestando frente a la indiferencia y mediocridad. No tengo duda que siempre será más cómodo platicar de democracia que luchar por ella y siempre resultará más conveniente acomodarse del lado del ganador.

"La democracia no es para cobardes. Creer en la democracia significa tener fe en la sabiduría de los ciudadanos para elegir o quitar a nuestros gobernantes. Creer en la democracia es aceptar el resultado de cualquier elección –incluyendo la contienda presidencial– sin obstaculizar la libre elección de los votantes".

Re: De mi maestro fray Miguel Concha: Exigencias ciudadanas al TEPJF

Exigencias ciudadanas al TEPJF

La Jornada / Miguel Concha Malo
31 de Agosto de 2012

La Red de Solidaridad Sacerdotal es un grupo de presbíteros católicos de diferentes regiones del país. La semana pasada emitió un pronunciamiento sobre el proceso electoral, luego de haberlo analizado en su más reciente asamblea anual, desde la perspectiva del poder y la autoridad en Jesús de Nazareth. En él reconoció aspectos positivos, como el número de personas inscritas en la lista nominal con posibilidad de votar, que constituye una de las 10 listas más grandes del mundo; la participación ciudadana numerosa el día de las elecciones, particularmente la de las y los jóvenes; el alto porcentaje de casillas que no obstante las dificultades se pudieron instalar; la transparencia en el conteo de los sufragios en las mesas de votación, y la realización de diversos foros y espacios de debate entre los candidatos a diferentes cargos. Pero señala como aspectos negativos, la inequidad del proceso electoral en el uso de recursos en los medios de comunicación, cargados hacia la candidatura presidencial de uno de los contendientes; el desaliento de votantes o la inducción del voto en favor de éste por medio de encuestas, y la compra del voto y el lucro que se hace con la pobreza, ejercicio aberrante en el que incurren todos los partidos.

Percibe, además, un desencanto en la ciudadanía con relación a estos institutos políticos, no arraigados en la base de la sociedad, y por ende lejanos a los problemas sentidos por el pueblo pobre, lo que se manifiesta, entre otras cosas, al seleccionar a los candidatos desde la cúpula partidista, haciendo a un lado a la militancia.

Y afirma que la ley electoral no provee todavía a la ciudadanía de instrumentos jurídicos que le garanticen una efectiva participación en la configuración del poder político. Entre los que señalan, la reelección de presidentes municipales, la segunda vuelta, la reglamentación de las candidaturas independientes, la revocación del mandato, la rendición de cuentas y la eliminación del fuero.

Concluye constatando con tristeza la lejanía que se dio en nuestro país entre los anhelos democráticos y la realidad que se manifestó en el pasado proceso electoral, enfatizando que el pueblo no es un puñado de clientes a los que se puede ver como votos potenciales a través de la compra, sino una comunidad de ciudadanos que aspiran a ser sujetos de su propio destino.

Invita, finalmente, a enriquecer conjuntamente la democracia, dándole seguimiento puntual a la gestión de las autoridades emanadas de la elección; fortaleciendo la presencia de la Iglesia en los acontecimientos y procesos sociales, y aportando en la base de la sociedad formación democrática y mística, para mantener la esperanza en una sociedad lastimada por la injusta pobreza, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad.

Por otro lado, La Jornada informó oportunamente el miércoles que 70 miembros y dirigentes de organizaciones sociales de toda la República se dirigieron el martes a los magistrados y a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para exigirles que se asuman como un órgano autónomo de Estado, como un verdadero tribunal de constitucionalidad, garante por ello de la soberanía popular en el Poder Judicial, y que no pasen por alto las irregularidades ocurridas en los comicios del primero de julio. Que no simplemente validen con argumentos legales el triunfo de un candidato que violó las normas, desobedeciendo así el mandato de nuestra ley fundamental, y mellando también con ello gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República.

El mandato del IFE y del TEPJF es la garantía y salvaguardia de los principios constitucionales que la Carta Magna estableció como rectores de elecciones auténticas en nuestro país, y del principio del sufragio libre para el acceso a los puestos de elección popular, también consagrado en la Constitución, dicen con acierto los dirigentes de estas organizaciones civiles y sociales.

"Dicha responsabilidad –añaden– comprende el proceso en su totalidad, y no se reduce a la jornada electoral, ni a los recuentos de sufragios correspondientes." "El IFE y el TEPJF –concluyen– deben asumirse como instituciones de constitucionalidad en primer término, y de ninguna manera eludir su responsabilidad, sobreponiendo a la Constitución, de forma mecánica y trivial, disposiciones de carácter meramente legal."

Entre las irregularidades destacan el rebase del tope de campaña y la actuación parcial y tendenciosa de los medios de comunicación en beneficio de un candidato; la contratación de encuestadoras que rebasaron con mucho los márgenes de error aceptables, haciendo creer a la opinión pública que uno de los candidatos contaba con preferencias irreversibles, las cuales resultaron totalmente fuera de la realidad, y la utilización masiva de mecanismos refinados y burdos de compra y coacción del voto.

"Ante estos hechos –expresan–, ni el IFE ni el TEPJF, como garantes constitucionales del proceso electoral, pueden refrendar impunemente el triunfo de un candidato que obtuvo votos bajo esas circunstancias."

Por otro lado, también el Movimiento por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas expresó lo siguiente a este respecto en un manifiesto dado a conocer el miércoles, del que nos ocuparemos más ampliamente después: Exigimos que el TEPJF incorpore en la calificación de la elección presidencial todos aquellos elementos de prueba que se le han presentado y que se asuma como lo que es: un tribunal constitucional y no sólo de legalidad.

¡Obedezca nuestra Constitución! Representante Walter Jones a Obama

Obedezca nuestra Constitución. Representante Walter Jones a Obama:

31 de agosto — El siguiente es el texto de una carta que envió por correo electrónico el congresista republicano de Carolina del Norte, Walter Jones, el 30 de agosto de 2012 al despacho de Asuntos Legislativos de la Casa Blanca, cuyo original fue enviado directamente a la Casa Blanca.

Estimado Señor Presidente:

Le escribo esta carta debido a la grave preocupación de que de nuevo lleve usted a nuestra nación hacia una guerra sin la autorización del Congreso. En tanto que aumentan las tensiones y la retórica en Siria e Irán, la facultad para declarar la guerra sigue conferida al Congreso. Ninguna resolución de las Naciones Unidas ni de la OTAN puede sustituir la facultad que se la ha confiado cuidadosamente a los representantes del pueblo estadounidense.

En Corea, Yugoslavia, o Libia, los presidentes han hecho caso omiso de la Constitución y han enviado a estadounidenses a la guerra sin la autorización del Congreso. Con el propósito de impedir una mayor usurpación por el poder ejecutivo, he introducido en la Cámara de Representantes la Resolución Concurrente 107. Mi Resolución establece:

"Excepto en respuesta a un ataque efectivo o inminente contra el territorio de Estados Unidos, el empleo de la fuerza militar ofensiva por parte de un Presidente sin la autorización previa y patente de una Ley del Congreso viola la facultad exclusiva del Congreso para declarar la guerra según el Artículo I, Sección 8, Cláusula 11 de la Constitución y por lo tanto constituye un delito grave y falta leve que es susceptible de juicio político según el Artículo II, Sección 4 de la Constitución".

Lo anterior simplemente repite lo que dice la Constitución. Nuestros padres fundadores tuvieron la perspectiva singular de haber vivido las guerras de preferencia libradas por un rey. Como escribió James Madison, permitir que solo el Presidente lleve al país a una guerra sería "demasiada tentación para un solo hombre".

Fuera de un ataque efectivo o inminente sobre Estados Unidos, el único precursor de la guerra puede ser la autorización del Congreso. Le hago un llamado para que obedezca nuestra Constitución y confíe en los representantes de nuestro país para decidir cuando es necesaria una guerra. No hay mayor responsabilidad que enviar a nuestros hijos e hijas a la guerra. Esa responsabilidad sigue siendo del Congreso de Estados Unidos.

Sinceramente,

Walter B. Jones

Miembro del Congreso.

http://espanol.larouchepac.com/node/17348

sábado, 1 de septiembre de 2012

Peña Nieto, "impuesto por Televisa": ex ministro Góngora

Peña Nieto, "impuesto por Televisa": ex ministro Góngora - Aristegui Noticias

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validara la elección presidencial, Genaro Góngora Pimentel, ex presidente del máximo Tribunal, declaró que “el gobierno era una imposición” de la televisora.

(Foto:Archivo/Cuartoscuro)

El viernes pasado el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, fue interrogado sobre si el ahora presidente electo, Enrique Peña Nieto, quien encabezará durante el próximo sexenio el gobierno federal, era una imposición de la corrupción, según había declarado horas antes Andrés Manuel López Obrador, a lo que Góngora Pimentel “irónicamente” contestó que era “una imposición de Televisa”.
La declaración del también ex presidente del máximo Tribunal, se produjo a las afueras de la oficina del tabasqueño en la colonia Roma, retomada por reporteros de MVS, un día después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó la impugnación de la elección presidencial.
Tras el fallo, el priista Enrique Peña Nieto recibió la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo para el periodo 2012-2018.
Góngora Pimentel, quien desde el 2009 se dedica a la docencia y es conferencista, figuraba entre los posibles integrantes para participar en el gabinete de López Obrador, en la llamada Consejería Jurídica de la Presidencia; en campaña el candidato de las izquierdas había declarado que “Va a ser como el faro- Góngora Pimentel- que me indique hacia dónde se tiene que ir para apegarnos siempre a la Constitución y las leyes. El ex presidente de la SCJN me va a ayudar como consejero jurídico, porque vamos a aplicar un criterio que se puede resumir en una frase: nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley”.

(Con información de MVS y La Jornada)

el5antuario: Comunicado, Frente armado del Sur

miércoles, 29 de agosto de 2012

Comunicado, Frente armado del Sur

A TODOS LOS HERMANOS MEXICANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A TODAS LAS FUERZAS ARMADAS PATRIOTICAS QUE LUCHAN POR EL BIEN DE MÉXICO

A pocos días de que se consuma la gran traición del poder factico en contra de nuestra República Mexicana, ante la nefasta actuación de unas instituciones serviles al proceso neoliberal nuevamente impuesto en la persona de un títere, manejado por los intereses de quienes durante años han hundido en la pobreza a la gran mayoría de hermanos mexicanos, y ante el total cinismo de quienes llevan en sus manos las riendas de nuestro país, hoy hacemos un llamado a todas las fuerzas revolucionarias de México para actuar por la vía armada en contra de esta grave descomposición y depredación en nuestro país.

Lo hacemos con la convicción que la vía pacifica no resuelve en nada lo que ha estado ocurriendo durante todo este tiempo, el poder factico se burla de todos los mexicanos, las leyes, que son sus leyes, están hechas para su libre manipulación, las instituciones están asentadas sobre la podredumbre y la corrupción, no existe un buen futuro para las nuevas generaciones, el cáncer factico cubre todas y cada una de las instituciones, el Presidente de la República está sujeto a su mandato, los grandes monopolios lucran con el dinero del pueblo, las riquezas mexicanas son repartidas entre grupos de poder, el petróleo que con cinismo se empeñan en decir que es de todos los mexicanos, no es más que un vil dispendio de dinero, la caja grande en donde estos grupos meten mano y se dan la gran vida, han denigrado el enorme esfuerzo de todos los mexicanos que dieron aun lo que no tenían para conservar el petróleo, la nacionalización se la han pasado por el arco del triunfo, nos han mentido y engañado como es su forma de ser y actuar, el campo mexicano hoy abandonado, la miseria dispersa entre los surcos, todo es miseria alrededor, pero no la miran, tiene los ojos llenos de ambición, en ellos solo se refleja el dinero, sin importarles la vida de uno solo de nuestros hermanos mexicanos, nada ha cambiado, aun cuando el país ha celebrado su independencia miles de veces, aun cuando la revolución rego con sangre valiente nuestra tierra, nada ha cambiado, siguen existiendo los traidores de la Patria.

Por eso hoy nos manifestamos y le declaramos la guerra a este gobierno maniatado y traidor, si el ejército se empeña en seguir bajo las órdenes de este poder factico y quiere nuestra sangre, gustosos la daremos, lucharemos hasta la victoria, si el ejercito respalda al pueblo, muy pronto emergerá una nueva nación hermanada en la verdad, mexicanos no tengan miedo, el cañón hará temblar los cimientos de la corrupción, solo los traidores deberán de tener miedo, los conocemos, sabemos quiénes son, el enemigo está en casa.

Mexicanos al grito de guerra, hoy los convocamos a defender nuestra patria, esta patria mancillada, hoy las Fuerzas Armadas del Sur iniciamos el camino de la esperanza, patria o muerte.

El acero aprestad y el bridón, que tiemblen los traidores, los saqueadores, los que le han perdido el respeto a nuestra tierra.

Y retiemble en sus centros la tierra, de esta patria bendita, donde la libertad no puede ser condicionada ni sometida.

Al sonoro rugir del cañón, la verdad nos hará libres, en una nación que va a renacer, la patria nueva.

Fuerzas armadas del Sur.

Comandancia central

México, patria nueva a 29 de Agosto del 2012.

Argumentos del Tribunal para desmontar argumentos de AMLO sobre medios y encuestas - Aristegui Noticias

Los magistrados consideraron que a la izquierda le faltaron pruebas y las que presentaron no acreditaron la existencia de un agravio por supuesta inequidad en los medios de comunicación y manipulación de encuestas.

Constancio Carrasco, Salvador Olimpo Nava y Flavio Galván -los tres magistrados encargados de revisar el juicio de inconformidad del Movimiento Progresista que pedía la invalidez de la elección presidencial- desmontaron los argumentos del Movimiento Progresista sobre la presunta inequidad en los medios de comunicación y una supuesta manipulación de encuestas para favorecer al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
En el proyecto de sentencia se estableció que las líneas editoriales de medios de comunicación “no son reprochables”, mientras que no existan elementos que acrediten la manipulación de los estudios de opinión.
A continuación, los principales argumentos de los magistrados utilizados para responder a las denuncias apuntaladas por el propio Andrés Manuel López Obrador:
Sobre medios:
-La presunta “promoción encubierta” de Televisa a Peña no fue abordada durante la sesión de este jueves en el TEPJF, debido a que en una sesión previa” ya habían declarado infundado el recurso de apelación a la resolución del Consejo general del IFE, que declaró infundada la queja contra la televisora por no acreditarse la existencia de contratos fuera de la ley.
-”En lo que se refiere a la cobertura supuestamente tendenciosa por parte de la Organización Editorial Mexicana (OEM) hacia el candidato Enrique Peña Nieto, así como la propaganda de espectáculo supuestamente pagada en la revista Quién, en el proyecto se sostiene que se trata de líneas editoriales o noticiosas que no son reprochables, toda vez que las mismas están sujetas a un control social por parte de la opinión pública, así como a políticas de auto regulación y la sujeción a códigos éticos“.
-Sobre la falta de reglamentación del derecho de réplica en algunos medios de comunicación que habrían lastimado la imagen de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto considera que “la coalición actora se limita a realizar una serie de afirmaciones dogmáticas que en manera alguna conducen a estimar que ello haya provocado un trato inequitativo por parte de los medios de comunicación (…)”.
Sobre encuestas:
- Consideró que “quien pretenda cuestionar los resultados de los sondeos de opinión debe acreditar, por ejemplo, que se incumplió de manera sistemática con la entrega de información a la autoridad administrativa, que a partir del análisis de la metodología existen sesgos evidentes en el muestreo, que se manipularon las cuestiones o, bien, cualquier otra circunstancia que permita desvirtuar que las encuestas fueron realizadas siguiendo los criterios científicos y metodológicos conducentes o que, en su caso, su difusión respondió a una estrategia de propaganda electoral y no a un ejercicio legítimo de libertad de expresión cuando los resultados de los ejercicios muestrales sean falseados o dolosamente manipulados”.
-“No basta la mera afirmación de que las encuestas se encuentran manipuladas por no haber coincidido o haberse apartado considerablemente del resultado obtenido en la elección para estimar que son ilegales”.
-Indica que las encuestas “no deben ser equiparadas como predicciones de eventos futuros, aunque su uso creciente refleja también su importancia en las sociedades democráticas como medio de expresión e instrumento de información para los ciudadanos“.
-En cuanto a las encuestas de Milenio y GEA-ISA, se estableció que “no existe irregularidad alguna por el simple hecho de que se haya determinado realizar o difundir diariamente el resultado de la encuesta de referencia en medios de comunicación impresos y electrónicos pues tal determinación en principio se inscribe dentro de la libertad de expresión y de comercio que reconocen la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos al no existir una prohibición legal que impida la difusión sucesiva de ejercicios muestrales”.
-Sobre los resultados de Milenio-GEA-ISA y su difusión diaria “la Sala Superior no advierte elementos que, individualmente considerados o adminiculados entre sí, confirmen la afirmación de la actora en el sentido de que los conductores hayan hecho una manipulación del electorado con base en encuestas simuladas”.

Revisa otras denuncias que declararon infundadas:
1. Adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión
2. Uso indebido de encuestas y estudios de opinión

Faltó debate en el Tribunal Electoral: Ackerman, Alcocer y Huchim - Aristegui Noticias

Analistas señalaron en 'Noticias MVS primera emisión' que los magistrados del TEPJF dejaron una serie de temas pendientes de analizar en la queja presentada por el Movimiento Progresista para anular la elección presidencial.

(Foto: especial)

Los analistas políticos, Jorge Alcocer, Eduardo Huchim y John Ackerman, coincidieron al señalar que durante la sesión en la que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declararon improcedente el juicio de nulidad de la elección presidencial solicitado por la izquierda, faltaron puntos por debatir y explicar.
En Noticias MVS primera emisión, el director de la revista Voz y Voto, Jorge Alcocer, calificó como un ejercicio de “homogeneidad” la falta de debate que tuvieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) durante el llamado juicio madre, en donde dieron la validez a la pasada elección del 1 de julio.
“Lo que me llamó la atención fue la homogeneidad de los magistrados, cada uno fue desarrollando sus argumentos en torno a las argumentaciones del Movimiento Progresista”.
Señaló que los magistrados aceptaron que había indicios de violaciones durante las elecciones, sin embargo, pese a ello, en ningún momento concedieron la razón de dichas pruebas.
Mientras que el ex consejero electoral, Eduardo Huchim, calificó de insatisfactoria la decisión del TEPJF de invalidar la elección presidencial, “dejando en el aire” temas como el caso Monex, el rebase en los gastos de campaña entre otros.
“Creo que es profundamente insatisfactoria (…) Creo que dejó en el aire los temas que tienen que ver con el caso de Monex, si hubo o no rebase en los gastos de campaña, si se realizaron triangulaciones o indicios firmes de irregularidades”, argumentó Huchim.
Opinó que los magistrados faltaron a su carácter de “guardianes de la constitución”.
Cuestionó la afirmación de que no procede el juicio de inconformidad, y cuestionó que el magistrado Salvador Nava Gomar declarara al priista Enrique Peña Nieto presidente electo, cuando aún no se había hecho la declaratoria respectiva.
Por su parte, John Ackerman, dijo que no se ha subido la resolución del tribunal a su página Web, lo cual urge, para que la ciudadanía conozca a detalles los aumentos de los magistrados, con los cuales justificaron su decisión de hacer valida la elección.

Alcocer critica la falta de debate de los magistrados del Tribunal Electoral

00:00/06:09

John Ackerman cuestionó los argumentos de los magistrados

00:00/07:33

Eduardo Huchim, calificó de insatisfactoria la decisión del TEPJF

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AMLO no acepta fallo del Tribunal y llama a la desobediencia civil

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Andrés Manuel López Obrador no acepta la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y llama a la desobediencia civil.

(Foto: Rodolfo Angulo/Cuartoscuro) / Redacción AN / Agosto 31, 2012 8:17 am

Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). “No puedo aceptar el fallo(…) Las elecciones no fueron ni limpieas ni libres ni auténticas (…) No voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes”, aseveró.
El candididato presidencial de la izquierda convocó a sus seguidores a que se congreguen en el Zócalo de la ciudad el próximo 9 de septiembre a las 11:00 para manifestarse en contra de la decisión del Tribunal de declarar infundas las acusaciones de la coalición Movimiento Progresista sobre irregularidades en la elección presidencial.
En rueda de prensa, en la que no estuvieron presentes ninguno de los dirigentes de los partidos que integran la coalición, aseguró que no puede aceptar la imposición de un régimen injusto y de complicidades de “delincuentes de cuello blanco”.
Dijo estar empeñado en abolir el régimen de “corrupción”, en el encuentro con los medios de comunicación en el que apareció solo y no hubo preguntas ni respuestas.
“La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza yla felicidad del pueblo”, sostuvo.
Indicó que en el Zócalo definirá el siguiente paso. Hace 6 años, en el mismo lugar, llamó a la resistencia civil pacífica.
López Obrador sostendrá este viernes a las 10:00 una reunión privada con los dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano para conocer las posturas de cada uno frente al fallo y posibles acciones conjuntas.
Ver video de conferencia de prensa de AMLO:

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Primer mensaje de EPN como presidente electo

Primer mensaje de EPN como presidente electo - Aristegui Noticias

En su primer discurso tras recibir la constancia de mayoría como Presidente electo que le entregó el Tribunal Electoral, Enrique Peña Nieto ofreció inaugurar una "nueva forma de gobernar", con una Presidencia "moderna, responsable, abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos los mexicanos".

(Foto: Proceso) / Redacción AN / Agosto 31, 2012 6:19 pm

Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la unidad a las fuerzas políticas y a todo el país. Durante su primer mensaje como presidente electo de México, llamó a concretar las reformas que México necesita para mejorar.
“Quedaron claras nuestras diferencias, pero hay que destacar nuestras coincidencias”, dijo.”Corresponde enfrentar juntos los grandes desafíos”.
Tras recibir la constancia de mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Peña señaló: “Vamos juntos por las reformas que México necesita, que no se imponga la visión de nadie y que impere el interés general de la nación; que las diferencias sirvan para enriquecer las políticas que sirven a nuestro país”.
El ex candidato de la coalición Compromiso por México llamó a “demostrar al mundo que en democracia sí es posible realizar las transformaciones de fondo” y definió a la democracia como “patrimonio de todos los mexicanos de hoy y de mañana”.
Se dijo convencido que ha llegado el momento de implementar una democracia de resultados, en la que el país se convierta en protagonista global gracias a la preparación de nuevas generaciones, “vamos hacia adelante, a recuperar terreno en el ámbito internacional a reunir el esfuerzo de todos para ser una potencia energética”.
Reiteró su propuesta para impulsar las reformas en materia de seguridad, desarrollo social y educación, para lo cual convocó a los partidos a privilegiar el diálogo, el entendimiento y el acuerdo para que la pluralidad y las diferencias ayuden a enriquecer al país.
“México tendrá una presidencia moderna, responsable abierta a la crítica, dispuesta a escuchar y a tomar en cuenta a todos los mexicanos”.
Se comprometió a iniciar una nueva forma de gobernar, acorde a las exigencias del nuevo siglo para convertir al país en potencia energética, turística y recuperar terreno en el ámbito internacional.
Video de la entrega de constancia de mayoría:

Aquí el discurso completo:
Primer discurso de EPN como Presidente electo de México