El experto en temas de seguridad pública advirtió que la deuda pública del Estado puede estarse usando para lavar dinero.
(Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro)
La clase política mexicana es una “clase política fallida” que no ha logrado llegar a acuerdos fundamentales de gran envergadura que introduzcan los cuatro controles básicos para contener a los grupos criminales y que ya se aplican en todos los países, opinó el presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Edgardo Buscaglia.
En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el experto en asuntos de seguridad, destacó que por la falta de estos controles, la deuda pública del Estado mexicano puede “estarse usando como un mecanismo de lavado de dinero”, a pesar de ello, el país aún está lejos de castigar delitos patrimoniales como la penetración de recursos ilícitos en las campañas políticas, lo que quedó demostrado con la resolución del Tribunal Electoral al declarar infundadas acusaciones de este tipo en contra de la campaña presidencial del PRI.
“Mientras la clase política no defienda este tipo de acuerdos (para evitar la penetración del crimen organizado en el Estado), el modelo de control de la prevención social, y mientras no genere un acuerdo histórico de quiénes van a estar sujetos a estos controles, no habrá resultados. Los 22 tipos de delitos patrimoniales siguen aumentando en México, las políticas han sido fallidas; se necesita cooperación internacional más elevada”, dijo Buscaglia.
A su juicio, en México, la presencia de la delincuencia organizada dentro y fuera de la Policía Federal implica un conflicto armado, lo cual, convierte el tema de combate al crimen organizado en México en un asunto más complejo que no se ve en ninguna otra parte del mundo.
Insistió en la necesidad de implementar cuatro tipos de medidas para frenar la penetración de la delincuencia organizada: la implementación de un sistema judicial que vaya de la mano con un esquema penitenciario capaz de generar sentencias; desmantelar las redes de movimientos financieros del crimen organizado, ya que actualmente México es el país número 12 a nivel mundial en movimiento de recursos ilícitos; implementar procesos de indagación patrimonial y, por último, la creación de una política social que dé oportunidades laborales a los jóvenes.
El proyecto de Calderón
Buscaglia se refirió también al mensaje del lunes del presidente Felipe Calderón con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, en el que hizo énfasis en los logros y “errores” en materia de combate al crimen organizado.
Responsabilizó al mandatario de la existencia de grupos criminales que violan “sistemáticamente” los 58 derechos humanos promulgados a nivel mundial.
“A veces da discursos y habla como si fuera un espectador; los criminales están comprando políticos, a campañas políticas”, finalizó.
En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el experto en asuntos de seguridad, destacó que por la falta de estos controles, la deuda pública del Estado mexicano puede “estarse usando como un mecanismo de lavado de dinero”, a pesar de ello, el país aún está lejos de castigar delitos patrimoniales como la penetración de recursos ilícitos en las campañas políticas, lo que quedó demostrado con la resolución del Tribunal Electoral al declarar infundadas acusaciones de este tipo en contra de la campaña presidencial del PRI.
“Mientras la clase política no defienda este tipo de acuerdos (para evitar la penetración del crimen organizado en el Estado), el modelo de control de la prevención social, y mientras no genere un acuerdo histórico de quiénes van a estar sujetos a estos controles, no habrá resultados. Los 22 tipos de delitos patrimoniales siguen aumentando en México, las políticas han sido fallidas; se necesita cooperación internacional más elevada”, dijo Buscaglia.
A su juicio, en México, la presencia de la delincuencia organizada dentro y fuera de la Policía Federal implica un conflicto armado, lo cual, convierte el tema de combate al crimen organizado en México en un asunto más complejo que no se ve en ninguna otra parte del mundo.
Insistió en la necesidad de implementar cuatro tipos de medidas para frenar la penetración de la delincuencia organizada: la implementación de un sistema judicial que vaya de la mano con un esquema penitenciario capaz de generar sentencias; desmantelar las redes de movimientos financieros del crimen organizado, ya que actualmente México es el país número 12 a nivel mundial en movimiento de recursos ilícitos; implementar procesos de indagación patrimonial y, por último, la creación de una política social que dé oportunidades laborales a los jóvenes.
El proyecto de Calderón
Buscaglia se refirió también al mensaje del lunes del presidente Felipe Calderón con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, en el que hizo énfasis en los logros y “errores” en materia de combate al crimen organizado.
Responsabilizó al mandatario de la existencia de grupos criminales que violan “sistemáticamente” los 58 derechos humanos promulgados a nivel mundial.
“A veces da discursos y habla como si fuera un espectador; los criminales están comprando políticos, a campañas políticas”, finalizó.
Edgardo Buscaglia: El país aún está lejos de castigar delitos patrimoniales como la penetración de recursos ilícitos en las campañas políticas
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