El FBI cierra la web de descargas Megaupload y detiene a sus dueños
Detenidos el fundador y otros tres socios del portal de intercambio masivo de archivos 'online'
La policía acusa a los ‘piratas’ de hacer perder 386 millonesde euros al sector del ocio
David Alandete Washington 19 ENE 2012 - 21:26 CET202
En lo que el Departamento de Justicia estadounidense definió ayer como una de las mayores operaciones contra la piratería en la Red de la historia de Estados Unidos, la Fiscalía pública presentó cargos contra los siete administradores de las empresas Megaupload Limited y Vestor Limited, y cerró las webs asociadas para alojar contenidos. Cuatro de ellos, incluido el fundador, Kim Schmitz (alias Kim Dotcom), fueron detenidos en Nueva Zelanda. Se les acusa de haber tomado parte en una conspiración criminal para lucrarse con la distribución ilegal de contenido protegido por las leyes de propiedad intelectual.
El Departamento de Justicia y su cuerpo policial, el FBI, alegan que los administradores de esas empresas provocaron daños a la industria del entretenimiento por valor de 386 millones de euros en concepto de material difundido de forma ilícita. Adhiriendo anuncios publicitarios a sus páginas de alojamiento y descarga, amasaron 135 millones de euros, según la demanda presentada ante la corte federal del Distrito Este de Virginia.
Megaupload.com, que asegura que ha tenido más de 1.000 millones de visitas desde su creación en 2004 y que cuenta con más de 180 millones de usuarios registrados en todo el mundo, era ayer inaccesible en EE UU y en otros países, incluida España, debido a la intervención de sus servidores por parte del FBI. La operación afectó a un total de 18 dominios, entre los que se encuentran Megavideo, Megaclick, Megaworld, Megalive, Megapix, Megacar, Megafund, Megakey, Megamovie, y otros.
El Gobierno de EE UU asegura en la demanda, a la que tuvo acceso este diario, que Megaupload y sus sitios web asociados forman una “Mega Conspiración, una organización criminal de dimensiones mundiales cuyos miembros tomaron parte en actos de infracciones criminales de los derechos de autor y en lavado de dinero a escala masiva”.
“Desde septiembre de 2005 Megaupload.com ha sido empleado por los acusados y otros miembros y asociados de la Mega Conspiración para reproducir y distribuir de forma intencional muchos millones de copias ilícitas de obras diversas, incluidas películas, programas de televisión, grabaciones musicales, libros electrónicos, imágenes, videojuegos y otros programas informáticos”, añade el listado de cargos.
La demanda aceptada por el gran jurado incluye cinco cargos: uno por conspiración para cometer infracciones de los derechos de autor, otro por conspiración para lavado de dinero, dos por infracción criminal de los derechos de autor y un último cargo por conspiración para cometer extorsión, al entender que los acusados se comportaban como una banda criminal.
Un gran jurado en esa corte aceptó los cargos contra siete personas relacionadas con Megaupload. Fueron arrestados en Nueva Zelanda, por las autoridades locales de aquel país, Kim Schmitz (alias Kim Dotcom), ciudadano de Finlandia y de Alemania, fundador de Megaupload Limited y, según la demanda del Gobierno de EE UU, “jefe de la Mega Conspiración”; Fin Batato, ciudadano alemán y jefe de publicidad comercial y de ventas de la misma empresa; Mathias Ortmann, alemán y jefe técnico de la compañía, y Bram van der Kolk, holandés y programador de Megaupload y otros sitios asociados.
También se han presentado cargos contra Julius Bencko, ciudadano de Eslovaquia y director gráfico; Sven Echternach, alemán y director de desarrollo de negocio; Adrus Nomm, de Estonia y jefe de programación, y Bram van der Kolk, holandés y programados de Megaupload y otras webs. Los agentes del FBI registraron además las cuentas bancarias de esos administradores y examinaron los servidores de Megaupload, para recoger evidencias de la difusión de contenido supuestamente pirateado.
La demanda del Gobierno se hizo pública ayer, a través de las oficinas de la corte federal del Distrito Este de Virginia y un día después de que numerosas páginas de EE UU protestaran por dos proyectos de ley que le permitirían al Gobierno cerrar páginas alojadas en EE UU que permitan las descargas de contenido protegido por derechos de autor.
Aunque el miércoles Megaupload protestó en su página principal contra esas dos propuestas legislativas, esa operación del FBI no está relacionada con ellas o con la campaña de protesta. El FBI efectuó 20 registros dentro de EE UU, y también en otros ochos países. En total, congeló bienes asociados a la empresa y sus gerentes por valor de 38 millones de euros.
Las oficinas centrales de Megaupload se hallan en Hong Kong, según información corporativa, aunque sus gerentes vivían en Nueva Zelanda. Los fiscales del Gobierno de EE UU que presentaron los cargos se refirieron a los administradores en su demanda como “megaconspiradores”. “A cambio de pagos, la Mega Conspiración ofrece una rápida reproducción y distribución de copias ilícitas de material protegido por derechos de autor en servidores alojados en todo el mundo”, asegura la demanda.
En la demanda se alega que los acusados empleaban Megaupload de un modo que favorecía la difusión de material ilegal. Aseguran los fiscales que los administradores de esa web borraban contenido que no se descargara con frecuencia, imposibilitando el uso del portal para el almacenamiento de documentos personales. En lugar de eso, facilitaban la distribución permanente de material más demandado. Según la investigación, fomentaban la publicación de películas y canciones de forma ilegal para registrar un mayor número de visitas y, a la larga, obtener cuantiosos ingresos por publicidad.
En total los acusados se enfrentan a 50 años de cárcel si se les aplica la pena máxima. Fue el FBI el que inició la investigación, a través de su Centro de Coordinación Nacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Para ello recibió ayuda de la policía de Nueva Zelanda, Hong Kong, Holanda, Reino Unido, Alemania, Canadá y Filipinas.
Megaupload.com, que asegura que ha tenido más de 1.000 millones de visitas desde su creación en 2004 y que cuenta con más de 180 millones de usuarios registrados en todo el mundo, era ayer inaccesible en EE UU y en otros países, incluida España, debido a la intervención de sus servidores por parte del FBI. La operación afectó a un total de 18 dominios, entre los que se encuentran Megavideo, Megaclick, Megaworld, Megalive, Megapix, Megacar, Megafund, Megakey, Megamovie, y otros.
El Gobierno de EE UU asegura en la demanda, a la que tuvo acceso este diario, que Megaupload y sus sitios web asociados forman una “Mega Conspiración, una organización criminal de dimensiones mundiales cuyos miembros tomaron parte en actos de infracciones criminales de los derechos de autor y en lavado de dinero a escala masiva”.
“Desde septiembre de 2005 Megaupload.com ha sido empleado por los acusados y otros miembros y asociados de la Mega Conspiración para reproducir y distribuir de forma intencional muchos millones de copias ilícitas de obras diversas, incluidas películas, programas de televisión, grabaciones musicales, libros electrónicos, imágenes, videojuegos y otros programas informáticos”, añade el listado de cargos.
Entre los cargos presentados contra los gestores está el de conspiración para cometer chantaje sistematizado
Un gran jurado en esa corte aceptó los cargos contra siete personas relacionadas con Megaupload. Fueron arrestados en Nueva Zelanda, por las autoridades locales de aquel país, Kim Schmitz (alias Kim Dotcom), ciudadano de Finlandia y de Alemania, fundador de Megaupload Limited y, según la demanda del Gobierno de EE UU, “jefe de la Mega Conspiración”; Fin Batato, ciudadano alemán y jefe de publicidad comercial y de ventas de la misma empresa; Mathias Ortmann, alemán y jefe técnico de la compañía, y Bram van der Kolk, holandés y programador de Megaupload y otros sitios asociados.
También se han presentado cargos contra Julius Bencko, ciudadano de Eslovaquia y director gráfico; Sven Echternach, alemán y director de desarrollo de negocio; Adrus Nomm, de Estonia y jefe de programación, y Bram van der Kolk, holandés y programados de Megaupload y otras webs. Los agentes del FBI registraron además las cuentas bancarias de esos administradores y examinaron los servidores de Megaupload, para recoger evidencias de la difusión de contenido supuestamente pirateado.
La demanda del Gobierno se hizo pública ayer, a través de las oficinas de la corte federal del Distrito Este de Virginia y un día después de que numerosas páginas de EE UU protestaran por dos proyectos de ley que le permitirían al Gobierno cerrar páginas alojadas en EE UU que permitan las descargas de contenido protegido por derechos de autor.
Aunque el miércoles Megaupload protestó en su página principal contra esas dos propuestas legislativas, esa operación del FBI no está relacionada con ellas o con la campaña de protesta. El FBI efectuó 20 registros dentro de EE UU, y también en otros ochos países. En total, congeló bienes asociados a la empresa y sus gerentes por valor de 38 millones de euros.
Las oficinas centrales de Megaupload se hallan en Hong Kong, según información corporativa, aunque sus gerentes vivían en Nueva Zelanda. Los fiscales del Gobierno de EE UU que presentaron los cargos se refirieron a los administradores en su demanda como “megaconspiradores”. “A cambio de pagos, la Mega Conspiración ofrece una rápida reproducción y distribución de copias ilícitas de material protegido por derechos de autor en servidores alojados en todo el mundo”, asegura la demanda.
En la demanda se alega que los acusados empleaban Megaupload de un modo que favorecía la difusión de material ilegal. Aseguran los fiscales que los administradores de esa web borraban contenido que no se descargara con frecuencia, imposibilitando el uso del portal para el almacenamiento de documentos personales. En lugar de eso, facilitaban la distribución permanente de material más demandado. Según la investigación, fomentaban la publicación de películas y canciones de forma ilegal para registrar un mayor número de visitas y, a la larga, obtener cuantiosos ingresos por publicidad.
En total los acusados se enfrentan a 50 años de cárcel si se les aplica la pena máxima. Fue el FBI el que inició la investigación, a través de su Centro de Coordinación Nacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Para ello recibió ayuda de la policía de Nueva Zelanda, Hong Kong, Holanda, Reino Unido, Alemania, Canadá y Filipinas.
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