Empresa agroindustrial de Jalisco explota a niños, incluso de 6 años

Encuentran a 21 menores que trabajaban de jornaleros en Autlán; aprehenden a capataz

Empresa agroindustrial de Jalisco explota a niños, incluso de 6 años

Los propietarios enfrentarían multa hasta de $4 millones y proceso penal

Ex inspector de la STPS en la costa sur ocultó irregularidades

Investigarán al ayuntamiento por presunta omisión

Veintiún menores que trabajaban de jornaleros agrícolas en Autlán, Jalisco, fueron rescatados el jueves pasado, durante una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Fiscalía General del estadoFoto La Jornada

Juan Carlos G. Partida y Javier Santos

Corresponsales

Periódico La Jornada
Martes 5 de noviembre de 2013, p. 26

Guadalajara, Jal., 4 de noviembre.
Veintiún menores de entre seis y 16 años de edad –la mayoría provenientes de Guerrero y uno con discapacidad auditiva– que trabajaban de jornaleros en un campo agrícola del municipio de Autlán de Navarro, en la costa sur de Jalisco, fueron rescatados en una operación conjunta de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El titular de la STPS, Eduardo Almaguer Ramírez, informó que fue detenido el capataz César Villafaña Gallegos, a quien se investigará y se le impondrá una multa de entre 250 y 5 mil salarios mínimos, es decir, de 6 mil 186 hasta 323 mil 800 pesos.
Advirtió que, a fin de sentar precedente, a los propietarios del campo, donde se cultiva tomatillo y chile, se les aplicará la multa más severa, la cual podría llegar a cuatro millones de pesos, además de la sanción penal. "Emplear menores en actividades del campo es un delito federal", recordó.
Explicó que cuando los inspectores de la STPS llegaron al predio el capataz ordenó a los niños y adolescentes esconderse, pero los inspectores los descubrieron.
Agregó que la operación se efectuó el jueves y viernes pasados, luego que fue destituido el inspector de la STPS en la costa sur, en cuyos reportes declaraba que no existían irregularidades, pese a un cúmulo de denuncias.
Almaguer Ramírez dijo que también se investigará al ayuntamiento de Autlán, que no actuó pese a las denuncias de pobladores.
Agregó que al inspeccionar un campo de cultivo de moras en el municipio de Jocotepec, en la región Ciénega, se descubrió que 90 por ciento de los jornaleros carece de seguridad social y no reciben aguinaldo ni reparto de utilidades.
Advirtió a los empresarios agrícolas que si emplean a menores de edad no sólo se harán acreedores a una sanción económica o administrativa, sino "serán perseguidos por la autoridad federal y castigados". Refirió que el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo considera peligrosas las labores agrícolas, forestales y silvícolas, entre otras.

El 12 de agosto pasado, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, firmó un convenio con agroempresarios y 17 municipios donde laboran jornaleros para mejorar las condiciones de trabajo y parar la contratación de menores.
Desde junio se han dado a conocer varios casos de explotación laboral en el campo jalisciense. El acuerdo pretende además que los jornaleros tengan acceso a prestaciones de ley.
Como resultado de dicho convenio, el 25 de octubre se instaló una comisión interinstitucional destinada a erradicar el trabajo infantil de cualquier actividad productiva del estado. Según cálculos oficiales, en Jalisco laboran en condiciones ilegales al menos 240 mil niños.
"Llamo a todas estas empresas exitosas, la mayoría de las cuales exportan, a que se adhieran al convenio para que, con la participación del IMSS, logremos garantizar una muy buena producción, exportación y negocio, pero sobre todo los derechos laborales de los jornaleros", señaló Almaguer Ramírez.
En julio pasado 50 familias que laboraban en campos agrícolas en los municipios de Atenguillo y Mascota, en la sierra occidental, fueron rescatados por personal de la STPS. Los trabajadores laboraban sin prestaciones sociales y vivían hacinados en chozas construidas con palos, sin letrinas, agua ni electricidad.
Un mes antes se liberó a 275 jornaleros que laboraban en condiciones de semiesclavitud para la empresa Bioparques de Occidente, en el municipio de San Gabriel. Cinco personas fueron detenidas y a la compañía se le aplicó una multa de un millón 740 mil pesos.
En los meses siguientes, la STPS elaboró un diagnóstico en el cual señaló que hasta 90 por ciento de los miles de indígenas jornaleros y sus familias, provenientes principalmente del sur del país, que laboran en municipios de las regiones Ciénaga, sur, costa sur y sierra occidental, viven en condiciones precarias en campamentos insalubres y son maltratados por los capataces.

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