Hidroaysén: el proyecto que divide a Chile

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Hidroaysén: el proyecto que divide a Chile
Rodrigo Bustamante
Chile Sábado, 21 de mayo de 2011

Las manifestaciones públicas convocadas en 25 ciudades de Chile tiene un elemento en común: el rechazo al megaproyecto energético Hidroaysén, que implica construir cinco represas en la Patagonia con el objetivo de satisfacer las futuras necesidades eléctricas del país.
Desde la aprobación del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, las protestas callejeras se han sucedido y las últimas encuestas hablan de un 74% de oposición a nivel nacional frente a esta iniciativa, mientras que entre los habitantes de la región de Aysén el rechazo es de un 60%.
BBC Mundo recogió información sobre la propuesta y los principales argumentos a favor y en contra.

¿En qué consiste el proyecto?Las empresa española Endesa (controlada por la italiana Enel) y la chilena Colbún están detrás de Hidroaysén, el mayor proyecto hidroeléctrico en la historia del país, que busca instalar cinco centrales en los caudalosos ríos Baker y Pascua para aportar 2.750 megawatts al sistema que abastece a gran parte del país.
Se trata de una inversión de US$3.200 millones que estará totalmente operativa en 2025, aunque para ello debe pasar una segunda etapa clave que es la aprobación de la línea de transmisión y su estudio de impacto ambiental será presentado en diciembre próximo.
La construcción de las represas generará la inundación de unas 6.000 hectáreas, lo que a juicio de Hidroaysén representa sólo el 0,05% de la superficie de esta región cuya capital, Coyhaique, se ubica a unos 1.600 kilómetros al sur de Santiago.
Sin embargo, la oposición al proyecto -agrupada en el Consejo de defensa de la Patagonia chilena- plantea que un 70% de la superficie inundada será el valle del río Baker, donde hay asentamientos humanos, biodiversidad y actividad cultural.

¿Por qué debe construirse?La Patagonia chilena es una de las regiones chilenas con más recursos naturales.
Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén, conversó con BBC Mundo acerca del proyecto y argumentó que es necesario que se concrete para aportar al futuro desarrollo del país, posibilitando una rebaja de tarifas.
"Chile está creciendo al 4 ó 5% y todas las proyecciones oficiales y de especialistas indican que la energía va a ir de la mano y vamos a tener una duplicación del tamaño de la matriz energética en 10 ó 15 años, dependiendo de cuánto crezca la economía. Y la pregunta es cómo Chile va a enfrentar ese crecimiento energético", planteó.
El directivo remarcó que países que sí tienen otros recursos energéticos como Brasil, Argentina o Venezuela cuentan con un importante porcentaje de hidroelectricidad en su matriz. A su juicio, en Chile debe pasar lo mismo.
"Cómo Chile, un país que tiene importantes reservas hidrológicas y tiene cero petróleo, gas y carbón, cuenta con un 70% de la matriz térmica. Si uno mira eso se da cuenta por qué tenemos el doble de tarifas eléctricas que el resto de los países", sostuvo.

¿Por qué debe rechazarse?Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de defensa de la Patagonia chilena, explicó a BBC Mundo que el rechazo se centra en que Hidroaysén va a generar daños irreparables en esta zona austral del país.
"El país en su conjunto ha tomado conciencia de que la Patagonia chilena es nuestro mayor patrimonio natural y que los países también deben negarse a destruir su patrimonio natural", señaló.
Los representantes del movimiento ecologista acusan que las inundaciones van a afectar "los únicos valles de la parte sur de Aysén donde hay vida humana", y abogan por energías sustentables para dar respuesta a los futuros requerimientos del país.
"Nosotros tenemos energía eólica, energía solar, energía de biomasa y de geotermia, y podemos perfectamente en distintas partes del territorio con una nueva visión de matriz biodiversificada y multipunto, satisfacer la demanda eléctrica del país en forma sustentable y sin destruir la Patagonia chilena", aseguró.
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El último actor en entrar al debate fue la Iglesia católica, con la Conferencia Episcopal planteando que "una decisión basada sólo en intereses económicos es éticamente inaceptable", recalcando que la institución religiosa "no concibe al desarrollo sin considerar la sostenibilidad medioambiental".