lunes, 11 de marzo de 2013

Riesgos por su lucha. Diócesis de Saltillo - Migrantes

Riesgos por su lucha - Diócesis de Saltillo [marzo2013]

Los defensores y defensoras de Derechos Humanos de Migrantes en México siguen enfrentando riesgos en su lucha al realizar actividades de muy alto riesgo; esta fue la conclusión del informe elaborado por delegados de la Misión de Observación Internacional a través de la Consejería en Proyectos (PCS).
El informe, presentado simultáneamente en tres lugares de la república mexicana el pasado 25 de febrero, relata los testimonios de quienes se encuentran en los diferentes albergues de migrantes de todo el país.
Por medio de un boletín distribuido en la presentación del informe dieron a conocer que la actividad: "es un problema sistemático y sistémico ocurrido a nivel nacional"; así también señala que se incrementan "las violaciones a los derechos humanos y la clasificación de la defensa a esos derechos".
En la presentación, donde estuvieron representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil dejaron ver que "la defensa de los derechos humanos de la población migrante extranjera o inmigrante, en situación irregular, que ingresa y transita por territorio mexicano, se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo".
Expresaron que la defensa de los derechos de esta población "se trabaja en contextos de corrupción de autoridades, florecimiento de delitos contra migrantes cometidos por la delincuencia organizada, complicidad de autoridades con grupos fácticos", también resaltan que hay "intolerancia de poblaciones por donde cruzan las personas migrantes y la comunidad los rechaza por su origen centroamericano o por vincularlos con pandilleros y delincuentes".
Ante esto, los y las defensoras de derechos humanos realizaron algunas recomendaciones al Estado:
• Que en el marco de la nueva Ley de Migración y su Reglamento, se implementen de manera inmediata acciones de protección para migrantes en México y se ofrezcan garantías a las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de sus labores humanitarias y de protección de los derechos de las personas migrantes.
• Que el nuevo gobierno asuma como prioridad la ejecución de una política migratoria integral y garantice la seguridad y protección para defensoras y defensores de migrantes.
• Que el gobierno federal emita información pública sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones que los órganos de derechos humanos del sistema internacional e interamericano han emitido por el tema de migrantes en México.
• Que ante reiteradas denuncias de funcionarios públicos de colusión con el crimen organizado o de comisión de abusos contra defensores y defensoras de derechos de migrantes, las autoridades gubernamentales adopten decisiones de suspensión o separación del cargo de dichos funcionarios y agilicen las investigaciones iniciadas en su contra.
• Que el gobierno federal promueva activamente el compromiso de los gobiernos estatales con la aplicación de las medidas de protección de los defensores y las defensoras de migrantes en México.

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