Joaquín Villalobos
01/01/2010
Una nube de mitos flota alrededor de la guerra de mayor impacto político en la últimas décadas:desde aquellos que dictan que no se debió confrontar al crimen organizado, hasta aquellos que indican que la participación del ejército en las actividades antinarcóticos es negativa. En estas páginas Joaquín Villalobos desmonta los argumentos de una mitología que impacta en la opinión a partir de estadísticas pobres y comparaciones discutibles
Desde la Revolución de 1910 México no había conocido una violencia con tanto impacto político como la que vive actualmente. A finales de la década de los ochenta Estados Unidos tuvo éxito en reducir el volumen de droga que se movía por la ruta Caribe desde Colombia a Miami. Esta ruta permitía a los cárteles colombianos exportar mariguana y cocaína directo a Estados Unidos, sin intermediarios. México pasó así a ser el territorio más importante para el tránsito de drogas hacia la Unión Americana y se produjo una expansión del narcotráfico, que rompió con el largo periodo de paz en que habían vivido los mexicanos.
Entender, debatir y estar dispuestos a pagar los costos que implica reducir el poder del crimen organizado y frenar su violencia, todo ello bajo condiciones democráticas, es algo nuevo para una sociedad acostumbrada a la poca deliberación y al orden impuesto desde arriba que vivió México durante varias décadas. Esta condición histórica ha creado dificultades para entender la información y los resultados de la guerra que está librando el Estado mexicano contra los narcotraficantes, y ello ha dado lugar al surgimiento de mitos sobre la guerra y la violencia. Algunos de estos mitos resultan del indispensable y justo debate político democrático. Sin embargo, aunque se trata de un problema complejo que requerirá tiempo para ponerlo bajo control, no hay razones para ser pesimistas.
1. “No se debió confrontar al crimen organizado”
Cuando la violencia comenzó a crecer por la guerra entre cárteles, el gobierno del presidente Fox dio inicio a la intervención de fuerzas federales en los primeros estados que tenían problemas (Tamaulipas, Guerrero, etcétera). Frente al agravamiento de la violencia en otros estados el gobierno del presidente Calderón decidió combatir frontalmente al narcotráfico y dio continuidad a la intervención federal. Surgieron entonces críticas sobre falta de inteligencia previa, se calificó de reactivas las operaciones e incluso se dijo que el gobierno actuaba por interés político y que las operaciones gubernamentales habían empeorado el problema. Algunos consideraban que lo mejor era tapar los efectos mediáticos de la violencia y dejar que todo continuara manejado por supuestos “acuerdos locales”. Sin embargo, esos “acuerdos” no eran entre iguales, sino entre criminales y funcionarios intimidados por la ley de “plata o plomo” que estaba dejando policías asesinados y presidentes municipales y gobernadores atemorizados. La idea de no combatir de frente al narcotráfico supone, ingenuamente, que éste no es contagioso ni expansivo, y que no alcanzaría al Distrito Federal. La realidad es que una de las primeras batallas ha sido recuperar el aeropuerto de ciudad de México que para los narcos es tan importante como Nuevo Laredo o Ciudad Juárez.
México está atrapado entre el mayor consumidor de drogas del mundo, al norte, y la región más violenta del mundo (Guatemala, Honduras y El Salvador), al sur, a consecuencia del tráfico de drogas. Por lo tanto, resulta muy difícil pensar que es posible aislarse, abstraerse del problema y suponer que no pasaría nada. El narcotráfico es un delito global que está extendiéndose en casi toda América Latina, afectando también a Europa del Este, al norte de África y algunas regiones de Asia. El crecimiento de las clases medias urbanas y el aumento del consumo de drogas están directamente relacionados, no hay una razón sólida para que las clases medias mexicanas puedan ser excluidas del incremento en el consumo, algo que ya está afectando seriamente a Brasil. No hacer nada podría haber llevado a México a una situación similar a la que enfrentó Colombia a finales de los ochenta. Son muchos los ciudadanos y funcionarios colombianos que aceptan, abiertamente, que la situación en su país “tocó fondo” porque esperaron demasiado tiempo para actuar.
El nivel de violencia actual en México deja bien claro que el monstruo era real, fuerte y peligroso. Ante un escenario así hay dos principios fundamentales para actuar: determinación y velocidad. Determinación para no retroceder frente a la reacción violenta de los cárteles y frente al temor que se abriría en la sociedad; y velocidad para contener y recuperar terreno. En realidad no hacía falta inteligencia previa, los cárteles actuaban en las calles con una impunidad cínica. El primer paso era quitarles ventajas, tranquilidad y oportunidades a sus “negocios”, se habían abierto tanto que la presencia de fuerzas federales en el terreno produciría resultados inmediatos, tal como ha ocurrido. En una primera fase lo masivo debía privar sobre lo cualitativo. Ahora se están abriendo retos más complejos como la reconstrucción policial y el componente social de la estrategia, pero sin ganarle terreno a los cárteles no puede pensarse ni en la reconstrucción de instituciones ni en planes integrales. Es necesario actuar para hacer transitar al narcotráfico de amenaza a la seguridad nacional a un problema policial.
2. “México está colombianizado y en peligro de ser un Estado fallido”
Estas afirmaciones se realizan sin usar datos comparativos serios. México sufre una violencia localizada en seis de sus 32 estados y tiene una tasa nacional de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. Venezuela tiene 48, Colombia 37, Brasil 25, Guatemala, Honduras y El Salvador están arriba de 50. El estado de Chihuahua, el más violento de México, está en este momento en su punto más álgido con una tasa de 143 homicidios, le siguen Sinaloa con 80, Durango con 49, Baja California 44 y Michoacán 25. A inicios de los noventa Medellín, la ciudad más violenta de Colombia, mantuvo una tasa de 320 durante varios años y, en ese mismo periodo, Cali tenía 124, Cúcuta 105 y Bogotá, la capital, 80. Colombia ha vivido dos guerras en 25 años, las cuales le han costado más de 200 mil muertos y dos millones de desplazados, y continúa en conflicto.
El volumen, extensión, raíces históricas, códigos culturales y complejidad de la violencia colombiana ha sido —y todavía es— muy superior a la que vive México. En Colombia los niveles de penetración que alcanzó el narcotráfico en la política, el ejército, la policía, los negocios y la sociedad fueron mayores a los que existen actualmente en México, donde no se puede hablar de una narcopolítica. Los cárteles y narcoguerrillas colombianas golpearon con actos terroristas a personajes e instituciones de los poderes políticos, económicos y mediáticos vitales del país. En 1989 Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia, fue asesinado por el narcotráfico y tres candidatos más fueron asesinados en ese periodo. El propio presidente, Álvaro Uribe, ha sobrevivido a varios atentados y el vicepresidente, Francisco Santos, estuvo secuestrado por Pablo Escobar. Hechos como éstos no han ocurrido y es muy difícil que ocurran en México, donde no han existido territorios con ausencia de Estado durante 40 años como en Colombia; el Estado mexicano ha sido más bien omnipresente y fuerte y el colombiano ausente y débil.
En Río de Janeiro, Brasil, de enero a junio de 2009 murieron 65 policías en enfrentamientos con criminales y su tasa de homicidios es de 38 por cada 100 mil habitantes; recientemente los narcotraficantes derribaron en combate un helicóptero policial en barrios del norte de la ciudad y murieron 12 policías. En 2006 Sao Paulo sufrió ataques simultáneos a puestos policiales, oficinas de gobierno y puntos de interés económico por parte de las pandillas dedicadas al narcomenudeo. El Distrito Federal, en contraste, tiene una tasa de sólo cinco homicidios por cada 100 mil habitantes y jamás han ocurrido hechos tan graves como los de las ciudades de Colombia o Brasil. México tiene un problema de seguridad en la periferia de sus centros vitales y Brasil lo tiene, y muy grave, en sus dos principales ciudades: Río Janeiro y Sao Paulo. Sin embargo, Río será sede de los Juegos Olímpicos y no se dice que allí hay una guerra o que Brasil pueda ser un Estado fallido. Si la idea de territorios fuera de control del Estado se empleara mecánicamente para definir Estados fallidos, habría más de una decena de éstos en el continente americano y tendría, incluso, que revisarse cuál sería la condición de algunas zonas de ciudades estadunidenses que albergan a un millón de pandilleros.
México tiene una resonancia mediática y una importancia geopolítica superior a la de Colombia, Venezuela o Brasil, por lo tanto, lo que ocurre en su territorio impacta mucho más sobre la percepción dentro y fuera del país. No es lo mismo Medellín o Río de Janeiro que Ciudad Juárez, la proximidad con Estados Unidos hace una enorme diferencia. Un ejemplo de esto fue la llamada “insurrección o guerrilla zapatista”; si comparamos militar, política y socialmente ese movimiento con las insurgencias armadas de Sur y Centroamérica, el “zapatismo” no podría ser considerado guerrilla y mucho menos insurrección. Sin embargo, logró un gran impacto mediático nacional e internacional con una sola acción armada en 1994.
3. “El intenso debate sobre la inseguridad es señal de agravamiento”
El debate y la complejidad en los procesos de toma de decisiones en las democracias avanzadas son señales de estabilidad, pero en las democracias emergentes son percibidos como debilidad e incertidumbre, porque todavía se añora el orden de forma consciente o inconsciente, que sin deliberación se lograba por vía autoritaria. El debate sobre las estrategias que se diseñan para enfrentar los problemas de seguridad son normales en un entorno democrático y ese debate es más intenso y libre cuanto menor es la amenaza a los poderes vitales del país. La oposición, los intelectuales y la prensa necesitan y deben actuar críticamente de oficio, esto es parte de la democracia.
El narcotráfico es un fenómeno que coopta o destruye las instituciones, que elimina las libertades democráticas y que somete a los ciudadanos a los poderes mafiosos. Donde el crimen organizado es fuerte no hay crítica ni libertad de expresión. Por lo tanto, cuando hay debate, cuando los ciudadanos y los líderes de opinión pueden criticar al gobierno, significa que el poder del Estado domina sobre cualquier poder mafioso. En México los poderes centrales no están afectados ni inhibidos por los cárteles, esto ocurre de forma parcial sólo en unos pocos estados.
En Colombia, cuando se estaban diseñando indicadores para medir el nivel de éxito de la estrategia de seguridad democrática en zonas que durante largo tiempo habían estado dominadas por diversidad de grupos armados, se concluyó que uno de los mejores indicadores de éxito de los planes de seguridad era aquel que medía las demandas y quejas de los ciudadanos, ya que esto comprobaba que se había derrotado al miedo y restablecido a los ciudadanos sus libertades democráticas. Es un error pensar que la existencia de un amplio y álgido debate sobre la seguridad y los métodos para enfrentar la violencia son, por sí mismos, una señal de gravedad y de deterioro, cuando en realidad lo grave sería el silencio.
4. “Los muertos y la violencia demuestran que se está perdiendo la guerra”
El narcotráfico es un enemigo bien armado, muy violento, sin barreras morales y con un gran poder corruptor. Creer que este problema se puede resolver sin confrontación y sin violencia es una gran ingenuidad. A este enemigo sólo es posible someterlo usando la fuerza del Estado y, cuando ello ocurre, se incrementa su resistencia y se agudizan sus propias guerras internas; con lo cual aumenta, inevitablemente, el número de personas que pierden la vida.
En toda guerra hay muertos y éstos son un indicador del estado de la guerra misma. Las guerras se ganan generando bajas al enemigo y se pierden cuando se tienen más bajas de lo que el entorno político social propio puede tolerar. Es comprensible que éste sea un tema difícil para ser explicado ante la opinión pública por los funcionarios del Estado, pero la realidad es que quien está teniendo más muertos, capturas y deterioro moral en sus filas es quien va perdiendo la guerra, y en el caso de México son los narcotraficantes.
La lucha contra el narcotráfico no puede leerse como una guerra “clásica” en la cual hay contendientes claramente definidos; los cárteles son un enemigo fragmentado, que genera una violencia anárquica; son múltiples grupos que combaten al mismo tiempo entre sí y contra el Estado. La mayor parte de las bajas de los delincuentes resultan del proceso de autodestrucción de los cárteles, que se profundiza cuando el Estado los confronta. En este tipo de guerra esto es un progreso, en Medellín los cárteles se autodestruyeron bajo el acoso del Estado, por razones que fueron desde disputas por territorios, control de rutas, hasta problemas personales. El proceso de autodestrucción atomiza a los cárteles y obliga a que su reclutamiento comience a descender hacia grupos de jóvenes marginales más inexpertos y ambiciosos, y con ello aumenta su violencia y se acelera su autodestrucción.
El problema es que, en la fase intermedia de la guerra, la presión política demanda una reducción de la violencia, y esto no ocurre hasta que se cumplen tres premisas: 1. Que el Estado tenga mayor dominio social y territorial que los cárteles en sus zonas de operación; 2. Que los delincuentes se hayan debilitado en su capacidad de reciclar sicarios; 3. Que esta debilidad los convierta en un problema marginal para el Estado. En el caso de México todavía falta tiempo para que se reduzca la violencia. Pero hay un proceso de autodestrucción que se está acelerando y esto es un indicador positivo. El general Naranjo, jefe de la Policía Nacional de Colombia dice que “cuando se sabe que el narcotráfico ha penetrado fuertemente en la sociedad, el principal problema no es la violencia, sino la no violencia” porque ello implica que los narcotraficantes controlan a la sociedad. La creencia de que por cada delincuente muerto surgen dos nuevos es ilógica, la codicia por el dinero no genera capacidad infinita para reciclar pistoleros, éstos también necesitan habilidades, experiencia y preparación que no se repone de un día para otro.
5. “Tres años es mucho tiempo, el plan ya fracasó”
Igual que con otras afirmaciones, la demanda por resultados rápidos se sustenta en factores emocionales y no en un análisis objetivo de la realidad. En el sentido más general podemos decir que el tiempo que se requiere para controlar el problema es directamente proporcional al tamaño y las raíces históricas del narcotráfico en México, y en ese orden es necesario tener como referentes a otros países que tienen problemas similares. El tamaño del problema del narcotráfico para México está determinado por su vecindad con Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo, y por las consecuencias de esto en términos de demanda, flujos de dinero y armas. En cuanto a las raíces del fenómeno, el problema comenzó a gestarse, en algunos estados —particularmente en Sinaloa—, desde hace muchos años, pero la mayor expansión de los cárteles comenzó hace 15 años por el cierre de la ruta Caribe. En el caso de México los referentes para comparar tiempos podrían ser países como Colombia, Italia, Brasil y quizás algunos del norte de África.
Colombia sigue en guerra y a Medellín, su ciudad más violenta, le ha costado 16 años y 70 mil muertos comenzar a revertir una situación de deterioro que tuvo a la sociedad en vilo; Italia lleva muchas décadas de lucha contra las mafias sin que ésta haya llegado a su fin; Brasil, durante ocho años de gobierno de Lula, no pudo resolver, todavía, el problema de las pandillas, y en el norte de África el deterioro es ascendente y casi sin control. Teniendo en cuenta lo anterior podemos afirmar con propiedad que México, en tres años, ha obtenido progresos más rápidos con costos más bajos que todos estos países.
Los resultados de las operaciones en México en los últimos tres años constituyen récords mundiales. Se han destruido 227 laboratorios, decomisado 389 millones de dólares, 30 mil 500 armas de guerra, 24 mil 900 armas cortas, 409 aeronaves, 310 embarcaciones, 22 mil 900 vehículos y cinco mil toneladas de drogas que incluyen 90 mil kilogramos de cocaína, 4.8 millones de kilogramos de mariguana, cuatro mil 500 de metanfetaminas, 27 mil de efedrina y 18 mil de pseudoefedrina. Se han extraditado 286 narcotraficantes, la gran mayoría de ellos a Estados Unidos, y capturadas 89 mil 500 personas que incluyen siete líderes, 47 financieros, 60 lugartenientes, dos mil 61 sicarios y 600 funcionarios involucrados. El dinero es casi el monto del Plan Mérida; para cargar la droga se necesitarían varios trenes o 250 furgones; las armas son más que las de los ejércitos de El Salvador y Honduras juntos; las aeronaves equivalen al 50% de la flota de American Airlines; las embarcaciones son el doble de la armada de México y los vehículos superan a las flotas de policía y ejército de todo Centroamérica. Los primeros logros de un plan son los golpes a las estructuras delictivas, no la reducción de la violencia, sin lo primero no se puede alcanzar lo segundo.
6. “Los ataques que realizan los narcos prueban que son poderosos”
En todas las guerras el azar y la casualidad juegan un papel, a veces en contra y a veces a favor. En toda guerra se ganan y se pierden batallas, pero a la larga, lo que determina el resultado es quién tiene la iniciativa estratégica y quién está golpeando la moral, las fuerzas y los medios materiales de su contrario. En el caso de México todos estos factores están a favor del Estado, aunque de forma esporádica los cárteles sorprendan con acciones y golpes que generan temor y tienen un gran impacto mediático y político. Los ataques de los cárteles son reactivos, sin una lógica racional estratégica y producto de venganzas irracionales. La regla básica en toda guerra es que el acoso y la presión sobre un enemigo conducen a éste a la desesperación, al error e incluso al terrorismo. Los cárteles actúan de forma defensiva y no ofensiva, la política de éstos es cooptar policías, no matarlos. Cuando combaten directamente contra el Estado facilitan el trabajo, porque ayudan a cohesionar moralmente a los miembros de las fuerzas del Estado.
En el tipo de conflicto que enfrenta el Estado mexicano los cárteles son fuertes cuando controlan sin combatir y pueden pasar desapercibidos para la mayoría de la población. Por el contrario, cuando reaccionan y se vuelven visibles, su posibilidad de controlar y operar libremente se debilita y los enfrentamientos internos aumentan; esto no es una muestra de fortaleza sino de debilidad, a pesar de que la violencia salga a flote y genere incertidumbre social. Por ejemplo, cuando los cárteles empezaron a usar submarinos para transportar droga se hizo una lectura errada. La percepción simple fue que los narcotraficantes demostraban su enorme capacidad y poderío construyendo submarinos. Sin embargo, lo que no se dijo fue que la capacidad de introducir drogas abiertamente vía puertos y aeropuertos se estaba cerrando, y por ello recurrían a mecanismos más complejos y difíciles de operar que transportaban menos droga. En este sentido “más sofisticado” no implica, necesariamente, una mejoría, no importa cuán impresionante resultase la fabricación de submarinos, que en este caso, por cierto, fue bastante precaria.
7. “Primero hay que acabar con la corrupción y la pobreza”
En muchos análisis atender y reducir la corrupción y la pobreza son actividades que se consideran como premisas para resolver la inseguridad que genera el narcotráfico, y con ello se invalida el papel que juega la coerción. Este mito parte de un planteamiento cierto: el problema de la seguridad requiere planes integrales que atiendan todas las aristas del asunto, desde la utilización de la fuerza del Estado, hasta la atención de los temas sociales que intervienen en la seguridad. Sin embargo, en una condición de extrema emergencia como la que viven algunos estados de México, si se pone de antemano resolver la pobreza y la corrupción como precondiciones para tener un entorno seguro tendríamos que aceptar que la situación no tiene remedio alguno, ya que estaríamos poniendo la meta de resolver la pobreza como camino para mejorar la seguridad que en este momento es el problema más importante para los ciudadanos. En seguridad la dosis de prevención y represión en un plan depende de la situación. Establecer por definición que lo uno debe privar sobre lo otro es un error que parte de visiones ideológicas de la seguridad en la cual se dice que las derechas priorizan reprimir y las izquierdas prevenir. Cualquiera puede ser el prioritario, pero eso debe determinarlo la realidad, no una posición política.
No hay una relación territorial o social entre pobreza y narcotráfico. El narcotráfico es un delito de la codicia que recluta pobres, pero que depende de las ventajas geográficas que proporcionan rutas y territorios con posibilidades para la producción y el tráfico. Busca controlar puntos estratégicos de ventaja para su “negocio”. Las redes de narcomenudeo para distribución sí se ubican más claramente en la geografía de la pobreza urbana, pero el narcotráfico no necesariamente. Por ello el problema más grave está en la frontera norte. Además, no hay una relación directa entre pobreza e inseguridad. Nicaragua es el segundo país más pobre del continente y el tercero más seguro, igual podemos comparar a la India con Estados Unidos o analizar cómo el enorme gasto social de Venezuela va de la mano con el agravamiento de la inseguridad para los más pobres en ese país.
Por otra parte, la naturaleza de la corrupción política, y la que genera el narcotráfico son totalmente distintas, la primera puede abrir la puerta a la segunda, pero la corrupción política no supone el riesgo de violencia y muerte, que sí está presente con la corrupción vinculada al narcotráfico. La regla de “plata o plomo” que siempre termina en “plomo o plomo” parte de los tres principios de acción del narcotráfico: violencia, crimen y muerte. Un político corrupto quiere enriquecerse, pero no morirse. Es evidente que la cultura de la corrupción resulta útil a los narcotraficantes, pero no puede pensarse que la corrupción política y la dinámica de cooptación, control, violencia y muerte que imponen los delincuentes son la misma cosa, puesto que responden a lógicas completamente distintas. Es ingenuo pretender que para mejorar la seguridad en el corto plazo se necesita primero una reconstrucción ética que acabe completamente con los códigos de corrupción que se gestaron en América Latina durante un largo periodo.
El debate principal es ¿por dónde debemos comenzar en una emergencia? En ese sentido, no se puede entrar a una zona dominada por poderes mafiosos con planes de asistencia tipo “Madre Teresa” y tampoco es previsible incentivar la participación ciudadana en zonas donde el narcotráfico tiene atemorizada a la sociedad. En primera instancia se necesita la recuperación del control por parte de las fuerzas del Estado, es decir, romper el poder intimidatorio de los cárteles, es el centro de gravedad del problema y ello coloca a la coerción como la prioridad. En Medellín la guerra la ganó el Estado hace más de 10 años, y es hasta ahora que se observan los resultados exitosos de los planes integrales, con plena participación ciudadana y cambios culturales en los barrios donde un día gobernó Pablo Escobar.
8. “Detrás del narcotráfico hay poderosos políticos y empresarios”
Este mito está basado en las teorías conspirativas que no consideran el contexto ni la historia, sino información casi siempre fruto de la especulación. Este tipo de teorías alimenta telenovelas, películas y literatura para el entretenimiento, pero por repetición termina convirtiendo cualquier mentira en una verdad que se vuelve universal sin necesidad de comprobación. Hace algunos años una telenovela muy exitosa y muy bien realizada llamada Nada personal sugería que el capo principal en México era el presidente de la República. Muchos estadunidenses también adictos a estas teorías suponen que “todos los mexicanos son corruptos y sus autoridades son todos capos” y esto es lo que reproduce Hollywood. En contraparte, algunos mexicanos piensan “que el negocio de la droga se maneja desde Wall Street”. Estos argumentos son fáciles de creer y difundir aunque no tengan fundamento racional. El narcotráfico suele surgir de las actividades de contrabandistas de clase media baja con poca educación, que construyen sus organizaciones a partir de grupos familiares como forma de asegurarse lealtades (“la familia”), y reclutan socialmente hacia abajo. Sus organizaciones tienen la violencia y la muerte como forma de dirimir todo tipo de conflictos (personales, de mercado, familiares y territoriales), porque sus actividades no tienen marco legal y, por lo tanto, no pueden usar los tribunales y las leyes. Los castigos extremos y las muertes ejemplares son sus únicos instrumentos de “justicia”. Cuando se fortalecen financieramente se expanden socialmente y entonces comienzan a intimidar, someter o utilizar a funcionarios públicos y/o empresarios. Primero cooptan policías hasta que le quitan al Estado el poder coercitivo y luego van sobre el sistema judicial, la prensa, los poderes económicos y políticos.
En ese proceso terminan colocándose arriba de la pirámide social y siendo ellos el poder, pero teniendo la violencia y la muerte como medios de ejercerlo. Así ocurrió en Colombia, en Chicago en los años treinta, en Italia durante décadas, y así ha ocurrido en Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, etcétera. La naturaleza de un empresario o de un político es diferente e incompatible con la del mafioso. Que el segundo pueda someter a los primeros es factible, pero que los primeros puedan convertirse en los segundos no resulta sensato; aunque existan algunos casos aislados, esto no es la regla. Niveles de penetración como los que se han comprobado en Italia ocurrieron luego de muchas décadas de poder mafioso, pero en México el fenómeno delictivo es comparativamente joven.
9. “La única salida es negociar con los narcotraficantes”
Este mito está relacionado con la creencia de que la negociación fue el método empleado por anteriores gobiernos para mantener la paz, y entonces se concluye que la violencia estalló cuando el nuevo gobierno abandonó este método. Se argumenta que la violencia cesaría si se negocia con los delincuentes. Éste es un enfoque en extremo simplista para entender el pasado y para suponer una solución en el presente.
El narcotráfico no ha sido siempre un problema de seguridad nacional. Se transformó en una amenaza estratégica al fortalecerse financieramente a partir de la segunda mitad de los noventa. En el pasado los narcos eran un problema policial de segundo orden y para lidiar con ellos se requería una lógica operacional local y no una estrategia de Estado. Durante muchos años no fueron un tema central ni para México ni para nadie. Durante los setenta y ochenta la tolerancia al problema fue universal y hasta la CIA y Cuba lo instrumentaron y subvaloraron como amenaza. Lo que se conoce como “negociaciones” posiblemente sea parte de las leyendas que dejaron algunos jefes policiales o políticos locales cuando lidiaban, desde un Estado fuerte, con un problema menor.
Ahora estamos frente a una realidad distinta en la cual los cárteles buscan imponer su autoridad por encima del Estado con la ley de “plata o plomo”. El narcotráfico es ahora una amenaza estratégica. No se puede decir que algunos posibles arreglos que existieron en el pasado entre mandos policíacos y delincuentes sean equivalentes a una negociación del Estado con los narcotraficantes de hoy y, en segundo término, porque resulta imposible que la autoridad de cualquier país realice acuerdos con delincuentes que rigen su comportamiento por los principios de violencia, crimen y muerte.
Una negociación supondría que los cárteles son un enemigo coherente con control sobre sus estructuras y con reglas y límites, pero la realidad es que el narcotráfico es un enemigo fragmentado, sin control sobre su gente y sin reglas en el uso de la violencia. La idea de negociar con los cárteles es una fantasía. Colombia, por ejemplo, negoció con Pablo Escobar y otros cárteles, ofreciéndoles ventajas si se sometían a la justicia y el desenlace fue la ridiculización absoluta de la autoridad y las cárceles convertidas en centros de mando y operación de lujo con protección pagada por los ciudadanos para que Escobar siguiese sembrando violencia y muerte en el país.
10. “La estrategia debería dirigirse a la legalización de las drogas”
La legalización es un debate sobre cómo aminorar el problema, porque con las drogas no existe camino ideal. Se trata en realidad de escoger entre daños de salud pública o violencia. Su legalización no las vuelve socialmente deseables. Teniendo como punto de partida el principio del mal menor, la idea de legalizarlas es correcta y a futuro seguramente esto dejará de ser un mito. Lo que es un mito en la actualidad es pretender que esta estrategia pueda ser puesta en marcha con éxito por los países afectados por la violencia que genera la producción y el tráfico de drogas. La legalización de las drogas requiere un acuerdo simultáneo con los países consumidores. Sin la participación de Estados Unidos y Europa una estrategia de este tipo, aplicada en México o Colombia, por ejemplo, sería un suicidio para la seguridad de estos países. Esto es injusto, pero el problema no es de ética sino de realidad.
No se trata sólo de un conflicto político internacional entre la inseguridad de los países que producen y trafican versus la hipocresía de los países que consumen, sino que la distorsión generada sería altamente explosiva. La disposición de droga en México y Colombia es infinitamente superior a su demanda y la situación en Europa y Estados Unidos es inversa. Por lo tanto, legalizar la droga en los primeros sin que se haya hecho en los segundos supondría un fortalecimiento de estructuras criminales en Colombia y México, porque el negocio central seguiría siendo la exportación ilegal ante la enorme diferencia de precios. Legalizar equivaldría a dar plenas libertades a grupos criminales en países con grandes debilidades institucionales. Si en la condición actual existen pequeños Estados en Latinoamérica y África en riesgo de caer en manos de mafias, esto se agravaría y se multiplicaría con una legalización unilateral.
Aunque resulte duro decirlo, la realidad es que Estados Unidos y Europa continúan jugando la carta de la tolerancia al consumo porque los niveles de violencia de los delincuentes dedicados a distribuir drogas en sus calles no se ha convertido todavía en una amenaza estratégica. Pero esa violencia está creciendo, Estados Unidos ha encarcelado a más de dos millones de personas por delitos vinculados con las drogas y tiene un millón de pandilleros, gran parte de los cuales se dedican a la venta de drogas. Quizás cuando esa violencia se vuelva intolerable para Europa y Estados Unidos, la idea de la legalización de las drogas comience a discutirse en serio como estrategia multilateral. Por el momento hay que mantener estrategias de control de daños en nuestros países y denunciar el daño que nos provocan los países consumidores. El tema de la legalización está avanzando con la mariguana, pero aún es un tema difícil como acuerdo entre gobiernos.
11. “La participación del ejército es negativa y debe retirarse”
El mito sobre la negatividad de la participación del ejército parte de supuestos como: que la seguridad interna no es su tarea; que no está preparado para esas labores; que se pone en riesgo su imagen; que termina violando los derechos humanos; que es peligroso darles poder a los militares, y otras ideas similares. Todos estos y otros argumentos están fundamentados en riesgos potenciales, dudas y desconfianzas que en algunos casos son ideas predominantemente subjetivas. Ninguno toma en cuenta los problemas objetivos que han obligado a usar al ejército: la dimensión de la amenaza que implican los cárteles; el poder de fuego, número de sicarios y nivel de organización de las estructuras delictivas; la crisis moral y los problemas de cooptación de las policías estatales y municipales en las zonas conflictivas; la limitada cantidad de personal de que dispone la Policía Federal; el carácter transnacional del problema del narcotráfico y, finalmente, el arraigo, la fuerza social y el dominio territorial que tiene el crimen organizado en algunos lugares de México. No es lo mismo enfrentar este problema con 30 mil hombres que con más de 200 mil.
El narcotráfico plantea un reto que supera el orden policial, constituye una amenaza a la soberanía del Estado que tiene además características transnacionales. Si el ejército se retira los narcotraficantes recuperarían terreno muy rápidamente, la amenaza cobraría dimensiones superiores, la violencia se dispararía y podría alcanzar a la ciudad de México. Paradójicamente, como ya se mencionó arriba, otro tipo de críticas hablan del riesgo de llegar a un “Estado fallido”, pero el mito sobre la retirada del ejército se ubica en el otro extremo, porque supone que el problema no es tan grave y bien podrían resolverlo las policías municipales y estatales. Es difícil imaginar que México pueda, en las décadas venideras, enfrentar otra guerra peor que los narcotraficantes. La solución estratégica es la reconstrucción, reforma y fortalecimiento de las policías, pero mientras eso avanza es indispensable usar al ejército.
En toda Latinoamérica los ejércitos pueden ser indispensables para responder al tipo de amenaza que plantea el crimen organizado, y los derechos humanos en la actualidad por encima de requerimientos éticos, se han vuelto parte fundamental de la eficacia operacional tanto para policías como para militares. Las guerras modernas están sometidas, inevitablemente, a una severa fiscalización mediática, política y judicial. El Estado sólo puede preservar la legitimidad en el uso de la fuerza si es capaz de usar el poder coercitivo en esas condiciones. Es decir que esto es ahora una condición universal permanente para emplear la fuerza y no debe ser un obstáculo para no emplearla. Para recuperar seguridad Colombia multiplicó la fuerza de su ejército. Por contraste, Guatemala está cayendo en manos del crimen organizado porque no puede reconstruir al suyo.
12. “Lo más efectivo y rápido para combatir al crimen es la justicia por cuenta propia”
Entre los cárteles no hay reglas y sus diferencias son resueltas mediante la “muerte ejemplar”. El Estado, por su parte, busca procurar justicia, no asesinar, y debe conservar la ventaja moral y social frente a los delincuentes. El inicio de una violencia paramilitar, basada en el mismo principio de la “muerte ejemplar”, convierte al Estado en otro actor violento y sin reglas que terminaría siendo identificado como tal por el crimen organizado, con lo cual se aceleraría, se agravaría y se multiplicaría la violencia. La idea de que asesinar delincuentes representa una vía más rápida para recuperar seguridad es falsa. El crimen organizado constituye un cuerpo social numeroso; no son individuos, sino grupos con cierto apoyo. Una confrontación letal puede terminar dividiendo más a las comunidades, con lo cual la duración del problema se alargaría en vez de acortarse.
Por otro lado, una confrontación de este tipo puede redireccionar gran parte de la acción violenta de los narcotraficantes hacia instituciones, funcionarios públicos y sus familias, con lo cual la violencia del crimen organizado dejaría de ser fundamentalmente autodestructiva. La tarea del Estado es restablecer la autoridad y asegurarse el monopolio de la violencia. La organización de grupos paramilitares constituye una delegación de autoridad a grupos privados que debilita la autoridad del Estado. La experiencia internacional demuestra que el paramilitarismo es un grave error. Los casos de Colombia y Guatemala son muy claros, en el primero se agravó el conflicto y en el segundo el Estado ha sido casi derrotado.
Joaquín Villalobos. Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales.
Insertado desde http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=72941
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