Repudiamos el asesinato de la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
17 de diciembre de 2010
Boletín de prensa No.26

Repudiamos el asesinato de la defensora de derechos humanos Marisela Escobedo
Exigimos que el gobierno mexicano garantice la vida, la seguridad e integridad personal a las defensoras y defensores de derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.: condena enérgicamente el asesinato de Marisela Escobedo Ruíz (en adelante Marisela), defensora de derechos humanos, en el hecho ocurrido el 16 de diciembre del 2010 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; se une a la exigencia de justicia, para que se realice una investigación exhaustiva, eficaz e imparcial, castigando a las autoridades responsables por acción y/u omisión en estos actos.
Marisela fue asesinada en las puertas del palacio de gobierno del estado de Chihuahua, durante una manifestación pacífica que estaba realizando para pedir justicia por el asesinato de su hija y de otras mujeres víctimas de feminicidio.
Según información con la que cuenta este Centro de Derechos Humanos, días antes Marisela se había presentado a un acto del gobernador de Chihuahua, César Duarte, con una pancarta que decía "justicia, privilegio de gobiernos". Marisela, pedía justicia por la muerte de su hija, la cual fue asesinada por Sergio Rafael Barraza, quien a pesar de confesar su delito, fue absuelto por un Tribunal de Juicio Oral. Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, logró que un tribunal de apelación revocara la sentencia y que el asesino fuera condenado a 50 años de prisión, sin embargo Sergio Rafael tuvo el tiempo suficiente para escapar. Marisela logró ubicar al asesino de su hija, dando parte a las autoridades de Chihuahua, pero la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua alegó que, por trámites burocráticos, no pudo detenerlo.
El asesinato de Marisela es una responsabilidad del Estado mexicano por no cumplir con sus obligaciones de garantizar el derecho a la vida, no brindar la protección adecuada y no generar las condiciones para erradicar las agresiones por parte de agentes estatales o de particulares en contra de las defensoras y los defensores de derechos humanos.
Por lo arriba mencionado, solicitamos a la Sociedad Civil nacional e internacional manifestar, a través de acciones públicas al gobierno de México, su repudio por estos hechos y mantenerse atenta a cualquier otra agresión dirigida a defensoras y defensores de derechos humanos en México.

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