Calderón tiene derecho a defenderse: De la Sota

La Redacción
28 de noviembre de 2011

La portavoz del gobierno federal, Alejandra Sota Mirafuentes.
Foto: Eduardo Miranda

MÉXICO, D.F. (apro).- La vocera presidencial, Alejandra de la Sota, justificó hoy la decisión del gobierno de Felipe Calderón de emprender una acción legal en contra de los activistas que lo acusaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) de posibles delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el marco de la lucha contra el narcotráfico.

Afirmó que el presidente Felipe Calderón y sus funcionarios de seguridad ya evalúan cómo defender sus derechos y reputación luego de que un grupo de activistas representados por el jurista Netzaí Sandoval pidieran a la Fiscalía de la CPI que investigue al mandatario por la presunta comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad.
El gobierno, dijo de la Sota en entrevista radiofónica, evalúa la manera en que el presidente puede hacer valer sus derechos ante las acusaciones que, dijo, son “calumniosas”.
“Si a una persona como el presidente de la República le dicen asesino (tiene) todo el derecho de defenderse y en todo caso hacer las demandas correspondientes a quien haya hecho esta acusación”, afirmó la vocera de Calderón.

El pasado viernes 25, a nombre de 23 mil ciudadanos mexicanos — activistas, académicos, periodistas y expertos en seguridad– Netzaí Sandoval presentó ante la CPI una petición para investigar al presidente por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad.
El abogado mexicano entregó un expediente que consta de 700 páginas en papel y muchas más en formato digital, en las que se documentan 470 casos de presuntos abusos y violaciones al derecho internacional humanitario cometidos durante este sexenio, en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
En la denuncia también se incluye a los secretarios de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el de Marina; Francisco Saynez Méndez, así como el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros personajes públicos cuyos nombres no fueron revelados.
Tras el comunicado emitido el domingo pasado por la Presidencia, en el que señala que explora acciones legales para defenderse de las acusaciones, Sandoval afirmó que con ello el gobierno da a entender que iniciará una persecución contra los firmantes de la denuncia. “Particularmente nos está amenazando”, afirmó el abogado.

Por su parte, el Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR Juan de Dios Castro Lozano, afirmó que la denuncia interpuesta en La Haya contra el presidente Felipe Calderón “es infundada” porque los promoventes no agotaron antes, todos los recursos que establece el Derecho mexicano.
Además, dijo, quienes objetan la estrategia federal contra el crimen organizado tampoco han dado hasta ahora una alternativa a la misma.
“De antemano le digo que (la denuncia contra Calderón) es infundada”, sostuvo el subprocurador, quien asistió al arranque de la Jornada Estatal por los Derechos Humanos, la Prevención del Delito y el Acceso Efectivo a la Justicia, en Aguascalientes, evento al que acompañó al gobernador Carlos Lozano de la Torre.
Castro Lozano señaló que cualquier organización o persona tiene derecho a denunciar la violación de cualquier tratado internacional signado por México si estima que éste lo ha violado, pero añadió que “una cosa es presentar una denuncia y otra cosa que la denuncia esté fundada”.
En su opinión “nunca como ahora” el gobierno federal ha hecho un esfuerzo por la defensa de los derechos humanos.

Además, dijo que hay otras alternativas jurídicas para inconformarse por el combate al narcotráfico como el juicio de amparo y la controversia constitucional si se recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Justificó también la actual estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado, cuestionó a quienes la critican y les planteó, de forma sarcástica, algunas alternativas para combatir al narcotráfico.
Se podría, dijo, “pactar con el crimen organizado, llegar a un arreglo para que se siga violando la ley, seguir envenenando a los jóvenes, entre otras. Yo les pregunto, ¿cuál proponen?”, inquirió.

Por separado, Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y uno de los abogados que asesorará legalmente al presidente y los secretarios que fueron demandados ante La Haya indicó que las alternativas jurídicas del gobierno de Calderón para defenderse no implican la vía penal.
“Se podría proceder en el ámbito civil y sería a decisión de cada uno de los funcionarios demandados ante la CPI, pero sería ridículo que algún miembro del gabinete de Calderón le fuera a pedir dinero a estos muchachos acusadores”, dijo Laveaga en entrevista.

Abogados especialistas en derecho internacional, como John Ackerman y Martín Rubio de la UNAM y José Patiño de la UAM, señalaron por su parte que, si se demuestra que ha habido un ataque sistemático de policías, militares y miembros del crimen organizado contra la población civil, en el marco de la lucha anticrimen, sí habría elementos para iniciar la indagatoria internacional.

Sobre el mismo tema, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, indicó que ninguna denuncia que involucre a un gobernante debe desestimarse.
Dijo desconocer a detalle los fundamentos que tiene la acusación pero afirmó que, como autoridad, Calderón está obligado a responder.
“Yo entiendo que puede ser molesto pero cuando se presenta alguna denuncia, en el caso de cualquier gobernante, pues tenemos que responderla”, sostuvo en entrevista.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia fue más allá al calificar como “desafortunadas y lamentables” las declaraciones del presidente contra quienes acudieron ante la CPI a denunciar presuntos atropellos relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada.
Durante una conferencia celebrada en la Escuela Normal de Veracruz, el ombudsman del DF afirmó que los demandantes sólo están ejerciendo sus derechos, sin intenciones políticas tendientes a demeritar la imagen del presidente.
Acudir a este tipo de organismos, como la CPI, es una práctica de las democracias modernas, afirmó.

(Con información de Verónica Espinosa y Regina Martínez).