México, D.F., a 21 de junio de 2012
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
NINGUNO DE LOS CANDIDATOS NI LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ESTÁN COMPROMETIDOS CON LA VERDAD, LA JUSTICIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD EN EL PAÍS
• La impunidad histórica sigue estando presente en el Estado mexicano
• Tras doce años de alternancia de partidos en el país, no ha existido una verdadera justicia para las víctimas
• La sociedad civil organizada seguirá exigiendo verdad y justicia, reformas jurídicas nacionales y aplicación de legislación internacional en materia de DH así como reparación integral independientemente del candidato o candidata que llegue a la Presidencia de la República
Las organizaciones y colectivos que suscribimos esta carta hemos documentado a lo largo de las últimas cuatro décadas los delitos cometidos por servidores públicos, emanados de una estrategia de terrorismo de Estado en contra de las personas que disienten de los regímenes autoritarios y antidemocráticos.
Las desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, allanamientos, encarcelamientos injustos en condiciones degradantes, procesos judiciales amañados y otros tipos de hostigamientos por parte del Estado han sido señalados y demostrados a lo largo de la historia. Inclusive, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), después de una pequeña e ineficiente hecha investigación, emitió la recomendación 26/2001 en la cual tuvo por acreditados un número mínimo de casos dentro de este contexto de “guerra de baja intensidad” o también mal llamada como “Guerra Sucia”. De 532 expedientes, acredita 275 casos de desaparición forzada, cuando las organizaciones reportan más de 1,200 casos de personas desaparecidos por el Ejército mexicano, grupos paramilitares y cuerpos policiacos.
Al llegar Vicente Fox Quezada a la Presidencia de México, tras más de siete décadas de régimen priista, éste no cumplió con realizar los pasos tendentes a la investigación de la verdad y el acceso a la justicia en el país. Pese a haber prometido durante su campaña que se instaurarían mecanismos para conocer la verdad, otorgar sanciones a los responsables y reparar los daños a las víctimas y familiares afectados, el propio Fox desconfió de los alcances de la “Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado” (FEMOSPP).
En efecto, los magros esfuerzos realizados por dicha FEMOSPP han terminado por caer, cerrarse y desaparecer junto con sus averiguaciones previas. Según información solicitada vía IFAI por el Centro Prodh, de 570 denuncias recibidas por esta Fiscalía no se ha obtenido ninguna sentencia condenatoria, no han existido consignaciones de responsables que hayan derivado en proceso penal, se han archivado alrededor de 150 averiguaciones previas y el resto se mantienen empolvadas en cajas dentro de la Coordinación General de Investigación (CGI), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante el sexenio que está por concluir, nunca hubo una estrategia o siquiera algún pronunciamiento concreto para continuar con las investigaciones. La impunidad sigue siendo parte de la historia y de nuestro presente. No es posible, entonces, concebir que México pretenda ser llamado un país democrático cuando en la vía de los hechos esto no ha sido traducido en una real transformación hacia la verdad, justicia y reparación integral.
Como familiares, organizaciones y colectivos, nos es igualmente preocupante que en ninguna de las propuestas de campaña presentadas por los candidatos o la candidata a la Presidencia de la República mexicana se contemple el tema de la verdad y la justicia en casos del “pasado” y del presente, así como el del combate a la impunidad histórica y cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia, a pesar de haber sentencias internacionales contra el Estado mexicano.
Es por esta razón que hacemos un fuerte llamamiento a los candidatos y la candidata al puesto del Ejecutivo federal a fin de que se comprometan con la investigación de los delitos cometidos por parte de órganos de seguridad pública y política del Estado mexicano en la época denominada como “Guerra Sucia” y, que éstas averiguaciones deriven en sanciones a los responsables, reconocimiento a la verdad y reparación a las víctimas y sus familiares.
Es importante su compromiso en la promoción ante el Poder Legislativo de las iniciativas de ley en materia de derechos humanos de acuerdo a los últimos estándares dictados por el derecho internacional; entre ellas las que se refieren a la desaparición forzada de personas y al acotamiento del fuero militar.
Las organizaciones de familiares, así como demás colectivos y organizaciones que trabajan el tema, seguiremos exigiendo justicia. En la medida en que se evite postergar la justicia con la impunidad de estos casos se podrán evitar nuevos abusos cometidos por las fuerzas públicas y de seguridad del Estado mexicano, o bien por grupos o individuos que actúen bajo la aquiescencia de éste.
Cualquiera de los candidatos o candidata que llegue a la Presidencia de México deberá comprometerse con la verdad, la justicia y la memoria histórica del pueblo mexicano, otorgar los mecanismos adecuados para un auténtico acceso a la justicia y facilitar los mecanismos de reparación para las víctimas y sus familiares, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Atentamente,
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fran Juan de Larios
Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Fundación Diego Lucero
Nacidos en la Tempestad
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos para Todas y Todos (REDTDT)
Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa
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