miércoles, 28 de septiembre de 2011

En BC seguirá penalizado el aborto

En BC seguirá penalizado el aborto
Política • 28 Septiembre 2011 - 2:02pm — Javier Vega
Luego de tres días de discusión, la votación final no logró la mayoría necesaria para declarar la invalidez del artículo séptimo de la constitución local.

Ciudad de México • El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó el proyecto del ministro Fernando Franco que argumentaba la inconstitucionalidad de la reforma legal en Baja California que protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Luego de tres días de discusión, la votación final no logró la mayoría necesaria para declarar la invalidez del artículo séptimo de la constitución local. A favor del proyecto discutido se manifestaron los ministros Luis María Aguilar, Olga Sánchez, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Fernando Franco, Arturo Zaldívar y el presidente de la Corte, Juan Silva Meza.

En contra del proyecto, a favor de la vigencia de la legislación local, se pronunciaron los ministros: Sergio Aguirre Anguiano, Margarita Luna, Guillermo Ortiz y Jorge Pardo. Este último descartó la posibilidad de conseguir los ocho votos necesarios con su ponencia al inicio de la sesión.

El ministro Pardo precisó que el tema central del debate no es la despenalización del aborto, sino la constitucionalidad de una norma estatal. En ese sentido, consideró que el derecho a la vida reconocido por la constitución de Baja California es armónico con el artículo primero constitucional.

“Yo podría llegar a la conclusión de que en nuestra Constitución y desde luego, en congruencia con los tratados internacionales que México ha firmado, a los que he hecho referencia, sí hay un derecho establecido para el concebido no nacido”, señaló Pardo.

Quienes se manifestaron en contra de la inconstitucionalidad argumentaron también la “libertad de configuración” de las entidades federativas. Los que apoyaron el proyecto del ministro Franco sostuvieron que la legislación local no puede precisar derechos que desplacen principios establecidos en la Constitución.

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