José Francisco García Quintana, padre del niño Andrés Alonso, quien murió en la guardería ABC, explica el contenido del documento que le entregó al presidente Felipe Calderón durante su visita a Hermosillo.Hermosillo, Son., 20 de julio. Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso, uno de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC hace un año, miró a los ojos al presidente Felipe Calderón y espetó: Yo voté por usted, porque pensé que el peligro estaba en otro lugar, y ya ve.
Aunque los padres de familia exigieron que en la primera visita del mandatario, 13 meses después de la tragedia, la reunión fuera pública, Calderón decidió hacer dos a puerta cerrada. Después de entregar celulares y pasar por cercos del Estado Mayor Presidencial, 130 padres y madres de víctimas mortales y sobrevivientes pudieron ingresar al lugar, pero algunos dijeron haberse sentido ignorados y prefirieron dejar el recinto donde se realizó el encuentro de más de dos horas.
El Presidente prácticamente me ignoró; yo le hablé directamente y le pedí el cese de funcionarios como Daniel Karam (director del Instituto Mexicano del Seguro Social) y Juan Molinar Horcasitas, pero no me respondió nada, él sólo venía a ofrecernos dinero, dinero y dinero, fideicomisos, becas, pensiones vitalicias para las mamás, pero de justicia nada, expuso Duarte en referencia al decreto publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, que garantiza apoyo a los deudos y a las víctimas.
Qué es la justicia
Yo le exigí que me dijera qué era justicia para él; no me contestó. Pero sí le dije que para mí justicia era que la persona que estaba sentada a su izquierda, Daniel Karam (director del IMSS), fuera destituida; para mí justicia es que a Juan Molinar Horcasitas (secretario de Comunicaciones y Transportes) lo destituya de su puesto y se le procese penalmente, al igual que al ex gobernador Eduardo Bours; para mí justicia es que Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de su esposa, vaya a la cárcel; que Antonio Salido, Gildardo Urquídez y Sandra Téllez (socios propietarios de la guardería) vayan a la cárcel, narró a reporteros al salir a la mitad del encuentro efectuado en un centro de convenciones en la zona hotelera de la ciudad.
La también vocera del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio detalló la frase que le dijo a Calderón, poco antes de que éste pidiera que dejara hablar a otras madres de las víctimas, según contó, quienes a diferencia de los integrantes del movimiento ciudadano le agradecieron la visita y las atenciones.
Le dije, mira, yo voté por ti, discutí con mi familia y con muchos amigos porque de verdad pensé que el peligro estaba en otro lado; voté por ti y me fallaste, y no voté por ti porque me hayas dicho que serías el presidente del empleo o porque fueras a quitar la tenencia vehicular, voté por ti porque pensé que eras una buena persona y mira lo que pasó, narró.
José Francisco García Quintana, padre de otro de los menores fallecidos, señaló que directamente le dijeron al Presidente que no porque su esposa Margarita Zavala –sentada al lado del mandatario– fuera prima de una de las propietarias de la guardería infantil (Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo), él debe permitir que se proteja a ella o cualquier otro de los socios de la estancia siniestrada: en ese momento la esposa del Presidente nada más agachó la cabeza y volteó para otro lado, mientras él no respondió nada, señaló.
Más tarde los integrantes del movimiento ciudadano entregaron un comunicado, en donde señalaron que la presencia del jefe del Ejecutivo fue tardía, y que igualmente resulta insuficiente e impreciso el decreto en donde se promete atención de por vida a las víctimas que sobrevivieron al incendio en la estancia infantil subrogada por el IMSS e incluso el subsidio del servicio eléctrico.
Desde la ciudad de México, Abraham Fraijo, padre de Emilia, quien falleció ese 5 de junio, acusó al Presidente de tratar de comprar el silencio de los padres, y criticó que Calderón no cumplió con la exigencia de que la charla fuera pública.
De hecho, reporteros de la fuente presidencial fueron conducidos a un hotel ubicado a kilómetros de distancia para evitar que tuvieran contacto con los padres.
Lo del decreto es una cortina de humo, está cumpliendo no con las exigencias, sino con los deberes que tuvo que cumplir hace un año. Queremos justicia, expresó Fraijo, quien decidió no asistir para concentrarse en la preparación del juicio ciudadano que los padres harán contra los funcionarios el 5 de septiembre.
Un tembloroso Blake
La única referencia en público que Calderón hizo del incendio fue breve, cuando prometió que los niños sobrevivientes tendrán todo su apoyo y el de su gobierno, aunque no visitó a los menores.
Doce días después de lo programado, el Presidente viajó a Sonora para poner en marcha el servicio de urgencias del Hospital General de zona 2 del IMSS y anunciar que se construirá otro nosocomio que contará con una unidad para personas accidentadas, en especial con quemaduras.
Para dar la versión oficial, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, tuvo que hablar de última hora ante la prensa, y auxiliado de unas tarjetas que sostenía con las manos temblorosas, prácticamente repitió los detalles del decreto.
Cuando se le preguntó cómo había reaccionado el Presidente ante la exigencia de Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso, de que renunciaran Molinar Horcasitas y Karam, evadió referirse al tema.
Sólo explicó que Calderón está consciente del dolor que ha ocasionado esta situación en cada uno de los familiares afectados y que respetará la determinación de los tribunales y de los juzgados.
Reiteró lo conocido desde hace un año en cuanto a que hay cuatro averiguaciones consignadas por homicidio y lesiones y 26 presuntos responsables: 17 detenidos, ocho prófugos y un fallecido.
Sobre el planteamiento de su antecesor Fernando Gómez Mont, quien en una visita anterior sostuvo que el incendio en la guardería pudo haber sido provocado –según el peritaje del estadounidense David Smith–, Blake Mora dijo que prefería no aventurar una definición que sólo corresponde a las autoridades jurisdiccionales determinarlo.
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