Fecha: 7 de octubre de 2011 20:03
Comunicado
Asesinan a delegado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en Michoacán
El comunero Pedro Leyva Domínguez era delegado de la comunidad indígena del pueblo nahua de Santa María Ostula ante el MPJD y había participado en diversas reuniones del movimiento.
El 27 de septiembre el líder indígena estuvo presente en una reunión con el Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la revisión de las medidas cautelares se han dictado por la desaparición de otros 3 comuneros en el 2010.
Hacemos del conocimiento público y manifestamos nuestra preocupación e indignación por el asesinato el día de ayer 6 de octubre del 2011 del comunero Pedro Leyva Domínguez, de la comunidad nahua de Santa María de Ostula en la Costa de Michoacán. Leyva Domínguez fue asesinado alrededor de las 21:00 horas por un grupo armado en las inmediaciones del territorio recuperado de Xayakalan, lo que representa una fuerte agresión a la lucha por el territorio y autonomía de la comunidad indígena y una muestra de la impunidad con que actúan estos grupos al margen de la ley.
Pedro se había caracterizado por su constancia y activismo comunal en la lucha por el territorio que les fue titulado en su resolución presidencial y antes en sus títulos virreinales.
Como delegado por la comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, asistió a varias reuniones como parte de la negociación con el gobierno federal a fin de que se diera solución definitiva al conflicto territorial que mantiene la comunidad desde hace mas de 40 años, para dar certeza jurídica y promover una conciliación económica a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de la Reforma Agraria (S.R.A.).
En el mes de septiembre de 2010, se realizó una reunión para implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Ciudad de México entre representantes de la comunidad de Ostula, su representante legal, y las organizaciones de derechos humanos peticionarias y los representantes del gobierno federal y estatal de Michoacán, donde uno de los puntos fue la seguridad de las autoridades comunitarias, debido al temor y riesgo fundado que corren, así como la concurrencia de asesinatos y desapariciones forzadas.
Es de resaltar que en el marco de la reciente visita del Relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, el pasado 27 de septiembre representantes de la comunidad de Ostula, la Asociación Jaliscience de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y representantes del gobierno federal y estatal se reunieron con el Relator para proporcionar información actualizada de la situación y del avance en la implementación de las medidas cautelares de la CIDH donde AJAGI, la ANAD y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" son peticionarias, alegando que el riesgo y la amenaza de violencia se ha cernido sobre toda la comunidad indígena sufriendo los embates de la delincuencia organizada en una ola de violencia en la que suman ya 26 muertos y 4 desaparecidos desde junio del 2009, sumando con Pedro 27 los comuneros asesinados.
Santa María Ostula se encuentra asediada por grupos armados desde el 29 de junio de 2009 tras la recuperación de alrededor de 1,300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita Michoacán. Ante los ataques a manos de grupos armados, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal reivindicando su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
Ante esta violencia extrema, la comunidad ha decidido impedir la instalación de las casillas para el próximo periodo electoral estatal del mes de noviembre.
Es urgente que las autoridades federales y estatales den cabal cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la presentación con vida de los desaparecidos y ampliadas a la solución del conflicto agrario.
Asimismo, exigimos a las autoridades de todos los niveles de gobierno que intervengan inmediatamente y de manera efectiva para el cese de esta violencia, para la investigación de todos los hechos delictivos y para garantizar la seguridad e integridad de todas y todos los integrantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula.
Asociación jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI)
Asociación nacional de Abogados democráticos (ANAD)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"
Pedro se había caracterizado por su constancia y activismo comunal en la lucha por el territorio que les fue titulado en su resolución presidencial y antes en sus títulos virreinales.
Como delegado por la comunidad ante el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, asistió a varias reuniones como parte de la negociación con el gobierno federal a fin de que se diera solución definitiva al conflicto territorial que mantiene la comunidad desde hace mas de 40 años, para dar certeza jurídica y promover una conciliación económica a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales del Medio Rural (COSOMER) de la Secretaría de la Reforma Agraria (S.R.A.).
En el mes de septiembre de 2010, se realizó una reunión para implementación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Ciudad de México entre representantes de la comunidad de Ostula, su representante legal, y las organizaciones de derechos humanos peticionarias y los representantes del gobierno federal y estatal de Michoacán, donde uno de los puntos fue la seguridad de las autoridades comunitarias, debido al temor y riesgo fundado que corren, así como la concurrencia de asesinatos y desapariciones forzadas.
Es de resaltar que en el marco de la reciente visita del Relator para México de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, el pasado 27 de septiembre representantes de la comunidad de Ostula, la Asociación Jaliscience de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y representantes del gobierno federal y estatal se reunieron con el Relator para proporcionar información actualizada de la situación y del avance en la implementación de las medidas cautelares de la CIDH donde AJAGI, la ANAD y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" son peticionarias, alegando que el riesgo y la amenaza de violencia se ha cernido sobre toda la comunidad indígena sufriendo los embates de la delincuencia organizada en una ola de violencia en la que suman ya 26 muertos y 4 desaparecidos desde junio del 2009, sumando con Pedro 27 los comuneros asesinados.
Santa María Ostula se encuentra asediada por grupos armados desde el 29 de junio de 2009 tras la recuperación de alrededor de 1,300 hectáreas de tierras que les habían sido arrebatadas por supuestos pequeños propietarios de La Placita Michoacán. Ante los ataques a manos de grupos armados, la comunidad reorganizó su policía comunitaria tradicional y nombró una guardia comunal reivindicando su derecho legal a ejercer sus propias formas de justicia y autodefensa.
Ante esta violencia extrema, la comunidad ha decidido impedir la instalación de las casillas para el próximo periodo electoral estatal del mes de noviembre.
Es urgente que las autoridades federales y estatales den cabal cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, referente a la presentación con vida de los desaparecidos y ampliadas a la solución del conflicto agrario.
Asimismo, exigimos a las autoridades de todos los niveles de gobierno que intervengan inmediatamente y de manera efectiva para el cese de esta violencia, para la investigación de todos los hechos delictivos y para garantizar la seguridad e integridad de todas y todos los integrantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula.
Asociación jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI)
Asociación nacional de Abogados democráticos (ANAD)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
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